GOLPE DE ESTADO EN CATALUÑA

En una jornada luctuosa para la democracia, y tal como iremos viendo en este artículo, se ha producido lo que podría calificarse como un golpe de Estado, al producirse una violación y falta de reconocimiento hacia la legitimidad constitucional vigente por parte de la mayoría parlamentaria – y no en votos – de los independentistas catalanes.

Este golpe institucional atenta contra las reglamentaciones legales vigentes y contra el espacio de convivencia democrática de todos los ciudadanos que, gracias a las taifas autonómicas, cada día son menos iguales.

Desde la mañana de ayer, los separatistas de Junts Pel Sí y de la CUP, han iniciado un golpe de estado, al principiar (y como veremos culminar) el trámite legislativo tendiente a convocar oficialmente el referéndum ilegal e inconstitucional del 1º de octubre, proceso que ha contado con la complicidad cuasi delictiva de los legisladores de Podemos.

Todo comenzó cuando los legisladores de las formaciones independentistas procedieron a registrar la petición para que la Mesa del Parlamento admita a trámite la Ley de Referéndum, lo cual ha implicado dar el pistoletazo de salida para la desconexión de Cataluña con España; paso que ha sido continuado con la firma, por parte del Presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, de la ley del referéndum de autodeterminación para el 1º de Octubre.

La intención de los golpistas – concretada finalmente – era forzar la votación, de la citada ley, lo cual se ha visto impulsado por la postura totalitaria de la Presidenta del Parlamento autonómico, Carmen Forcadell, quien incluso ha solicitado la recusación de los miembros del Tribunal Constitucional, por considerarlos "una extensión más del Gobierno del Estado" y que, a juicio de la sediciosa, habrían perdido "toda legitimidad". Dicha postura constituyói un intento desesperado para impedir que el Alto Tribunal no cumpla con sus funciones constitucionales.

Los legisladores golpistas afirmaron asumirán toda la “responsabilidad política” que les correspondiese; pero sin hacer referencia a la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, otra de las leyes con las que pretenden romper definitivamente con España.

En este contexto, la diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha advertido que, aunque se suspenda la ley de referéndum, ello no hará otra cosa que servir de aliento y motor para alcanzar la independencia y, en una muestra adicional de la irracionalidad y fanatismo de la golpista, ha lamentado que el referéndum no sea celebrado en el conjunto de los “països catalans”, otro de los inventos dialécticos de los separatistas.

Frente a este desafío golpista, la oposición ha denunciado el pisoteo de los derechos de los legisladores y la vulneración de toda la normativa legal vigente.

Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, ha acusado a los grupos independentistas de querer convertir la cámara en el “Teatro Nacional de Cataluña” y de querer “suplantar la voluntad de todos los catalanes por una parte de ellos”, acusando a Forcadell de “vulnerar el derecho de todos los diputados”, y recriminando a Puigdemont su ignorancia de los derechos de la oposición y el impulso de medidas sin control democrático.

Por su parte, Ferrán Pedret, del Partido Socialista de Cataluña (PSC), acusó a los independentistas de menospreciar al Parlamento, pisoteando los derechos de la oposición al pedir que se impida a la oposición recurrir al Consejo de Garantías Estatutarias, antes de someter a votación la aprobación de la ley; recordando en su exposición la falta de legitimidad de origen de la denominada Ley del Referéndum.

Incluso el representante de la formación Catalunya Sí Que es Pot, Joan Coscubiela, les ha acusado de invalidar la fórmula del referéndum “para muchos años” al actuar en forma antidemocrática y sin precedentes, colocando a las instituciones autonómicas en un “estado de excepción”, pero demostrando a posteriori, con la posición de su grupo, que son cómplices del “procés”.

El diputado del Partido Popular, Alejandro Fernández, ha expresado que no podía procederse a realizar ningún debate sin aplicar la reconsideración solicitada y, José María Espejo, de Ciudadanos, ha solicitado la palabra para pronunciarse sobre una “cuestión de orden”, lo cual le fue negado por la independentista Forcadell, exponente de la ANC.



 

La independentista convocó a la Junta de Portavoces y a la Mesa del Parlament para analizar las peticiones de reconsideración de la admisión a trámite de la ley de referéndum y, pese a las advertencias de los funcionarios juristas del Parlamento, continuó con el trámite, pese a su flagrante ilegalidad.

El informe de los letrados advierte que la tramitación de las leyes de ruptura choca con las advertencias del Tribunal Constitucional (TC), reprochando el empleo del artículo 81.3 del reglamento para aprobarlas.

Los juristas, Xavier Muro, secretario general del "Parlament", y el letrado mayor Antoni Bayona, advirtieron que la tramitación de las leyes “está afectada por el derecho de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula” la resolución del 9 N, siendo deber de “los miembros de la Mesa impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas por la sentencia del TC, así como abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a las mismas”.

Los letrados han señalado las consecuencias de dicho incumplimiento para los miembros de la Mesa y para cualquier legislador que actúe contra lo dispuesto por el TC; pues, la “eventual tramitación directa de las leyes” mediante el artículo 81.3 del "Parlament", como invocan JxSí y la CUP, “presentaría en la práctica unas características parecidas a un procedimiento de lectura única”.

Lo cierto es que, más allá de las pretendidas justificaciones legales o técnicas de los independentistas, estamos ante la comisión de un delito de sedición y un golpe de estado en toda regla, que exige al Estado constitucional responder con el máximo peso de la ley.

Lo actuado por los independentistas, racistas, xenófobos y totalitarios, no puede sorprender a nadie, pues responde al plan de los enemigos de la Nación española para destruirla.

Los independentistas catalanes constituyen la punta de lanza de una agresión para destruir a España, proyecto que comparten etarras, separatistas gallegos y vascos, sectores anticapitalistas, la izquierda subvencionada por Irán y Venezuela y una buena parte de las organizaciones “feminazis”, partidarias de la ideología de género. Y lo grave es que ayer la autonomía catalana ha dejado de existir.

Los dirigentes independentistas han dado un golpe de estado

No nos encontramos ante un proceso de consulta democrática o de independencia de una región española, sino que estamos un proceso de destrucción de la España constitucional como proyecto colectivo de convivencia social.



De lo contrario, ¿cómo habría de interpretarse lo acontecido en la marcha “ciudadana” tras los atentados islamistas en Cataluña, que los independentistas convirtieron en una marcha contra España y en repudio de la supuesta “islamofobia”?

Frente a ello, ¿qué podemos esperar del Gobierno y de la oposición ante este golpe institucional contra la democracia?: A la luz de los antecedentes: sólo cobardía, genuflexión y traición a la Patria.

En el Parlamento y, tras el informe de los letrados antes citados en este artículo, los legisladores de Ciudadanos, del Partido Socialista de Cataluña y del Partido Popular han solicitado que se declarase nula la publicación de la admisión a trámite de la Ley del Referéndum en el BOP, lo cual fue ignorado por la golpista Forcadell.

E incluso, cuando diputados de la oposición instaron al Consell de Garanties Estatutàries a intervenir, ello fue rechazado por el pleno, con el voto de Junts pel Sí y de las CUP, pese al informe de urgencia emitido por dicho órgano en el que ha reclamado poder pronunciarse antes de que el Parlamento continuase con el procedimiento, lo cual fue rechazado por la cita miembra de la ANC.

Por ello, y ante lo que a todas luces constituye un golpe de estado, se requiere aplicar todo el peso de la ley a los responsables de tal atropello a nuestras libertades, aunque el cobarde Mariano Rajoy difícilmente lo haga.

La situación requiere:

• Aplicar la ley de seguridad del Estado;


• Instar al Pleno del Tribunal Constitucional a adoptar medidas que garanticen la ejecución de la suspensión de la convocatoria a un referéndum ilegal;


• Imponer todas las medidas conducentes a garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones del Alto Tribunal, incluyendo la suspensión en sus funciones de las autoridades que las incumplan;


• Despachar por parte del Tribunal Constitucional, y una vez acordada la suspensión de lo aprobado ilegalmente, los oportunos requerimientos a las autoridades de la Generalidad y del Parlamento catalán para que cumplan con lo dispuesto por el Tribunal, bajo apercibimiento de aplicarles todas las responsabilidades penales derivadas de su incumplimiento;


• Remitir las actuaciones a la Fiscalía en caso de incumplimiento de dicho mandato del Alto Tribunal, ante la existencia de indicios delictivos, y disponiendo la aplicación de medidas coercitivas a los implicados;


• Resolver cuanto antes el incidente de ejecución de sentencia, anunciado por la Vicepresidenta. La reforma de la LOTC abre la vía a la intervención a través de la Abogacía del Estado, pues su artículo 92,3 habilita a las partes a «promover el incidente de ejecución» para proponer al tribunal «las medidas de ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones», medidas que pueden implicar la aplicación de multas a todos los legisladores y funcionarios que han violado la ley (multas de entre 3.000 y 30.000 euros), la suspensión de funciones de dichos funcionarios y otras medidas coercitivas.


• Los golpistas deberán pagar por su actuación y ser procesados penalmente por la presunta comisión de los delitos de desobediencia, malversación de caudales públicos, prevaricación, usurpación de funciones, coacciones y otros delitos;


• Suprimir la autonomía catalana dentro del marco del artículo 155 de la Constitución Nacional, interviniendo el gobierno de la Generalidad y deteniendo inmediatamente a los legisladores y funcionarios que han violado la normativa constitucional y legal vigente;


• Retomar las competencias de seguridad y de educación cedidas a la Generalidad, para cortar de raíz el adoctrinamiento ideológico y la imposición totalitaria de falsedades y mentiras;


• Impedir que los golpistas catalanes intenten apropiarse de los bienes que son del conjunto del pueblo español, tal como han planificado realizar aprobando una “ley de desconexión”.

 

Puigdemont y su banda sólo buscan impunidad para sus delitos y la apropiación ilegal de todos los bienes que, por derecho, son de todos los ciudadanos, pues, de acuerdo a lo establecido en su proyecto de Ley de Transitoriedad, tras la celebración del referéndum el próximo 1 de octubre, se procedería a repartir todos los activos y deudas entre la Generalidad Catalana y el resto de España. Pero  lo cierto es que Cataluña es una ruina, Cataluña es  un inmenso estercolero producto de las medidas adoptadas por la casta política más corrupta de Europa.

Y tras el golpe pretenden continuar robándonos todo lo que puedan. Así, en el texto legal antes mencionado, disponen que "el Estado catalán sucede al Estado español en la titularidad de cualquier clase de derecho real sobre todo tipo de bienes en Cataluña"., lo cual guarda relación con un informe que los separatistas solicitaron al Consejo Asesor para la Transición Nacional (en el año 2014), y con un informe elaborado por la Fundación Josep Irla, vinculada a ERC, en el que se calculan activos de capital físico por un total de 100.000 millones de euros (como edificios, servicios y corporaciones públicos tales como inmuebles, empresas, puertos, aeropuertos, carreteras, barcos, aeronaves, trenes, centros educativos y sanitarios, etc.). A ello sumarían el valor de los bienes militares que aún no habrían sido incluidos, y la propiedad de una parte de los activos que el Gobierno central, la Seguridad Social y el Banco de España poseen en Cataluña, incluyendo las reservas del Estado en metales preciosos, euros y otras divisas; las cuentas corrientes; los títulos y acciones de empresas privadas; corporaciones públicas empresariales; fundaciones; créditos concedidos a terceros países o entidades de Derecho Internacional Público; los bienes públicos ubicados en el extranjero (embajadas, consulados, sedes de instituciones y organismos públicos, bases científicas, plataformas petrolíferas…); satélites e instalaciones espaciales; el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, los archivos del Estado; el patrimonio histórico, artístico y cultural, etc.

Considerando que el Gobierno central posee más de 516.000 millones en activos financieros, 40.000 millones pertenecientes a la Seguridad Social y cerca de 60.000 millones en reservas internacionales del Banco de España, los golpistas reclamarían unos 123.000 millones en función de su PIB (20%), que deberían ser sumados a los más de 100.000 millones ya descritos y unos 223.000 millones de euros del Estado. Con ello pretenden que Cataluña nazca como estado independiente con solvencia financiera.

Y esto no sería diferente a permitir que un violador siga ultrajando a su víctima con el agravante de apropiarse de todos sus bienes.

Los independentistas han aprobado una de las leyes que consideran claves para romper el orden constitucional español. La ley debe caer sobre los legisladores y funcionarios de Junts Pel Sí y de la CUP, y también sobre quienes han sido cómplices de la maniobra golpista, con su abstencionismo.



Frente al golpe de estado y a la violación de la Constitución y de las leyes, y ante un inminente referéndum ilegal, con un censo a medida, hay que actuar con dureza respecto a los autores, cómplices e instigadores de estos delitos, expulsar de sus cargos a los funcionarios que se han rebelado contra la Constitución que juraron defender, incluyendo la suspensión de pago de sus salarios, pagados con nuestros impuestos.

Tras la consumación del golpe, sólo corresponde responder con firmeza, incluso respecto a quienes, incumpliendo sus funciones, no defiendan a la Nación Española y a sus ciudadanos ante semejante ataque.