Una vez comenzado el tiempo electoral, Mariano Rajoy Brey y sus ministros no han hecho otra cosa más que hablar de las “virtudes y fortalezas de la economía española” y que la crisis habría llegado a su fin, para dar comienzo a una etapa de crecimiento macroeconómico, aumento del empleo y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Sin embargo, nada hay más lejano a la verdad.
Según datos publicados por Eurostat y por prestigiosos economistas de nuestro país, y del extranjero, la deuda pública externa de España ha superado el 100 % del Producto Interior Bruto o, en términos absolutos, los 330.000 millones de euros.
Esta deuda constituye una “LOSA” sobre la actual generación de contribuyentes, sobre sus hijos (millones de jóvenes sin empleo y, en el mejor de los casos, con estudios y salarios de setecientos euros mensuales) y sobre sus nietos pues Rajoy, a diferencia de lo acontecido en Grecia donde, en su momento, el gobierno de ese país logró una quita del 50% de la deuda externa nacional, se ha empeñado durante su gobierno en pagar la deuda a la banca extranjera, hipotecando nuestro futuro y a costa de incrementar la presión tributaria hasta límites confiscatorios.
Porque Rajoy, Montoro, De Guindos y sus ministros no sólo han traicionado el ideario político del Partido Popular sino que, fundamentalmente, han traicionado los principios liberales que, en lo económico, habían constituido el programa de esa formación política.
Mientras el programa del Partido Popular postulaba la reducción de impuestos, Rajoy los ha subido mucho más que el nefasto Rodríguez Zapatero y muy por encima de lo que el Partido Comunista de España había propuesto.
Pero Rajoy no sólo ha incrementado los impuestos, sino que a la deuda pública oficial ya descripta habría que sumarle lo que se denomina “deuda oculta” de las administraciones públicas y que representaría un 31,34 % del PIB, o lo que es lo mismo, 334.000 millones de euros; deuda constituida por garantías que el Estado español ha dado sobre préstamos o bonos.
Sólo Irlanda, Austria y Finlandia superan a España en dicho porcentaje y la “castigada” Grecia sólo alcanza un 3, 67 % del PIB en lo que a deuda oculta se refiere.
Las garantías suscriptas por el Estado español han crecido un 40% en los últimos 4 años lo cual constituye un fracaso absoluto de la gestión económica del gobierno de Rajoy y constituye más deuda.
Otras obligaciones del Estado español que pesarán sobre esta generación y, al menos, las dos siguientes se encuentran representadas por las obligaciones derivadas de alianzas públicas privadas, que alcanzarían otros 2.300 millones de euros que habría que sumar a la deuda pública y a la deuda oculta.
Pero a ello aún faltaría sumar los impagos de la administración pública cuando esos pagos superan en mora los 90 días, lo cual representaría otros 2.029 millones de euros.
En conclusión, Rajoy nos ha conducido a una situación dramática, con un 140 % de endeudamiento externo sobre el PIB y lo que es peor, avalando con el dinero de todos los contribuyentes a los separatistas catalanes, a las comunidades autónomas dispendiosas, a Cajas y entidades financieras corruptas, a partidos políticos (que nunca deberían haber recibido ni un solo euro del dinero de los contribuyentes), sindicatos y otras organizaciones.
Dicha situación conducirá, en caso de no adoptar las medidas necesarias conducentes a disminuir el gasto público, a un estallido aún peor que el que vivimos al estallar la burbuja inmobiliaria.
Pero, en tal caso, los efectos serán aún peores, pues España, y Europa, no sólo están perdiendo competitividad internacional sino que, día a día, ven cómo su moneda común pierde valor; en un contexto internacional caracterizado por la baja del precio del petróleo, por la pérdida de confianza respecto al futuro de la Unión Europea frente al crecimiento económico de los antaño denominados “mercados emergentes”.
Empero, lejos de las estadísticas macroeconómicas y lejos del exultante tono de Montoro, de De Guindos o de Rajoy, el endeudamiento español tendrá gravísimas consecuencias en la microeconomía, es decir, en la cotidianeidad de los hombres y mujeres que habitan este país llamado España.
Aunque Eurostat nos haya informado de que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona se aceleró en el último trimestre de 2014 al 0,3% en comparación con los tres meses anteriores y que España, junto a Alemania y a Estonia se encuentran a la cabeza de ese crecimiento, lo cierto es que, bajo el gobierno de Rajoy (continuando la política nefasta de José Luis Rodríguez Zapatero), se ha incrementado la desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza.
Hace décadas, en las grandes empresas españolas, las diferencias salariales eran de 1 a 25, mientras que, en la actualidad, alcanzan desproporciones de 1 a 300.
Bastaría con comparar las escalas retributivas del personal bancario con las retribuciones millonarias de una casta de directivos que, sobre todo en el caso de las Cajas deficitarias de las autonomías, condujeron a esas entidades a la quiebra. Algo similar ocurre con grandes empresas del sector privado, del transporte aéreo, de las telecomunicaciones, o de lobbies varios, que han resultado beneficiarios directos de una política fiscal que ha castigado a los pequeños y medianos contribuyentes y que, por el contrario, ha beneficiado a las SICAV, a las castas políticas parasitarias de las Comunidades Autónomas, a los máximos dirigentes de sindicatos y a la partitocracia nacida de la transición cuyas corruptelas han conducido a España a esta crisis económica, a esta miseria moral y a esta falta de horizontes a corto y mediano plazo.
Sin embargo seamos claros: no sólo (ni siquiera) Rajoy es el máximo culpable de la actual debacle moral y económica. Ha sido el PSOE de Rodríguez Zapatero y de Rubalcaba, han sido los separatistas y secesionistas catalanes y vascos, ha sido la mayor trama de corrupción habida en los últimos años en Andalucía, han sido los “izquierdistas subvencionados”, ayer asesores de Izquierda Unida, hoy “pseudo revolucionarios de izquierda subvencionados por Venezuela” y han sido, en definitiva, todos aquellos que, lejos de defender la unidad e integridad del Estado Español, la igualdad de todos sus habitantes ante la ley, tanto en los deberes como respecto a los derechos o la libertad económica y el respeto a la propiedad privada, han optado por rendirse ante el separatismo, por endeudar a tres generaciones en una forma absolutamente criminal y por aumentar los impuestos confiscatoriamente.
La desigualdad campa a sus anchas en suelo español y, lamentablemente, ni el PP de Rajoy, ni el PSOE de Zapatero – Rubalcaba – Díaz o Sánchez, ni los separatistas vascos o catalanes, ni los neo comunistas aduladores del chequismo y de regímenes totalitarios, harán nada para que el futuro de España no sea tan negro.
Queda en los ciudadanos, únicos titulares del poder político, el deber y la responsabilidad de apoyar proyectos auténticamente regeneracionistas; proyectos que impulsen la independencia del Poder Judicial, la eliminación de las Comunidades Autónomas, la bajada de impuestos, la defensa de la unidad e integridad de España y que defiendan la propiedad, la vida y la libertad económica de los ciudadanos.
No hay soluciones mágicas. El futuro es muy negro, tanto en materia de endeudamiento externo, como en lo que respecta al empleo, al consumo, a la inversión y al bienestar de los ciudadanos. De no adoptar medidas urgentes continuaremos viendo centros comerciales cuasi – desiertos, cierre de comercios, colas crecientes en las oficinas de empleo o más personas en la indigencia.
Pero no todo está perdido. España es un gran país y siempre puede haber salida. Todo dependerá de lo que, en este corto plazo electoralista, decidan los ciudadanos.
Sin embargo, nada hay más lejano a la verdad.
Según datos publicados por Eurostat y por prestigiosos economistas de nuestro país, y del extranjero, la deuda pública externa de España ha superado el 100 % del Producto Interior Bruto o, en términos absolutos, los 330.000 millones de euros.
Esta deuda constituye una “LOSA” sobre la actual generación de contribuyentes, sobre sus hijos (millones de jóvenes sin empleo y, en el mejor de los casos, con estudios y salarios de setecientos euros mensuales) y sobre sus nietos pues Rajoy, a diferencia de lo acontecido en Grecia donde, en su momento, el gobierno de ese país logró una quita del 50% de la deuda externa nacional, se ha empeñado durante su gobierno en pagar la deuda a la banca extranjera, hipotecando nuestro futuro y a costa de incrementar la presión tributaria hasta límites confiscatorios.
Porque Rajoy, Montoro, De Guindos y sus ministros no sólo han traicionado el ideario político del Partido Popular sino que, fundamentalmente, han traicionado los principios liberales que, en lo económico, habían constituido el programa de esa formación política.
Mientras el programa del Partido Popular postulaba la reducción de impuestos, Rajoy los ha subido mucho más que el nefasto Rodríguez Zapatero y muy por encima de lo que el Partido Comunista de España había propuesto.
Pero Rajoy no sólo ha incrementado los impuestos, sino que a la deuda pública oficial ya descripta habría que sumarle lo que se denomina “deuda oculta” de las administraciones públicas y que representaría un 31,34 % del PIB, o lo que es lo mismo, 334.000 millones de euros; deuda constituida por garantías que el Estado español ha dado sobre préstamos o bonos.
Sólo Irlanda, Austria y Finlandia superan a España en dicho porcentaje y la “castigada” Grecia sólo alcanza un 3, 67 % del PIB en lo que a deuda oculta se refiere.
Las garantías suscriptas por el Estado español han crecido un 40% en los últimos 4 años lo cual constituye un fracaso absoluto de la gestión económica del gobierno de Rajoy y constituye más deuda.
Otras obligaciones del Estado español que pesarán sobre esta generación y, al menos, las dos siguientes se encuentran representadas por las obligaciones derivadas de alianzas públicas privadas, que alcanzarían otros 2.300 millones de euros que habría que sumar a la deuda pública y a la deuda oculta.
Pero a ello aún faltaría sumar los impagos de la administración pública cuando esos pagos superan en mora los 90 días, lo cual representaría otros 2.029 millones de euros.
En conclusión, Rajoy nos ha conducido a una situación dramática, con un 140 % de endeudamiento externo sobre el PIB y lo que es peor, avalando con el dinero de todos los contribuyentes a los separatistas catalanes, a las comunidades autónomas dispendiosas, a Cajas y entidades financieras corruptas, a partidos políticos (que nunca deberían haber recibido ni un solo euro del dinero de los contribuyentes), sindicatos y otras organizaciones.
Dicha situación conducirá, en caso de no adoptar las medidas necesarias conducentes a disminuir el gasto público, a un estallido aún peor que el que vivimos al estallar la burbuja inmobiliaria.
Pero, en tal caso, los efectos serán aún peores, pues España, y Europa, no sólo están perdiendo competitividad internacional sino que, día a día, ven cómo su moneda común pierde valor; en un contexto internacional caracterizado por la baja del precio del petróleo, por la pérdida de confianza respecto al futuro de la Unión Europea frente al crecimiento económico de los antaño denominados “mercados emergentes”.
Empero, lejos de las estadísticas macroeconómicas y lejos del exultante tono de Montoro, de De Guindos o de Rajoy, el endeudamiento español tendrá gravísimas consecuencias en la microeconomía, es decir, en la cotidianeidad de los hombres y mujeres que habitan este país llamado España.
Aunque Eurostat nos haya informado de que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona se aceleró en el último trimestre de 2014 al 0,3% en comparación con los tres meses anteriores y que España, junto a Alemania y a Estonia se encuentran a la cabeza de ese crecimiento, lo cierto es que, bajo el gobierno de Rajoy (continuando la política nefasta de José Luis Rodríguez Zapatero), se ha incrementado la desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza.
Hace décadas, en las grandes empresas españolas, las diferencias salariales eran de 1 a 25, mientras que, en la actualidad, alcanzan desproporciones de 1 a 300.
Bastaría con comparar las escalas retributivas del personal bancario con las retribuciones millonarias de una casta de directivos que, sobre todo en el caso de las Cajas deficitarias de las autonomías, condujeron a esas entidades a la quiebra. Algo similar ocurre con grandes empresas del sector privado, del transporte aéreo, de las telecomunicaciones, o de lobbies varios, que han resultado beneficiarios directos de una política fiscal que ha castigado a los pequeños y medianos contribuyentes y que, por el contrario, ha beneficiado a las SICAV, a las castas políticas parasitarias de las Comunidades Autónomas, a los máximos dirigentes de sindicatos y a la partitocracia nacida de la transición cuyas corruptelas han conducido a España a esta crisis económica, a esta miseria moral y a esta falta de horizontes a corto y mediano plazo.
Sin embargo seamos claros: no sólo (ni siquiera) Rajoy es el máximo culpable de la actual debacle moral y económica. Ha sido el PSOE de Rodríguez Zapatero y de Rubalcaba, han sido los separatistas y secesionistas catalanes y vascos, ha sido la mayor trama de corrupción habida en los últimos años en Andalucía, han sido los “izquierdistas subvencionados”, ayer asesores de Izquierda Unida, hoy “pseudo revolucionarios de izquierda subvencionados por Venezuela” y han sido, en definitiva, todos aquellos que, lejos de defender la unidad e integridad del Estado Español, la igualdad de todos sus habitantes ante la ley, tanto en los deberes como respecto a los derechos o la libertad económica y el respeto a la propiedad privada, han optado por rendirse ante el separatismo, por endeudar a tres generaciones en una forma absolutamente criminal y por aumentar los impuestos confiscatoriamente.
La desigualdad campa a sus anchas en suelo español y, lamentablemente, ni el PP de Rajoy, ni el PSOE de Zapatero – Rubalcaba – Díaz o Sánchez, ni los separatistas vascos o catalanes, ni los neo comunistas aduladores del chequismo y de regímenes totalitarios, harán nada para que el futuro de España no sea tan negro.
Queda en los ciudadanos, únicos titulares del poder político, el deber y la responsabilidad de apoyar proyectos auténticamente regeneracionistas; proyectos que impulsen la independencia del Poder Judicial, la eliminación de las Comunidades Autónomas, la bajada de impuestos, la defensa de la unidad e integridad de España y que defiendan la propiedad, la vida y la libertad económica de los ciudadanos.
No hay soluciones mágicas. El futuro es muy negro, tanto en materia de endeudamiento externo, como en lo que respecta al empleo, al consumo, a la inversión y al bienestar de los ciudadanos. De no adoptar medidas urgentes continuaremos viendo centros comerciales cuasi – desiertos, cierre de comercios, colas crecientes en las oficinas de empleo o más personas en la indigencia.
Pero no todo está perdido. España es un gran país y siempre puede haber salida. Todo dependerá de lo que, en este corto plazo electoralista, decidan los ciudadanos.
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