El pasado domingo 16 de septiembre, y como no podía ser de otro modo, el presidente “falconetti”, Pedro Sánchez Castejón concedió un reportaje a Ana Pastor, periodista “estrella” de La Sexta, confirmando su ineptitud, su absoluta falta de conocimiento de la realidad, su ideologismo guerra civilista y su incapacidad para ocupar el cargo que ha ocupado sin legitimidad de origen, aunque dentro del marco de la legalidad constitucional.
Pedro I de Ferraz, ha desperdiciado 100 días (¿de gobierno?) con anuncios ideologizados, designaciones a dedo para favorecer a integrantes de la Ejecutiva de su partido, anuncios generalizados de impuestos, entrega de los medios de comunicación a la extrema izquierda e imprecisiones de todo tipo: exhibiendo como único logro: la publicación de un decreto ley para exhumar el cadáver de Francisco Franco Bahamonde, fallecido el 25 de noviembre de 1975, a quien, a 43 años de su deceso, Falconetti intenta “humillar”.
Pero, tal como ha señalado el abogado Luis Felipe Utrera Molina, en su escrito titulado “La inviolabilidad del Valle de los Caídos”, la Basílica es un lugar de culto inviolable conforme al artículo 1.5 del Acuerdo celebrado entre España y la Santa Sede en 1979, al tener dicha norma rango de tratado internacional, no pudiendo ser modificada por leyes internas, como el decreto ley impulsado por Sánchez.
Además, y siguiendo al autor, conforme el canon 1160 del Código de Derecho Canónico de 1917, los lugares sagrados están exentos de jurisdicción civil, siendo tales los destinados al culto o a la sepultura de los fieles mediante la dedicación o bendición prescrita por los libros litúrgicos. Es decir, solo corresponde a la autoridad eclesiástica, ejercer en forma libre los poderes y funciones en dichos lugares sagrados, sin que dicha inmunidad sea violentada por el poder político. En el caso de marras, la autoridad sobre la Basílica del Valle de los Caídos corresponde a la autoridad eclesiástica superior. Por tanto, como ha citado el autor, “en último caso, la potestad sobre la exhumación podría ser avocada por el Papa, de conformidad con el canon 332 § 1 del Código de Derecho Canónico vigente.”
Téngase en cuenta que Sánchez, el pseudo demócrata sostenido por los cata-nazis que consideran “bestias con forma humana” a los que se expresan en español, ha empleado un “instrumento jurídico” para imponer un revanchismo político trasnochado, contra la voluntad de los familiares del fallecido, nombrado Caballero de la Orden Suprema de Cristo.
Sobre ese punto hubiera sido aconsejable que Sánchez leyese el relato “LaB die Toten” (“Deja a los muertos en paz”), de Ernst Raupach, donde un personaje llamado Walter, noble de Burgundia, se lamentaba junto a la tumba de Brunilda, su amante de juventud y primera esposa. A medianoche se encuentra con un hechicero que recoge hierbas para sus sortilegios, quien le plantea la posibilidad de devolverle a su amada, aunque le advierte es que “mejor dejar a los muertos en paz”.
Lo cierto es que Sánchez quiere imponer una visión ideologizada de la realidad, cambiando los hechos históricos a su antojo, para conformar un relato propio conteste con sus radicales ideas.
Su decreto ley, sin efectos jurídicos a la luz del derecho internacional, constituye un acto condenable que sólo puede explicarse en el marco de la nefasta Ley de Memoria Histórica aprobada en tiempos de Zapatero (año 2007) y que mantuvo el Partido Popular durante dos legislaturas. El decreto ley del ejecutivo español constituye una muestra de revanchismo sectario, reflejando un completo desconocimiento de la historia española y de la legalidad vigente, además de vulnerar el mensaje conciliador reflejado en la Basílica del Valle de los Caídos.
En el Valle de los Caídos, según el propio censo del Ministerio de Justicia, yacen los restos de 33.833 personas (12.410 sin identificar), tanto del llamado bando “republicano”, como del denominado “bando nacional”. Todos los difuntos que allí reposan fueron llevados al Valle entre 1959 y 1983, en 491 traslados desde fosas y cementerios de todas las provincias españolas, con excepción de La Coruña, Orense, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas; exigiéndose el “consentimiento firmado” por los familiares del difunto cuyos restos fueron identificados, antes de proceder a su traslado, en un ejemplo de respeto a miles de personas que dieron su vida por su patria, con independencia del “bando” en el que hubiesen estado. (circulares del Ministerio de Gobernación de 1958 y de 1959)
Si Sánchez quisiera hacer honor a la verdad histórica, se olvidaría del General Francisco Franco Bahamonde o del General Moscardó, y pediría perdón (aunque ello fuere solo simbólico) por los crímenes cometidos por miembros del Partido Socialista Obrero Español a lo largo de la historia, por los fusilamientos de niños monaguillos o por la violación de monjas indefensas, o recordaría al pistolero fundador de su partido, Pablo Iglesias, quien, en su primera intervención en las Cortes, amenazó de muerte al Presidente de gobierno.
Pero Sánchez, no respeta a los muertos, y mucho menos a los vivos.
El presidente no tiene humildad ni pudor en el uso de los “bienes públicos”, que son de todos los ciudadanos. Siguiendo el ejemplo de Rodríguez Zapatero, Sánchez no ha desperdiciado la ocasión para montarse en el “Falcón 900” presidencial. Así lo hizo el pasado viernes 20 de julio para ir a ver el recital de “The Killers”,en Benicassim, y para ir a la base de Rota, cerca de Doñana, para disfrutar de sus vacaciones. Esos viajes, lejos de constituir un episodio anecdótico, reflejan la doble moral del personaje que, por una parte, impulsa un nuevo impuesto al combustible diésel (al que acusa de causar 30 mil muertes anuales por su efecto contaminador) y que, por otra parte, envía a su familia en coche a Benicassim (con escoltas y acompañantes) mientras él viajaba en avión.
“Falconetti Sánchez” olvida que el diésel es el combustible empleado mayoritariamente por millones de ciudadanos de clase baja y media, castigados por la crisis de Zapatero y por la desidia de Rajoy, ciudadanos a los que, hasta no hace mucho tiempo, se les recomendaba “emplear gasóleo” para contaminar menos.
La ignorancia del presidente en materia energética es indescriptible. Y el aumento anunciado del diésel es tan sólo un ejemplo más, al que siguen sus proyectos de desmantelar la producción de energía nuclear o dilapidar millones de euros en energías “verdes” que, por sí solas, nunca alcanzarían para abastecer a la economía española.
Pese a que Hugo Morán, secretario socialista de Transición Ecológica de la Economía, ha expresado que "proponemos un acuerdo por el agua, clima y energía. El agua es un bien público de extraordinario valor ambiental, económico, social y emocional, e imprescindible factor de vertebración territorial”, no ha adoptado ni una sola medida que dé solución a la falta de agua en Murcia o Alicante y, lógicamente, no piensa rescatar el Plan Hidrológico Nacional, a efectos de no “molestar” a los racistas, totalitarios y egoístas separatistas catalanes.
Sánchez no conoce a los ciudadanos que madrugan cada día para trabajar y poder mantener a sus familias, ni conoce las penurias económicas de millones de ellos para llegar a fin de mes, ni ha adoptado medida alguna para favorecer a las familias o fomentar la natalidad, ni un solo plan que alivie la carga fiscal que soportan los autónomos y que pesa sobre ellos como una loza a la hora de crear empleo.
A Sánchez no le interesa la cotidianeidad del ciudadano medio, ni el porcentaje de la renta destinado a pagar impuestos, ni que España se haya transformado en un infierno fiscal o que exista una creciente desigualdad sanitaria o educativa entre los habitantes. Tampoco habla de los efectos económicos que tendrá el incremento de los impuestos sobre la producción y el consumo, y lógicamente sobre el ahorro y la inversión; pues, a Sánchez - y a sus aliados - sólo le interesa el estado como “botín” a repartir entre sus amigos, como fuente ¨¿inagotable? de nuevos “funcionarios públicos” y cómo mecanismo de recaudación para enriquecer a golpistas, ONGs que lucran con la inmigración ilegal y a mafias que trafican personas desde África y Asia hacia España.
Sánchez desconoce eso y mucho más, pues ignora lo que significa trabajar en un mercado sometido a un infierno fiscal y donde existen desigualdades sociales promovidas por el poder político.
En este contexto, los ciudadanos se encuentran ante un negro panorama, y todo ello a tenor de algunas de las medidas impulsadas por su gobierno:
En definitiva, Pedro Sánchez se presentó como entrevistado de lujo en “La Sexta, convirtiéndose en víctima de su propia incapacidad. Y ello no sorprende en el caso de un “doctor en Economía”, evaluado por colegas, quien, a tenor de lo publicado por OK Diario, se habría “doctorado” con un trabajo mediocre que, en una gran medida, habría sido realizado por Carlos Ocaña, jefe de Gabinete del Ministerio de Industria liderado por entonces por Miguel Sebastián.
El genuflexo Sánchez mostró su debilidad parlamentaria, recordando a la periodista amiga que poco más puede exigirse a un presidente que sólo tiene 84 diputados, afirmando que: “en el momento en que prime el conflicto, la discrepancia y no el acuerdo con Unidos Podemos, los independentistas y el PNV tendremos que convocar elecciones". Lo cual implica – dicho por el protagonista – el completo sometimiento de Sánchez a sus aliados partidarios de las dictaduras de Irán y Venezuela, a los golpistas catalanes, a los pancatalanistas valencianos, y a políticos complacientes con el entorno abertxale.
En otra de sus intervenciones manifestó: “Yo soy presidente del Gobierno y haré lo que quiera en la Cámara”, respondiendo a Ciudadanos y al PP, que han pedido su comparecencia para que se explique respecto a la tesis de su “doctorado”.
Ante la periodista Ana Pastor (programa “El Objetivo”, de la Sexta) expresó no sentirse “responsable político” de lo sucedido con los ex ministros Montón y Huerta. Y frente a una repregunta relacionada con Arabia Saudí, manifestó: “Yo soy presidente del Gobierno y hay cuestiones que no puedo trasladarle a usted”, omitiendo un principio elemental de la democracia: Sánchez es Presidente de Gobierno y, dada su condición de Jefe de Gobierno, está obligado a rendir cuenta de sus actos, a comparecer en el Congreso de los Diputados y a dar todas las explicaciones que requiera el pueblo soberano, que es quien paga su salario y el de todo su gobierno.
Como hemos visto, Pedro Sánchez, al igual que el monstruo del Profesor Sanchezstein, ha de complacer deseos ajenos.
En ese programa de televisión española, emitido entre 1977 y 1978, el profesor Sanchezstein tenía un monstruo que no hablaba y que recibía órdenes de los niños concursantes, quienes acompañaban esas órdenes con las palabras “Luis Ricardo, cantidubi dubi dubi cantidubi dubi da… ¡ya!”. Entonces el simpático personaje daba media vuelta a la derecha, dos pasos al frente, se agachaba y saltaba; y, si los niños se equivocaban al pronunciar el trabalenguas, se volvía loco y comenzaba a hacer lo que le daba la gana.
Sánchez, el profesor, encabeza un gobierno prisionero de muchos “monstruos” y habla constantemente diciendo lo que le da la gana, siempre que ello sea conteste con los postulados de aquellos monstruos: golpistas catalanes, secesionistas vascos, políticos pro etarras o podemitas
España tiene ante sí un negro futuro, y un oscuro presente, porque nuestra democracia ha sido vilipendiada por un profesor mediocre que habla por boca de otros, y que baila como marioneta al compás de los hilos que mueven monstruos liberticidas.
El Presidente Sánchez con Ana Pastor, en La Sexta.
Foto publicada por Libertad Digital. Valentín Carrera/Moncloa
Pedro I de Ferraz, ha desperdiciado 100 días (¿de gobierno?) con anuncios ideologizados, designaciones a dedo para favorecer a integrantes de la Ejecutiva de su partido, anuncios generalizados de impuestos, entrega de los medios de comunicación a la extrema izquierda e imprecisiones de todo tipo: exhibiendo como único logro: la publicación de un decreto ley para exhumar el cadáver de Francisco Franco Bahamonde, fallecido el 25 de noviembre de 1975, a quien, a 43 años de su deceso, Falconetti intenta “humillar”.
Pero, tal como ha señalado el abogado Luis Felipe Utrera Molina, en su escrito titulado “La inviolabilidad del Valle de los Caídos”, la Basílica es un lugar de culto inviolable conforme al artículo 1.5 del Acuerdo celebrado entre España y la Santa Sede en 1979, al tener dicha norma rango de tratado internacional, no pudiendo ser modificada por leyes internas, como el decreto ley impulsado por Sánchez.
Basílica y Gran Cruz del Valle de los Caídos
Además, y siguiendo al autor, conforme el canon 1160 del Código de Derecho Canónico de 1917, los lugares sagrados están exentos de jurisdicción civil, siendo tales los destinados al culto o a la sepultura de los fieles mediante la dedicación o bendición prescrita por los libros litúrgicos. Es decir, solo corresponde a la autoridad eclesiástica, ejercer en forma libre los poderes y funciones en dichos lugares sagrados, sin que dicha inmunidad sea violentada por el poder político. En el caso de marras, la autoridad sobre la Basílica del Valle de los Caídos corresponde a la autoridad eclesiástica superior. Por tanto, como ha citado el autor, “en último caso, la potestad sobre la exhumación podría ser avocada por el Papa, de conformidad con el canon 332 § 1 del Código de Derecho Canónico vigente.”
Téngase en cuenta que Sánchez, el pseudo demócrata sostenido por los cata-nazis que consideran “bestias con forma humana” a los que se expresan en español, ha empleado un “instrumento jurídico” para imponer un revanchismo político trasnochado, contra la voluntad de los familiares del fallecido, nombrado Caballero de la Orden Suprema de Cristo.
Sobre ese punto hubiera sido aconsejable que Sánchez leyese el relato “LaB die Toten” (“Deja a los muertos en paz”), de Ernst Raupach, donde un personaje llamado Walter, noble de Burgundia, se lamentaba junto a la tumba de Brunilda, su amante de juventud y primera esposa. A medianoche se encuentra con un hechicero que recoge hierbas para sus sortilegios, quien le plantea la posibilidad de devolverle a su amada, aunque le advierte es que “mejor dejar a los muertos en paz”.
Lo cierto es que Sánchez quiere imponer una visión ideologizada de la realidad, cambiando los hechos históricos a su antojo, para conformar un relato propio conteste con sus radicales ideas.
Su decreto ley, sin efectos jurídicos a la luz del derecho internacional, constituye un acto condenable que sólo puede explicarse en el marco de la nefasta Ley de Memoria Histórica aprobada en tiempos de Zapatero (año 2007) y que mantuvo el Partido Popular durante dos legislaturas. El decreto ley del ejecutivo español constituye una muestra de revanchismo sectario, reflejando un completo desconocimiento de la historia española y de la legalidad vigente, además de vulnerar el mensaje conciliador reflejado en la Basílica del Valle de los Caídos.
En el Valle de los Caídos, según el propio censo del Ministerio de Justicia, yacen los restos de 33.833 personas (12.410 sin identificar), tanto del llamado bando “republicano”, como del denominado “bando nacional”. Todos los difuntos que allí reposan fueron llevados al Valle entre 1959 y 1983, en 491 traslados desde fosas y cementerios de todas las provincias españolas, con excepción de La Coruña, Orense, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas; exigiéndose el “consentimiento firmado” por los familiares del difunto cuyos restos fueron identificados, antes de proceder a su traslado, en un ejemplo de respeto a miles de personas que dieron su vida por su patria, con independencia del “bando” en el que hubiesen estado. (circulares del Ministerio de Gobernación de 1958 y de 1959)
Si Sánchez quisiera hacer honor a la verdad histórica, se olvidaría del General Francisco Franco Bahamonde o del General Moscardó, y pediría perdón (aunque ello fuere solo simbólico) por los crímenes cometidos por miembros del Partido Socialista Obrero Español a lo largo de la historia, por los fusilamientos de niños monaguillos o por la violación de monjas indefensas, o recordaría al pistolero fundador de su partido, Pablo Iglesias, quien, en su primera intervención en las Cortes, amenazó de muerte al Presidente de gobierno.
Pero Sánchez, no respeta a los muertos, y mucho menos a los vivos.
El presidente no tiene humildad ni pudor en el uso de los “bienes públicos”, que son de todos los ciudadanos. Siguiendo el ejemplo de Rodríguez Zapatero, Sánchez no ha desperdiciado la ocasión para montarse en el “Falcón 900” presidencial. Así lo hizo el pasado viernes 20 de julio para ir a ver el recital de “The Killers”,en Benicassim, y para ir a la base de Rota, cerca de Doñana, para disfrutar de sus vacaciones. Esos viajes, lejos de constituir un episodio anecdótico, reflejan la doble moral del personaje que, por una parte, impulsa un nuevo impuesto al combustible diésel (al que acusa de causar 30 mil muertes anuales por su efecto contaminador) y que, por otra parte, envía a su familia en coche a Benicassim (con escoltas y acompañantes) mientras él viajaba en avión.
Imagen difundida por el gobierno español en ocasión de un viaje de Sánchez a Bruselas
“Falconetti Sánchez” olvida que el diésel es el combustible empleado mayoritariamente por millones de ciudadanos de clase baja y media, castigados por la crisis de Zapatero y por la desidia de Rajoy, ciudadanos a los que, hasta no hace mucho tiempo, se les recomendaba “emplear gasóleo” para contaminar menos.
La ignorancia del presidente en materia energética es indescriptible. Y el aumento anunciado del diésel es tan sólo un ejemplo más, al que siguen sus proyectos de desmantelar la producción de energía nuclear o dilapidar millones de euros en energías “verdes” que, por sí solas, nunca alcanzarían para abastecer a la economía española.
Pese a que Hugo Morán, secretario socialista de Transición Ecológica de la Economía, ha expresado que "proponemos un acuerdo por el agua, clima y energía. El agua es un bien público de extraordinario valor ambiental, económico, social y emocional, e imprescindible factor de vertebración territorial”, no ha adoptado ni una sola medida que dé solución a la falta de agua en Murcia o Alicante y, lógicamente, no piensa rescatar el Plan Hidrológico Nacional, a efectos de no “molestar” a los racistas, totalitarios y egoístas separatistas catalanes.
Sánchez no conoce a los ciudadanos que madrugan cada día para trabajar y poder mantener a sus familias, ni conoce las penurias económicas de millones de ellos para llegar a fin de mes, ni ha adoptado medida alguna para favorecer a las familias o fomentar la natalidad, ni un solo plan que alivie la carga fiscal que soportan los autónomos y que pesa sobre ellos como una loza a la hora de crear empleo.
A Sánchez no le interesa la cotidianeidad del ciudadano medio, ni el porcentaje de la renta destinado a pagar impuestos, ni que España se haya transformado en un infierno fiscal o que exista una creciente desigualdad sanitaria o educativa entre los habitantes. Tampoco habla de los efectos económicos que tendrá el incremento de los impuestos sobre la producción y el consumo, y lógicamente sobre el ahorro y la inversión; pues, a Sánchez - y a sus aliados - sólo le interesa el estado como “botín” a repartir entre sus amigos, como fuente ¨¿inagotable? de nuevos “funcionarios públicos” y cómo mecanismo de recaudación para enriquecer a golpistas, ONGs que lucran con la inmigración ilegal y a mafias que trafican personas desde África y Asia hacia España.
Sánchez desconoce eso y mucho más, pues ignora lo que significa trabajar en un mercado sometido a un infierno fiscal y donde existen desigualdades sociales promovidas por el poder político.
En este contexto, los ciudadanos se encuentran ante un negro panorama, y todo ello a tenor de algunas de las medidas impulsadas por su gobierno:
- Incremento del impuesto de sociedades.
- Aumento del precio del diésel.
- Creación de un impuesto específico a las empresas tecnológicas, lo que se conoce como tasa Google.
- Subida del IRPF a las rentas más altas, ignorando el hecho de que el 10% de sus contribuyentes actualmente pagan el 48% de su recaudación, correspondiendo al 90% restante el pago de la otra mitad.
- Creación de una tasa a las transacciones financieras que terminarán pagando los consumidores.
- Acogimiento del buque Aquarius, sin consensuar políticas migratorias en el seno de la Unión Europea, favoreciendo el ingreso masivo de inmigrantes ilegales en suelo español.
- Desprotección de la frontera española, en Ceuta y Melilla, convirtiendo a España en destino de una auténtica invasión africana y musulmana.
Asalto a la valla de Melilla
- Agravamiento de la situación de guardias civiles y policías nacionales, indefensos, en buena medida, ante el ataque que delincuentes extranjeros ilegales les propinan cada día con cal, ácido, piedras u otros elementos.
- Irresponsabilidad en conceder la tarjeta sanitaria universal a extranjeros ilegales que, en violación de nuestra soberanía territorial y política, han ingresado violentamente en nuestro país, en franca desigualdad respecto a los propios ciudadanos españoles.
- Aquiescencia del Ministerio de Interior ante la violencia, coacción y amedrentamiento que ejercen los “Grupos de Defensa de la República” (GDR) en contra de los ciudadanos no independentistas.
- Inmovilidad ante la consumación del adoctrinamiento educativo en escuelas catalanas, valencianas o de las Vascongadas, con ocultamiento del informe realizado por la Alta Inspección de Educación sobre adoctrinamiento en los libros de texto.
- Autorización de la profanación (por decreto ley) de los restos mortales de Francisco Franco Bahamonde, en abierta violación de tratados internacionales firmados por España, con el solo objetivo de reabrir heridas de una guerra civil finalizada hace ya casi ochenta años;
- Creación de una “comisión de la verdad” que profundice una visión unidimensional de la historia española, con la pretensión de aplicar sanciones a todos aquellos que “duden” o “cuestionen” el relato oficial.
- Purga en RTVE de decenas de periodistas y comunicadores “no afines”, entregando los medios de comunicación del organismo a la izquierda podemita, en una maniobra de corte goebbeliano estalinista sin precedentes en la democracia española.
- Acercamiento masivo de presos etarras a Vascongadas para complacencia de sus socios políticos del PNV y para pagar el apoyo que Bildu diera a su investidura.
- Continuación de beneficios penitenciarios a asesinos etarras, incluyendo el pago – por todos los ciudadanos – de sus estudios universitarios, de tratamientos de infertilidad, de ayudas al alquiler y de una renta mínima de inserción.
- Alteración del código civil por Real Decreto Ley 9/2018 en materia de patria potestad y relación entre progenitores, aplicando principios de la ideología de género, en consonancia con la afinidad ideológica de Sánchez con el magnate George Soros, impulsor de la islamización de Europa, de la independencia de Ucrania y favorecedor del golpismo catalán.
- El Real Decreto aludido podría afectar tanto la presunción de inocencia, como el derecho al honor, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, al derecho de defensa, a la seguridad jurídica, a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y hasta a la exigencia constitucional de control del gasto público, tal como ha señalado la abogada y profesora de Derecho Civil, Verónica del Carpio. La letrada ha expresado a “Confilegal” que: “No creo que sea posible aceptar como constitucional tener que cargar con el espantoso baldón social y jurídico, con repercusiones permanentes de toda índole, de ser calificado legalmente y de forma indefinida como autor de los gravísimos delitos que el concepto de la violencia de género puede englobar, y que el sentir social considera entre los más odiosos y repugnantes, sin haber tenido jamás la posibilidad de defenderse ni ningún tipo de control por la jurisdicción y sin concretar siquiera por qué medios se considera acreditada tal cosa”. En síntesis, una autentica “chapuza” de un gobierno radicalmente ideologizado.
- Reconocimiento de Cataluña como Nación “dentro de otra gran Nación” (fórmula usada en el debate con Patxi López) incluyendo su reconocimiento en el plano internacional, a tenor de las declaraciones formuladas por su ministro Borrell quien ha expresado que “no se puede prohibir que Cataluña tenga embajadas”, omitiendo que estamos viviendo un golpe de estado continuo y una flagrante violación de la Constitución por parte de Quim Torra y sus secuaces;
- Aumento del déficit público por parte de las comunidades autónomas, favoreciendo, de ese modo, un mayor endeudamiento de todos los contribuyentes, hastiados de pagar con sus impuestos golpes de estado o políticas persecutorias del idioma español, sea en Cataluña, en Vitoria o en Valencia;
- Vulneración del derecho de propiedad privada, al pretender elevar la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años, limitando las fianzas que los propietarios pueden pedir a los inquilinos, medidas que, de hecho, están provocando el efecto contrario al reducir el número de viviendas destinadas al alquiler e incrementando el precio de las locaciones;
- Aumento de la carga fiscal soportada por los autónomos, ignorando que estos no “ganan” por el total de su facturación y que constituyen una parte significativa de quienes pueden generar empleo genuino;
- Incremento de las subvenciones públicas destinadas a sindicatos, organizaciones representativas de minorías o extranjeros ilegales, todo ello a costa del presupuesto público y en franca desigualdad con los españoles;
- Complicidad diplomática con el régimen del dictador Maduro, siguiendo la asquerosa postura de José Luis Rodríguez Zapatero quien ha echado la culpa de la crisis de Venezuela a los Estados Unidos de Norteamérica.
- Continuidad de los negocios con Arabia Saudí, incluyendo la venta de proyectiles bajo el pretexto de “priorizar puestos de trabajo españoles”, en detrimento de los principios “pacifistas en materia internacional” del que suelen jactarse los políticos izquierdistas. Pero, ya se sabe, todo el mal está representado por los Estados Unidos y por Israel, y nunca por un régimen autoritario musulmán como el de los saudíes, cuestionado internacionalmente por sus violaciones a los derechos humanos y por la inferioridad legal en que se encuentran las personas de sexo femenino.
En definitiva, Pedro Sánchez se presentó como entrevistado de lujo en “La Sexta, convirtiéndose en víctima de su propia incapacidad. Y ello no sorprende en el caso de un “doctor en Economía”, evaluado por colegas, quien, a tenor de lo publicado por OK Diario, se habría “doctorado” con un trabajo mediocre que, en una gran medida, habría sido realizado por Carlos Ocaña, jefe de Gabinete del Ministerio de Industria liderado por entonces por Miguel Sebastián.
El genuflexo Sánchez mostró su debilidad parlamentaria, recordando a la periodista amiga que poco más puede exigirse a un presidente que sólo tiene 84 diputados, afirmando que: “en el momento en que prime el conflicto, la discrepancia y no el acuerdo con Unidos Podemos, los independentistas y el PNV tendremos que convocar elecciones". Lo cual implica – dicho por el protagonista – el completo sometimiento de Sánchez a sus aliados partidarios de las dictaduras de Irán y Venezuela, a los golpistas catalanes, a los pancatalanistas valencianos, y a políticos complacientes con el entorno abertxale.
En otra de sus intervenciones manifestó: “Yo soy presidente del Gobierno y haré lo que quiera en la Cámara”, respondiendo a Ciudadanos y al PP, que han pedido su comparecencia para que se explique respecto a la tesis de su “doctorado”.
Ante la periodista Ana Pastor (programa “El Objetivo”, de la Sexta) expresó no sentirse “responsable político” de lo sucedido con los ex ministros Montón y Huerta. Y frente a una repregunta relacionada con Arabia Saudí, manifestó: “Yo soy presidente del Gobierno y hay cuestiones que no puedo trasladarle a usted”, omitiendo un principio elemental de la democracia: Sánchez es Presidente de Gobierno y, dada su condición de Jefe de Gobierno, está obligado a rendir cuenta de sus actos, a comparecer en el Congreso de los Diputados y a dar todas las explicaciones que requiera el pueblo soberano, que es quien paga su salario y el de todo su gobierno.
Como hemos visto, Pedro Sánchez, al igual que el monstruo del Profesor Sanchezstein, ha de complacer deseos ajenos.
Imagen de archivo del "monstruo" del Profesor Sanchzstein
En ese programa de televisión española, emitido entre 1977 y 1978, el profesor Sanchezstein tenía un monstruo que no hablaba y que recibía órdenes de los niños concursantes, quienes acompañaban esas órdenes con las palabras “Luis Ricardo, cantidubi dubi dubi cantidubi dubi da… ¡ya!”. Entonces el simpático personaje daba media vuelta a la derecha, dos pasos al frente, se agachaba y saltaba; y, si los niños se equivocaban al pronunciar el trabalenguas, se volvía loco y comenzaba a hacer lo que le daba la gana.
Sánchez, el profesor, encabeza un gobierno prisionero de muchos “monstruos” y habla constantemente diciendo lo que le da la gana, siempre que ello sea conteste con los postulados de aquellos monstruos: golpistas catalanes, secesionistas vascos, políticos pro etarras o podemitas
España tiene ante sí un negro futuro, y un oscuro presente, porque nuestra democracia ha sido vilipendiada por un profesor mediocre que habla por boca de otros, y que baila como marioneta al compás de los hilos que mueven monstruos liberticidas.
Un repaso formidable al personaje monclovita. Lástima que sea certero, pues hablamos ni más ni menos del actual timonel de nuestro país.
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