Rajoy ha arrastrado por el lodo la legalidad constitucional española.
Su inacción, su pasividad, su abandono a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la golpista jornada del 1 de Octubre, su desprecio hacia esos funcionarios de las fuerzas de seguridad que fueron expulsados de hoteles en Cataluña, su falta de firmeza – rozando la complicidad más abyecta – frente a Puigdemont y su banda de golpistas, y el hecho de que su gobierno continúe f i n a n c i a n d o, con dinero de nuestros impuestos, la máquina propagandista del golpismo catalán, le hace totalmente indigno de ocupar el cargo de Presidente.
Rajoy ha sido y es un cómplice de la destrucción de España, jaleada por los nacionalistas golpistas catalanes, por los racistas pro etarras de las Vascongadas, por los incendiarios de Galicia y de Asturias que estarían impulsando, con su accionar, la desestabilización del gobierno de la Junta de Galicia, en manos del Partido Popular, e indirectamente la de todo el Gobierno de la Nación.
Rajoy es indigno de representar a la Nación Española y debe dimitir.
Del mismo modo que es indigna para ocupar su cargo, representando a los ciudadanos, Soraya Sáez de Santamaría
La Vicepresidenta de “El País.cat”, la jefa del duopolio televisivo que busca destruir la legalidad de España desde la “secta” y otras terminales mediáticas, la auxiliadora financiera de Juan Luis Cebrián, al solicitar a los acreedores de PRISA que se conviertan en accionistas de ese ruinoso grupo empresarial para evitar su quiebra, la censuradora del disenso interno y de la democracia partidaria en el PP, tuvo la desfachatez de referirse del siguiente modo al artículo 155 de la Constitución Nacional: "Aplicar el 155 puede suponer muchas cosas porque es un artículo que dice muy poco, que se ha estudiado muy poco".
Y si algo le faltaba a Soraya fue lo declarado tras la respuesta que el golpista Puigdemont envió por escrito al gobierno de España, tras el requerimiento que le fue formulado la semana pasada, exigiéndole que aclare si había declarado o no la independencia.
En su comparescencia, la Vice Presidenta expresó: "Nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución", afirmó, en relación al 155.”
Esto sería cómo decirle al violador de una menor de edad, “nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique el Código Penal”, siempre que, tras un requerimiento judicial o fiscal, o la intervención policial, afirme que hubo violación.
SANTAMARÍA debe dimitir. Esa frase implica una concesión inaceptable del Gobierno de España a Puigdemont ante la violación de la Carta Magna e implica que el ejecutivo de Rajoy contempla sólo como última opción aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico ante el golpe de estado.
La Vice Presidenta anima a los violadores a “dialogar”, instándoles a incumplir el ordenamiento jurídico y haciéndole el juego a los golpistas catalanes.
RAJOY, el cobarde traidor de La Moncloa, el inepto “gobernante” que no ha adoptado ninguna medida para proteger a los policías nacionales y guardias civiles asentados en la región española denominada Cataluña, el gran pusilánime que llama “señor” a un golpista y que, cometiendo presunta prevaricación, dejación de funciones, colaboración con sedición y traición a la Patria, entre otros delitos, debe dimitir.
MONTORO – el entregador de miles de millones de euros del FLA a Cataluña, para financiar el golpismo catalán – debe dimitir.
DASTIS – el nefasto ministro de Exteriores del Reino de España, preparador de la “visita” que realizará el Rey Felipe VI a la dictadura del mayor prostíbulo carcelario del Caribe – debe dimitir.
Ana Pastor, Presidenta del Congreso de los Diputados, debe dimitir, tras permitir, un día sí y otro también, que los rufianes golpistas monten su show en los escaños, insulten a los pocos diputados que tienen patriotismo y dignidad, invadan los asientos de otros legisladores apropiándose de sus objetos o hagan “cortes de manga” a diputados de la oposición.
En definitiva, Rajoy y todo su gobierno deberían ser investigados por la presunta comisión de una serie de delitos, a saber: prevaricación, dejación de funciones, incumplimiento de los deberes de funcionario público, así como presunta complicidad con la sedición de los catalanes, así como por ser presuntamente cooperadores necesarios, dada su pasividad, ante el golpe de estado dado por los independentistas catalanes.
¿Qué pasaría si todos estos funcionarios dimitiesen de sus cargos? Absolutamente nada.
Los ciudadanos tenemos en nuestras manos las herramientas constitucionales para superar esta situación, los jueces podrán velar por el cumplimiento de la Constitución, y las fuerzas de seguridad – salvo los mozos de barretina – están capacitadas para garantizar la vida, los bienes y la seguridad de todos los ciudadanos.
Ejemplo de ello es la sentencia del Tribunal Constitucional del día de ayer, en respuesta a la denominada “Ley del Referéndum” aprobada por el “Parlament” catalán, tras un recurso del gobierno español.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad con el voto de sus 12 miembros, ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la llamada ley "del referéndum de autodeterminación", suspendida cautelarmente el pasado 7 de septiembre.
Los magistrados, tras estimar el recurso presentado por la Abogacía del Estado, afirmaron que la citada norma invade competencias estatales en materia de consultas de carácter referendario, vulnerando la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española.
El Tribunal sostuvo que el Parlamento de Cataluña incurrió "en muy graves quiebras del procedimiento legislativo", afectando de ese modo a la formación de la voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes. La sentencia asevera que "un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento".
Los magistrados han afirmado que el mal denominado derecho de autodeterminación, entendido como "’derecho’ a promover y consumar su secesión unilateral del Estado en el que se constituye España", no está reconocido en la Constitución, y tampoco cabe entender que forme parte de nuestro ordenamiento jurídico por vía de tratados internacionales.
La sentencia explica que "el instituto del referéndum¨ es un cauce para la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos" sobre el que el Estado tiene una competencia exclusiva, "cualquiera que sea la modalidad o ámbito territorial sobre el que se proyecte", afirmando que no todas las materias, añade, pueden someterse a consulta popular autonómica (sea o no referendaria), y así ocurre con aquellas "cuestiones fundamentales que fueron resueltas en el proceso constituyente y que están sustraídas a la decisión de los poderes constituidos".
En consecuencia, la mal denominada “Ley del Referéndum” fue dictada "sin soporte competencial alguno", en una "manifiesta negación del vigente ordenamiento constitucional". y resulta inconstitucional "en su conjunto, pues toda ella se ordena a la regulación y convocatoria de un referéndum singular que resulta ajeno a las competencias estatutarias de la Comunidad Autónoma". Además el Tribunal ha dicho que la norma inconstitucional contradice la supremacía constitucional, tras indicar que "prevalece jurídicamente sobre todas las normas que puedan entrar en conflicto con ella".
Los magistrados afirman que admitir dicha ley supondría liberar al poder público de toda sujeción a Derecho, con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos", “siendo esto último lo que ha consumado el Parlamento de Cataluña al aprobar la ley impugnada".
Como conclusión, y siguiendo lo establecido por el Tribunal Constitucional, lo cierto es que los legisladores catalanes que votaron dicha ley, actuaron desconociendo plenamente la Constitución Nacional, ubicándose al margen del estado de derecho, vulnerando sus funciones constitucionales y estatutarias, y poniendo en riesgo a todos los ciudadanos de la autonomía catalana, sometiéndolos a un poder que no reconoce límite alguno.
En estas semanas, el ciudadano que se levanta temprano cada día, todos aquellos que ganando poco dinero trabajan y generan riqueza y, entre otros, los miles de estudiantes que trabajan y se forman en horas libres, cuyos padres o ellos mismos han de realizar ingentes sacrificios para pagar sus estudios, ven cómo los golpistas de Catalabufonia (la Cataluña de los bufones golpistas, relato fantasioso donde los haya) siguen atacando la legalidad con el dinero de nuestros impuestos.
TODOS LOS PRESUNTOS GOLPISTAS DEBEN IR A PRISIÓN.
A los dos detenidos en Soto del Real por orden judicial, sin fianza, los llamados “Jordis” (Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, líderes de Omnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana) deberían sumarse – inmediatamente – Trapero, jefe de un cuerpo armado integrado por 17.000 efectivos, Puigdemont, Junqueras, Forcadell y todos aquellos que, activa o pasivamente, sean autores, cómplices, partícipes necesarios o instigadores de la comisión de los presuntos delitos de sedición, rebelión, prevaricación, adoctrinamiento en el odio, discriminación por raza o lengua, persecución por razones ideológicas, violación de la separación de poderes, incumplimiento de sentencias y mandatos judiciales, malversación de fondos públicos, etc., etc., etc.
TODOS DEBEN SER PROCESADOS, DETENIDOS Y JUZGADOS.
Y, en el caso de los mozos, INTERVENIDOS, DESTITUIDOS SUS MANDOS, DESARMADOS SUS AGENTES PRO GOLPISTAS y absorbidos por el Estado Nacional bajo un mando único.
Seguramente ello les permitirá disfrutar del “diàleg en presó”, podrán soñar “de nit” con los inexistentes “països catalans”, y “fer país” sin los millones presuntamente mal habidos del “Orinable” y sus secuaces.
Y todo ello confraternizando con internos de diversas latitudes de España y del extranjero, lo cual les permitirá “empatizar” con gentes de otro ADN (inferior lógicamente para los nazi bufones catalanes), personas que, aunque han cometido delitos diversos por los cuales están pagando, al menos han tenido la DIGNIDAD recibirlos con gritos de ¡Viva España, traidores!
Seguramente ha llegado la hora de que todos los golpistas, y todos los traidores a sus funciones, compartan espacio en prisión.
Sería un acto de justicia para los millones de ciudadanos y habitantes del Reino de España que no merecemos esta zozobra, ni la pérdida de miles de millones de euros por las consecuencias económicas del golpe y que, tarde o temprano, verán perder sus puestos de trabajo en Cataluña, y en otras partes de España, y que ya están viendo cómo “el procés” está afectado los ahorros de los ciudadanos.
S
Su inacción, su pasividad, su abandono a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la golpista jornada del 1 de Octubre, su desprecio hacia esos funcionarios de las fuerzas de seguridad que fueron expulsados de hoteles en Cataluña, su falta de firmeza – rozando la complicidad más abyecta – frente a Puigdemont y su banda de golpistas, y el hecho de que su gobierno continúe f i n a n c i a n d o, con dinero de nuestros impuestos, la máquina propagandista del golpismo catalán, le hace totalmente indigno de ocupar el cargo de Presidente.
Rajoy ha sido y es un cómplice de la destrucción de España, jaleada por los nacionalistas golpistas catalanes, por los racistas pro etarras de las Vascongadas, por los incendiarios de Galicia y de Asturias que estarían impulsando, con su accionar, la desestabilización del gobierno de la Junta de Galicia, en manos del Partido Popular, e indirectamente la de todo el Gobierno de la Nación.
Rajoy es indigno de representar a la Nación Española y debe dimitir.
Del mismo modo que es indigna para ocupar su cargo, representando a los ciudadanos, Soraya Sáez de Santamaría
Soraya Sáenz de Santamaría
La Vicepresidenta de “El País.cat”, la jefa del duopolio televisivo que busca destruir la legalidad de España desde la “secta” y otras terminales mediáticas, la auxiliadora financiera de Juan Luis Cebrián, al solicitar a los acreedores de PRISA que se conviertan en accionistas de ese ruinoso grupo empresarial para evitar su quiebra, la censuradora del disenso interno y de la democracia partidaria en el PP, tuvo la desfachatez de referirse del siguiente modo al artículo 155 de la Constitución Nacional: "Aplicar el 155 puede suponer muchas cosas porque es un artículo que dice muy poco, que se ha estudiado muy poco".
Y si algo le faltaba a Soraya fue lo declarado tras la respuesta que el golpista Puigdemont envió por escrito al gobierno de España, tras el requerimiento que le fue formulado la semana pasada, exigiéndole que aclare si había declarado o no la independencia.
En su comparescencia, la Vice Presidenta expresó: "Nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución", afirmó, en relación al 155.”
Esto sería cómo decirle al violador de una menor de edad, “nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique el Código Penal”, siempre que, tras un requerimiento judicial o fiscal, o la intervención policial, afirme que hubo violación.
SANTAMARÍA debe dimitir. Esa frase implica una concesión inaceptable del Gobierno de España a Puigdemont ante la violación de la Carta Magna e implica que el ejecutivo de Rajoy contempla sólo como última opción aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico ante el golpe de estado.
La Vice Presidenta anima a los violadores a “dialogar”, instándoles a incumplir el ordenamiento jurídico y haciéndole el juego a los golpistas catalanes.
RAJOY, el cobarde traidor de La Moncloa, el inepto “gobernante” que no ha adoptado ninguna medida para proteger a los policías nacionales y guardias civiles asentados en la región española denominada Cataluña, el gran pusilánime que llama “señor” a un golpista y que, cometiendo presunta prevaricación, dejación de funciones, colaboración con sedición y traición a la Patria, entre otros delitos, debe dimitir.
MONTORO – el entregador de miles de millones de euros del FLA a Cataluña, para financiar el golpismo catalán – debe dimitir.
DASTIS – el nefasto ministro de Exteriores del Reino de España, preparador de la “visita” que realizará el Rey Felipe VI a la dictadura del mayor prostíbulo carcelario del Caribe – debe dimitir.
Ana Pastor, Presidenta del Congreso de los Diputados, debe dimitir, tras permitir, un día sí y otro también, que los rufianes golpistas monten su show en los escaños, insulten a los pocos diputados que tienen patriotismo y dignidad, invadan los asientos de otros legisladores apropiándose de sus objetos o hagan “cortes de manga” a diputados de la oposición.
En definitiva, Rajoy y todo su gobierno deberían ser investigados por la presunta comisión de una serie de delitos, a saber: prevaricación, dejación de funciones, incumplimiento de los deberes de funcionario público, así como presunta complicidad con la sedición de los catalanes, así como por ser presuntamente cooperadores necesarios, dada su pasividad, ante el golpe de estado dado por los independentistas catalanes.
¿Qué pasaría si todos estos funcionarios dimitiesen de sus cargos? Absolutamente nada.
Los ciudadanos tenemos en nuestras manos las herramientas constitucionales para superar esta situación, los jueces podrán velar por el cumplimiento de la Constitución, y las fuerzas de seguridad – salvo los mozos de barretina – están capacitadas para garantizar la vida, los bienes y la seguridad de todos los ciudadanos.
Ejemplo de ello es la sentencia del Tribunal Constitucional del día de ayer, en respuesta a la denominada “Ley del Referéndum” aprobada por el “Parlament” catalán, tras un recurso del gobierno español.
Sede del Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad con el voto de sus 12 miembros, ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la llamada ley "del referéndum de autodeterminación", suspendida cautelarmente el pasado 7 de septiembre.
Los magistrados, tras estimar el recurso presentado por la Abogacía del Estado, afirmaron que la citada norma invade competencias estatales en materia de consultas de carácter referendario, vulnerando la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española.
El Tribunal sostuvo que el Parlamento de Cataluña incurrió "en muy graves quiebras del procedimiento legislativo", afectando de ese modo a la formación de la voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes. La sentencia asevera que "un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento".
Los magistrados han afirmado que el mal denominado derecho de autodeterminación, entendido como "’derecho’ a promover y consumar su secesión unilateral del Estado en el que se constituye España", no está reconocido en la Constitución, y tampoco cabe entender que forme parte de nuestro ordenamiento jurídico por vía de tratados internacionales.
La sentencia explica que "el instituto del referéndum¨ es un cauce para la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos" sobre el que el Estado tiene una competencia exclusiva, "cualquiera que sea la modalidad o ámbito territorial sobre el que se proyecte", afirmando que no todas las materias, añade, pueden someterse a consulta popular autonómica (sea o no referendaria), y así ocurre con aquellas "cuestiones fundamentales que fueron resueltas en el proceso constituyente y que están sustraídas a la decisión de los poderes constituidos".
En consecuencia, la mal denominada “Ley del Referéndum” fue dictada "sin soporte competencial alguno", en una "manifiesta negación del vigente ordenamiento constitucional". y resulta inconstitucional "en su conjunto, pues toda ella se ordena a la regulación y convocatoria de un referéndum singular que resulta ajeno a las competencias estatutarias de la Comunidad Autónoma". Además el Tribunal ha dicho que la norma inconstitucional contradice la supremacía constitucional, tras indicar que "prevalece jurídicamente sobre todas las normas que puedan entrar en conflicto con ella".
Los magistrados afirman que admitir dicha ley supondría liberar al poder público de toda sujeción a Derecho, con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos", “siendo esto último lo que ha consumado el Parlamento de Cataluña al aprobar la ley impugnada".
Como conclusión, y siguiendo lo establecido por el Tribunal Constitucional, lo cierto es que los legisladores catalanes que votaron dicha ley, actuaron desconociendo plenamente la Constitución Nacional, ubicándose al margen del estado de derecho, vulnerando sus funciones constitucionales y estatutarias, y poniendo en riesgo a todos los ciudadanos de la autonomía catalana, sometiéndolos a un poder que no reconoce límite alguno.
En estas semanas, el ciudadano que se levanta temprano cada día, todos aquellos que ganando poco dinero trabajan y generan riqueza y, entre otros, los miles de estudiantes que trabajan y se forman en horas libres, cuyos padres o ellos mismos han de realizar ingentes sacrificios para pagar sus estudios, ven cómo los golpistas de Catalabufonia (la Cataluña de los bufones golpistas, relato fantasioso donde los haya) siguen atacando la legalidad con el dinero de nuestros impuestos.
TODOS LOS PRESUNTOS GOLPISTAS DEBEN IR A PRISIÓN.
A los dos detenidos en Soto del Real por orden judicial, sin fianza, los llamados “Jordis” (Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, líderes de Omnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana) deberían sumarse – inmediatamente – Trapero, jefe de un cuerpo armado integrado por 17.000 efectivos, Puigdemont, Junqueras, Forcadell y todos aquellos que, activa o pasivamente, sean autores, cómplices, partícipes necesarios o instigadores de la comisión de los presuntos delitos de sedición, rebelión, prevaricación, adoctrinamiento en el odio, discriminación por raza o lengua, persecución por razones ideológicas, violación de la separación de poderes, incumplimiento de sentencias y mandatos judiciales, malversación de fondos públicos, etc., etc., etc.
TODOS DEBEN SER PROCESADOS, DETENIDOS Y JUZGADOS.
Y, en el caso de los mozos, INTERVENIDOS, DESTITUIDOS SUS MANDOS, DESARMADOS SUS AGENTES PRO GOLPISTAS y absorbidos por el Estado Nacional bajo un mando único.
Seguramente ello les permitirá disfrutar del “diàleg en presó”, podrán soñar “de nit” con los inexistentes “països catalans”, y “fer país” sin los millones presuntamente mal habidos del “Orinable” y sus secuaces.
Y todo ello confraternizando con internos de diversas latitudes de España y del extranjero, lo cual les permitirá “empatizar” con gentes de otro ADN (inferior lógicamente para los nazi bufones catalanes), personas que, aunque han cometido delitos diversos por los cuales están pagando, al menos han tenido la DIGNIDAD recibirlos con gritos de ¡Viva España, traidores!
Prisión de Soto del Real
Seguramente ha llegado la hora de que todos los golpistas, y todos los traidores a sus funciones, compartan espacio en prisión.
Sería un acto de justicia para los millones de ciudadanos y habitantes del Reino de España que no merecemos esta zozobra, ni la pérdida de miles de millones de euros por las consecuencias económicas del golpe y que, tarde o temprano, verán perder sus puestos de trabajo en Cataluña, y en otras partes de España, y que ya están viendo cómo “el procés” está afectado los ahorros de los ciudadanos.
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