Cataluña: “nacionalismo étnico, tontería asesina”.

España está inmersa en un golpe de estado impulsado por los independentistas catalanes, los etarras, los podemitas y los extremistas de la CUP.

En las últimas horas hemos visto cómo, en las calles, desde las instituciones golpistas que pagamos todos y desde los medios totalitarios que les apoyan, están ejerciendo violencia, destrucción, amedrentamiento y amenazas contra funcionarios de los cuerpos de seguridad, contra políticos opositores y contra simple ciudadanos comunes.

Esos ataques, evidentes en el caso de coches de la Guardia Civil, se han extendido a bienes de ciudadanos (caso de la agresión sufrida por los padres de Albert Rivera), a hijos menores de edad de políticos constitucionalistas, agredidos por compañeros de clase en las escuelas, y a autoridades del Gobierno de España, señaladas con manchas de sangre en la frente.



Esa miseria moral de la basura golpista ha llegado a desear una “violación en grupo” a Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña; violencia que ha ido in crescendo en las últimas horas.

Sin embargo, tal como ha señalado el diario EL PAÍS en su editorial de hoy, el NAZI-ONALISMO GOLPISTA CATALÁN MIENTE... y sus mentiras no son sólo 8, como ha señado ese periódico, sino que exceden el centenar, extendiéndose a la educación, al arte, a la cultura y al periodismo, corrompido, al menos en parte, por el dinero de los golpistas.

¿Será que don  Tancredo Rajoy ha decidido reprimir a los golpistas?
Quisiéramos creer o pensar que sí, pero la fe absoluta no se condice con el rigor académico que requiere el análisis politico.

• Las operaciones tendientes a evitar la realización de un referéndum ilegal el 1º de Octubre no han sido impulsadas por el gobierno de España, sino que han sido ordenadas por un Juez, a partir de dos querellas presentadas por particulares.


• Ese magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, de oficio, y sin que mediara petición alguna de la Fiscalía, fue quien dió comienzo a estas operaciones judiciales; en el marco de una investigación abierta el pasado mes de febrero, tras SENDAS QUERELLAS PRESENTADAS por VOX y por el abogado MIGUEL DURÁN.


• Esas querellas fueron presentadas contra el ex juez Santiago Vidal – alias bocazas – quien el 31 de enero de 2015 había presentado, públicamente, el borrador de una “futura constitución catalana”.


• Dicha presentación provocó la suspensión del magistrado, la pérdida de su plaza en la Audiencia de Barcelona y la apertura de una causa judicial tendiente a esclarecer responsabilidades penales, ante la más que presunta comisión de delitos contra el orden constitucional, la administración pública y los derechos y libertades de los ciudadanos.


• Frente a la ley los golpistas catalanes han convocado manifestaciones, en las que la violencia no ha estado ausente.

• Ha sido mérito de los agentes de la Guardia Civil – por orden judicial – el secuestro de 9.800.000 papeletas para votar el 1º de octubre en el referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional.


• En las últimas horas se han producido detenciones de distintos funcionarios, que han sido imputados de graves delitos, a saber: desobediencia, prevaricación y malversación, entre otros, con penas que pueden llegar hasta los 15 años de prisión. Porque hemos de comprender que es obligación de todos los funcionarios y cargos públicos hacer cumplir la Constitución, las leyes de la Nación y los mandatos judiciales.


• Esa obligación de acatar la ley ha de extenderse – por imperio legal – a todos los funcionarios y a todos los integrantes de los cuerpos de seguridad. De allí que resulta imprescindible destituir de sus cargos a aquellos policías autonómicos que se nieguen a acatar la ley y las órdenes judiciales.


• Destaquemos la gravedad de lo impulsado por los golpistas pues, y volviendo al origen de las actuaciones judiciales, ellos mismos – por boca de Vidal – se ufanaron de haber obtenido en forma ilegal los datos tributarios de todos los ciudadanos de Cataluña, de tener la lista completa de todos los magistrados judiciales y de haber “persuadido de sus planes independentistas” a más de 300 de ellos.


• Hoy el Tribunal Constitucional ha fijado multas de 12.000 euros diarios para dos funcionarios de la Generalidad, ante la desobediencia de sus resoluciones.


• Llegados a este punto, nada diferencia a Puigdemont y sus secuaces, o a la ANC, o a OMNIUM CULTURAL, entre otros, de las políticas xenófobas, racistas y totalitarias de los nazis.


• El Tribunal de Garantías debería suspender preventivamente a todos los cargos políticos que incumplan la ley, o sustituirlos en sus funciones para obligarles al cumplimiento de la ley.


• La Fiscalía del Estado debe querellarse contra todos los golpistas, acusándoles de desobediencia, malversación y usurpación de funciones¸ incluyendo a los Síndicos elegidos por los independentistas, en un debate irregular del que fueron excluidos el PPC, el PSC y Ciudadanos.

Los golpistas han subvertido la legalidad y adolecen de legitimidad para continuar en sus funciones.

Los golpistas catalanes no son una mayoría social ni política, sino que detentan una mayoría parlamentaria, obtenida por una ley electoral que les favorece.

Ese golpe requiere la unidad de los demócratas, el concurso de los partidos constitucionalistas y el accionar de un Poder Judicial independiente, junto al despliegue de los integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado.

Los golpistas catalanes han declarado la guerra, han subvertido el orden constitucional y vienen delinquiendo desde hace cuarenta años.

La dictadura catalana ha fragmentado a la sociedad, ha adoctrinado a dos generaciones en la mentira y en el odio, y ha violado los más elementales derechos humanos, imponiendo un dialecto derivado del provenzal, cooptando cargos públicos y medios de comunicación con dinero obtenido mediante la corrupción y ha prostituido todas las instituciones públicas y privadas de esa región española llamada Cataluña.

Frente a la subversión del orden constitucional no cabe otra opción que reestablecer el marco legal, empleando todos los recursos del estado, legales, civiles, penales, policiales y militares.

En una sociedad democrática sólo el Estado puede ejercer el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Ese es uno de los precios que, de buen agrado, los ciudadanos aceptamos pagar para vivir en libertad.

Y los golpistas, desde hace años, vienen violando los derechos humanos. (multando a quienes rotulan sus comercios en español, incumpliendo sentencias del Constitucional que garantizan la libre elección del español como lengua materna en la enseñanza, estableciendo criterios de selección lingüísticos en las oposiciones, e incluso violando disposiciones legales de su propio Estatuto de autonomía)

¿Deberíamos reconocer y asumir que existe una grieta política generada autoritariamente en Cataluña?

Naturalmente que sí.

Reconocer al enemigo es el primer paso para vencerlo, es un requisito imprescindible para aniquilar su accionar subversivo, y es un paso previo para reestablecer el imperio de la ley.

Este golpe de estado representa una oportunidad democrática de impulsar una España de ciudadanos libres e iguales; de eliminar el auténtico cáncer de nuestro país, representado por el nefasto “estado de las autonomías”.

El Estado constitucional debe retomar competencias exclusivas que jamás debió haber cedido a las comunidades autónomas, como la sanidad, la seguridad pública o la educación.

Todo estado democrático dispone de mecanismos legales, coercitivos y constitucionales para defenderse de agresiones graves, interiores y exteriores, provenientes de sus enemigos.

El Gobierno español está obligado a amparar a todos los ciudadanos; debe garantizar la igualdad y libertad de cada persona que habite su territorio, independientemente de que viva en Cataluña, en Madrid o en Zaragoza; debe permitir que los niños puedan educarse en la lengua materna y que el dinero de los ciudadanos no sea robado por una familia corrupta y sus secuaces.

Todos los golpistas deben ser imputados, juzgados y condenados.

Si el 23F, García Carrés se sentó en el banquillo con Tejero, Armada y Milans, hoy, Pablo Iglesias, Ada Colau, Manuela Carmena y otros, deben ser imputados por colaboración con los golpistas independentistas.

El Gobierno catalán no ha pagado con puntualidad a los farmacéuticos, el gobierno catalán ha cerrado quirófanos y servicios médicos paralelamente a la apertura de “embajadas” en el exterior; las autoridades de la Generalidad han impulsado, constituido y financiado estructuras ilegales como el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, la adulterada Agencia Tributaria de Cataluña, o la activa Consejería de Asuntos Exteriores.

El Gobierno catalán no ha pagado con puntualidad a los farmacéuticos, el gobierno catalán ha cerrado quirófanos y servicios médicos paralelamente a la apertura de “embajadas” en el exterior; las autoridades de la Generalidad han impulsado, constituido y financiado estructuras ilegales como el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, la adulterada Agencia Tributaria de Cataluña, o la activa Consejería de Asuntos Exteriores.



Para finalizar, citaremos – siguiendo la síntesis expuesta hoy por el periódico EL PAÍS, algunas de las mentiras de los golpistas españoles en boca del sedicioso Puigdemont:

• “El Gobierno de la Generalitat ha sido objeto hoy de una agresión coordinada de las fuerzas policiales del Ministerio del Interior”. FALSO, porque las detenciones y registros fueron ejecutados por indicación del juez de Instrucción número 13 de los juzgados de Barcelona y no por orden del Gobierno nacional.


• Para Puigdemont, el propósito de la operación es “suspender la actividad del Gobierno catalán, que tiene la legitimidad democrática”. FALSO: las medidas judiciales de los últimos días sólo han intervenido sobre actividades relacionadas con la organización del referéndum secesionista y no sobre el gobierno de la autonomía.


• Los golpistas han afirmado que “esta agresión carece de amparo legal”, vulnera “el Estado de derecho” y la Carta de Derechos de la UE, suspende “de facto el autogobierno y ha aplicado de facto un estado de excepción”. FALSO: La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han intervenido por mandato judicial y con respaldo del Tribunal Constitucional, sin que se haya aplicado el artículo 155 de la Constitución Nacional que faculta a intervenir la autonomía, ni que se haya aplicado la Ley de Seguridad Nacional.


• Puigdemont ha hablado de “registros indiscriminados incluso en domicilios particulares” y de otras medidas como “el cierre y bloqueo de páginas web” y de un contexto de “asedio a la democracia”. Pero, como indica el editorial de EL PAÍS, todo ello es falso. Los registros han sido individualizados por orden judicial, las webs han sido cerradas por pretender aplicar una ley suspendida por el Tribunal Constitucional y con intervención judicial y de la Fiscalía, en cumplimiento de sus funciones.


• Ha dicho Puigdemont: “Condenamos y rechazamos la actitud totalitaria y antidemocrática del Estado español” y tras estas actuaciones “consideramos que el Gobierno ha sobrepasado la línea roja que le separaba de los regímenes autoritarios y represivos” y que “no respeta los principios elementales de la democracia”. Y todo esto también es FALSO. Son los golpistas catalanes los que están violando la Constitución, las leyes de la Nación, el Estatuto de Autonomía y los derechos de los ciudadanos.


• Puigdemont ha afirmado que “Los ciudadanos estamos convocados el día 1 de octubre para defender la democracia frente a un régimen represivo e intimidatorio”. Y esto también es falso, pues el mal denominado referéndum sólo pretende derogar la Constitución Española, abrogar el Estatuto de Autonomía de Cataluña y consagrar un estado de excepción – nacido del propio golpe de estado – donde habría ciudadanos de primera (los pro independentistas) y vasallos (aquellos ciudadanos que son contrarios al independentismo).


• Puigdemont, citado por EL PAIS, ha expresado que “defenderemos el derecho de los catalanes a decidir libremente su futuro”. Y esto es FALSO. Desde el restablecimiento de la democracia, los catalanes han emitido el voto en 35 elecciones democráticas y en tres referendos, estando garantizado su autogobierno y la representación política democrática de los ciudadanos.


• Pero, como ha destacado el columnista del diario de PRISA, Puigdemont sí a dicho una verdad. EUROPA padece la enfermedad nacionalista. Y esa enfermedad debe ser tratada.

El cáncer de España se llama "estado de las autonomías".

Esa enfermedad ha hecho metástasis. Y los golpistas catalanes son sólo uno de sus síntomas.

La enfermedad debe ser tratada con cirugía mayor.

Puigdemont y sus funcionarios deben ser detenidos por desobediencia a la autoridad judicial, por violación de la Constitución Nacional y por impulsar una consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

Todos los golpistas, incluyendo su trama civil, tengan o no cargos públicos, o detenten funciones públicas, deben ser procesados, juzgados y condenados.

El estado constitucional debe reestablecer su imperium, pues, ante una declaración de guerra o una situación de subversión interna, el estado de derecho no puede ceder.

 

Los golpistas que “ens roban”, no pueden vencer. Y no vencerán, porque los nazi-onalistas sólo pretenden ocultar sus miserias y evadir la responsabilidad civil, política y penal nacida de sus delitos.

El Estado de derecho debe imperar tras 40 años en Cataluña, así como en el resto de la geografía nacional.

De lo contrario nuestra historia sería cíclica, volveríamos a la lucha entre taifas, e impulsaríamos la máxima expresión política del egoismo y miseria humanos que se denomina "nacionalismo"; pues, como dijera Bernard Henri-Lévy, “El nacionalismo es siempre una tontería, y el nacionalismo étnico, una tontería asesina”.