En el día de hoy, 9 de Noviembre de 2014, se ha desarrollado en Cataluña una jornada de “participación” en la cual, según las autoridades de la Generalidad, habrían participado 1.977-531 personas.
La jornada ha sido valorada positivamente por los líderes separatistas y marca un nuevo desafío y un atentado contra la integridad y unidad de España. Incluso presuntos delincuentes, como Arturo Mas, han calificado este día como una jornada que ha sido “una lección de democracia en mayúsculas”; declaración cuanto menos curiosa y que ha sido emitida por quien, en cualquier país serio, ya habría sido destituido de su cargo y, posiblemente, puesto entre rejas.
Sin embargo, la participación de la “ciudadanía” sólo representa un 31,77 % de todas las personas censadas en la comunidad catalana, con más de 16 años de edad y que, según la propia Generalidad, estaban en condiciones de participar.
Y ese porcentaje de participación ha sido 22 puntos inferior a la participación de los ciudadanos en las pasadas elecciones generales de 2011; lo cual demuestra que, incluso ejerciendo todas las presiones habidas y por haber, destinando millonarias sumas de dinero (que pagamos todos los contribuyentes de España) a publicidad, urnas, compra de voluntades y pago de subsidios a ONGs y entidades amigas, el separatismo tendrá mucho camino por recorrer si quiere destruir la unidad de España.
¿Qué ha hecho el Gobierno de España frente a esta vulneración de la legalidad?
En principio, digamos que nada, como es propio de la naturaleza política de Mariano Rajoy Brey quien ha renunciado a la política con mayúsculas traicionando el voto de millones de ciudadanos.
A pocas horas de la celebración de la consulta “ilegal” del 9N, la Fiscalía Superior de Cataluña había solicitado al Departamento de Educación de la Generalitat que le informase sobre si había ordenado la puesta a disposición de centros educativos para realizar la consulta; dirigiendo un oficio urgente al Director General de los Mossos d'Esquadra para determinar en qué locales se celebraría el proceso participativo así como para identificar a los responsables de cada local.
En esas horas previas al 9N, Mariano Rajoy había instado a Arturo Mas a "recuperar la cordura" el lunes y a hablar "dentro de la ley", afirmando que " lo de mañana se le podrá llamar como se quiera, pero ni es un referéndum ni una consulta ni nada que se le parezca. No la voy a calificar. Pero no tendrá ningún efecto"
Sin embargo, pese a esas tardías declaraciones, Rajoy se había equivocado una vez más.
El Presidente había ignorado todas las advertencias que, desde hace años, desde diversos sectores de la sociedad civil, desde organizaciones empresariales, desde partidos políticos constitucionales y desde organizaciones ciudadanos se le habían realizado respecto a la deriva del separatismo catalán.
Rajoy, pese a todas esas advertencias y al accionar de las autoridades de la Generalidad, continuó vaciando los bolsillos de todos los contribuyentes para entregar nuestro dinero a una banda de despilfarradores disfrazados de señera, muchos de los cuales han demostrado ser presuntos “chorizos” insuflados de separatismo.
Mariano Rajoy habría traicionado así a millones de votantes – a quienes le habían dado a su partido mayoría absoluta para gobernar – al no defender la unidad e integridad de la Nación Española, al no impulsar la aplicación del artículo 155 de la Constitución Nacional, suspendiendo la autonomía catalana, y al ofrecer “diálogo” a quienes, cual un asesino a traición, no han dudado en clavarle puñalada tras puñalada a la Constitución.
Rajoy, desde el inicio de su legislatura, no habría hecho otra cosa más que aumentar la presión tributaria (imponiendo más de cincuenta subidas de impuestos), incrementar el endeudamiento externo de la Nación y, por si fuera poco, financiar el despilfarro y el separatismo catalán, cuyas autoridades, al frente de la Generalidad, han endeudado a dicha autonomía hasta límites inimaginables.
Sin ir más lejos, ese endeudamiento constituye más del 35% de todo el endeudamiento español.
En todos estos meses y años previos, Rajoy ha permanecido impasible ante la presunta comisión de varios ilícitos penales por parte de las autoridades de la Generalidad; autoridades que, ignorando lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en el sentido de suspender la consulta, votación, referéndum o como quieran disfrazarlo, continuaron con el proceso ilegal de consulta materializado hoy.
Que el separatismo catalán ha engañado, discriminado, mentido, extorsionado, presionado y aplicado políticas inconstitucionales en los últimos años, a pocos observadores de la historia de los últimos años podría llamarles la atención.
Pero que el Gobierno de España no haya defendido la constitucionalidad española, la igualdad de todos los habitantes ante la Ley, el cumplimiento de resoluciones judiciales o hubiera impulsado la imputación de los políticos y gobernantes catalanes que han desafiado la legalidad vigente, eso sí que debería llamarnos a la reflexión.
Si, a la luz de lo acontecido este 9 N, el separatismo catalán (xenófobo, totalitario, discriminador y corrupto) ha utilizado todos los resortes del poder, impulsando todo tipo de negocios, tráfico de influencias, reparto de favores y compra de voluntades, financiando a fundaciones, ongs, “asambleas nacionales” y otros “engendros” separatistas; resulta llamativo y preocupante que el Gobierno de España no haya hecho todo lo posible para impedir la violación de resoluciones judiciales y toda una política separatista rayana en un golpe de Estado.
Mariano Rajoy habría dejado abandonados a su suerte a millones de españoles, a millones de personas que, lejos de compartir los postulados separatistas, han visto afectados sus derechos lingüísticos, a millones de personas que, diariamente, son discriminadas, perseguidas, censuradas por hablar en español, por pensar en español o simplemente por no ser separatistas.
Gracias a Mariano Rajoy y a su gobierno, miles de personas han tenido que “exilarse” dentro de su propio país, para escapar del separatismo y de la presión y corruptelas de los independentistas.
Se ha desarrollado así un proceso similar al acontecido en las Vascongadas donde, desde tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora de Rajoy, el Estado Nacional ha cedido facultades y espacios políticos a favor de los separatistas (léase, a favor del entorno proetarra), concediendo indultos a los pocos condenados por corrupción en el pesebre catalán, o mostrándose complaciente ante los presuntos delitos fiscales (y de otro tipo) que habrían cometido los Pujol o líderes políticos independentistas, en complicidad con empresarios, políticos de Convergencia y Unión y otros allegados al poder de la Generalidad.
En el día de la fecha, se ha consumado un grave atentado contra el estado de derecho y la legalidad; pues, las autoridades de la Generalidad, pese a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en el sentido de suspender la consulta, continuaron con dicho proceso, habiendo realizado todo lo inimaginable para poder concretar su consulta; más allá de que la misma, finalmente, fuera planteada como una consulta ciudadana realizada por plataformas varias.
Ante esos hechos, y nuevamente tardíamente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy recurrió ante el Tribunal Constitucional, órgano que había determinado la suspensión de la consulta alternativa en lugar de presentar un “incidente de ejecución”, el cual hubiese implicado la remisión del mismo a la Fiscalía General del Estado para que fuese el propio Ministerio Público o las Fuerzas de Seguridad del Estado los que hicieren cumplir la resolución judicial.
Es decir, Mariano Rajoy, como Presidente del Gobierno, no habría hecho todo lo posible para impulsar a la Fiscalía a accionar penalmente contra Arturo Mas y las autoridades de la Generalidad de Cataluña por, cuanto menos, la presunta comisión de un delito de desobediencia.
Lamentablemente, sólo Unión Progreso y Democracia, y el Sindicato Manos Limpias, presentaron sendas querellas contra Arturo Mas, por desobediencia, ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El pasado sábado, Rajoy, desde Cáceres, se limitó a decir que: “No se puede obviar ni la Constitución ni la ley ni la soberanía nacional y lo que conviene (en referencia al presidente catalán, Arturo Mas) es que el próximo lunes se recupere la cordura y hablemos dentro del marco constitucional y de la ley para trabajar en mejorar el bienestar de los ciudadanos y atender las preocupaciones del día a día de esos mismos ciudadanos".
Es decir, Mariano Rajoy se limitó a comportarse como Mariano Rajoy o, lo que es lo mismo, como una persona que habiendo sorprendido a su pareja en la cama con otra persona se ha negado a “querer verlo”.
Mariano, como la persona engañada que se niega a asumir su condición, se ha negado a enfrentarse con los separatistas catalanes a quienes, lógicamente, no les importa la Constitución, ni las Leyes de la Nación, ni la soberanía española que reside en el conjunto de todos los ciudadanos españoles, ni mucho menos el bienestar de los propios catalanes.
Como hemos afirmado en otros artículos, España se encuentra hoy ante un grave peligro, pues son muchos los enemigos que desean destrozarla.
Por un lado, los nacionalistas catalanes, desde el poder del propio Estado Español, han concretado un proceso de consulta claramente ilegal.
Por otro lado, los separatistas vascos, los nacionalistas gallegos y los anexionistas valencianos, entre otros, esperan su turno.
A ese desafío que podría conducir a la declaración unilateral de “Estado catalán”, o de “republiqueta catalana”, habría que sumar el poco halagüeño horizonte que nos aguarda si, como vaticinan algunos sondeos, la izquierda radical, leninista, bolivariana, accediese a formar gobierno mediante un nuevo “Frente Popular”, integrado junto al PSOE, a Izquierda Unida y otras fuerzas políticas.
Pareciera que todos esos frentes de conflicto, tenderían a unirse a efectos de transformar a España en una nueva Yugoslavia.
Y en este escenario, lamentablemente, Mariano Rajoy Brey habría claudicado.
El Presidente habría mentido al afirmar que el referéndum de autodeterminación no se iba a celebrar.
Y el Presidente del Gobierno habría continuado en un estado de ceguera ante los peligros a que se enfrenta España.
El Gobierno de España, a través de uno de sus ministros (Rafael Catalá) ha afirmado que hoy se ha desarrollado una "jornada de propaganda política, organizada por fuerzas partidarias de la independencia y carente de cualquier tipo de validez democrática".
Y, aunque sea verdad lo afirmado por el Ministro, en el sentido de que el proceso desarrollado el 9N se llevó a cabo al margen de “cualquier marco jurídico”, sin amparo ni en las leyes catalanas, ni en un decreto de convocatoria, ni reuniendo garantías de imparcialidad y de legalidad, y sin garantizar la igualdad de todos los catalanes, eso no quita que los independentistas sacaron las urnas a la calle, dilapidaron millones de euros en financiar una consulta ilegal para perpetrar un atentado contra el ordenamiento jurídico y la Constitución Nacional.
Esa claudicación de Rajoy ha envalentonado a los separatistas catalanes.
Los independentistas, y sus “colectivos afines”, como la Asamblea Nacional de Cataluña (ejemplo), han perpetrado su ilegal consulta utilizando a miles de “voluntarios”, señalando como “amigos” a aquellos comercios y establecimientos que apoyan el proceso de independencia, y dando consignas cuasi militares a sus cuadros: solicitándoles que acudiesen cuanto antes a los “colegios electorales”, que mantuviesen la “calma y la tranquilidad” evitando “provocaciones” (como si la primera provocación no fuese la de incumplir la ley, resoluciones judiciales o atentar contra la Constitución); cuidando “la imagen de la votación” o, lo que es lo mismo, permaneciendo en inmediaciones de los colegios tras haber votado, e indicándoles que permaneciesen atentos a las redes sociales para recibir instrucciones de la elite separatista.
En definitiva, los traidores a España han continuado consumando su golpe de estado contra la legalidad y constitucionalidad vigentes; los presuntos corruptos han ejercido su “derecho al voto” y la maquinaria separatista ha funcionado como un aceitado mecanismo frente a la inacción del Gobierno de Mariano Rajoy Brey.
El 9N ha constituido una jornada de vergüenza, el día en que un poder autonómico prostituido por el separatismo cleptómano ha realizado su consulta y ha mostrado la debilidad del Poder Judicial.
Los separatistas han cumplido su objetivo, pese a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, pese a la corrupción de sus políticos y pese al posible reproche penal al que se podrían enfrentar sus dirigentes.
ERC ha salido fortalecida pues, en caso que el “proceso” cueste su cargo a Arturo Mas (y la pérdida del gobierno para CiU), allí estarán los chicos de la Esquerra para luchar por la independencia y para arrastrar a las “masas disfrazadas de banderitas esteladas”.
Y todo ello ante los ojos de un Presidente del Gobierno al que solo pareciera importarle acabar su legislatura y presentarse como candidato en las generales, erigiéndose como única alternativa ante la izquierda radical.
Pero si Rajoy cree, sueña, o se lo ha contado Arriola, que podrá recuperar o aglutinar el voto de los que fueron suyos, capitalizar el voto del miedo a los neo-chequistas y obtener el mayor número de sufragios, está muy equivocado.
Su traición política y su falta de principios han herido de muerte las aspiraciones de gobierno del Partido Popular, y han dinamitado, lo cual es mucho más grave, los cimientos jurídico constitucionales del Estado español
Porque a Mariano sólo le importa Mariano.
De allí que resulte tan comprensible su claudicación ante el separatismo catalán y su desprecio absoluto hacia todos los ciudadanos, únicos depositarios de la soberanía nacional y a quienes el Presidente del Gobierno debería haber defendido de tanto “chorizo”, de tanto “corrupto” y de tanto “golpista”.
Lamentablemente Mariano Rajoy Brey es el Presidente de un Gobierno fantasma y será recordado, sin lugar a dudas, como uno de los principales responsables del hundimiento de la España constitucional que muchos de nosotros nos empeñamos, y nos empeñaremos, en defender, pese a Mariano, pese a sus ministros y pese a que los enemigos de la Nación crean haber triunfado.
La jornada ha sido valorada positivamente por los líderes separatistas y marca un nuevo desafío y un atentado contra la integridad y unidad de España. Incluso presuntos delincuentes, como Arturo Mas, han calificado este día como una jornada que ha sido “una lección de democracia en mayúsculas”; declaración cuanto menos curiosa y que ha sido emitida por quien, en cualquier país serio, ya habría sido destituido de su cargo y, posiblemente, puesto entre rejas.
Sin embargo, la participación de la “ciudadanía” sólo representa un 31,77 % de todas las personas censadas en la comunidad catalana, con más de 16 años de edad y que, según la propia Generalidad, estaban en condiciones de participar.
Y ese porcentaje de participación ha sido 22 puntos inferior a la participación de los ciudadanos en las pasadas elecciones generales de 2011; lo cual demuestra que, incluso ejerciendo todas las presiones habidas y por haber, destinando millonarias sumas de dinero (que pagamos todos los contribuyentes de España) a publicidad, urnas, compra de voluntades y pago de subsidios a ONGs y entidades amigas, el separatismo tendrá mucho camino por recorrer si quiere destruir la unidad de España.
¿Qué ha hecho el Gobierno de España frente a esta vulneración de la legalidad?
En principio, digamos que nada, como es propio de la naturaleza política de Mariano Rajoy Brey quien ha renunciado a la política con mayúsculas traicionando el voto de millones de ciudadanos.
A pocas horas de la celebración de la consulta “ilegal” del 9N, la Fiscalía Superior de Cataluña había solicitado al Departamento de Educación de la Generalitat que le informase sobre si había ordenado la puesta a disposición de centros educativos para realizar la consulta; dirigiendo un oficio urgente al Director General de los Mossos d'Esquadra para determinar en qué locales se celebraría el proceso participativo así como para identificar a los responsables de cada local.
En esas horas previas al 9N, Mariano Rajoy había instado a Arturo Mas a "recuperar la cordura" el lunes y a hablar "dentro de la ley", afirmando que " lo de mañana se le podrá llamar como se quiera, pero ni es un referéndum ni una consulta ni nada que se le parezca. No la voy a calificar. Pero no tendrá ningún efecto"
Sin embargo, pese a esas tardías declaraciones, Rajoy se había equivocado una vez más.
El Presidente había ignorado todas las advertencias que, desde hace años, desde diversos sectores de la sociedad civil, desde organizaciones empresariales, desde partidos políticos constitucionales y desde organizaciones ciudadanos se le habían realizado respecto a la deriva del separatismo catalán.
Rajoy, pese a todas esas advertencias y al accionar de las autoridades de la Generalidad, continuó vaciando los bolsillos de todos los contribuyentes para entregar nuestro dinero a una banda de despilfarradores disfrazados de señera, muchos de los cuales han demostrado ser presuntos “chorizos” insuflados de separatismo.
Mariano Rajoy habría traicionado así a millones de votantes – a quienes le habían dado a su partido mayoría absoluta para gobernar – al no defender la unidad e integridad de la Nación Española, al no impulsar la aplicación del artículo 155 de la Constitución Nacional, suspendiendo la autonomía catalana, y al ofrecer “diálogo” a quienes, cual un asesino a traición, no han dudado en clavarle puñalada tras puñalada a la Constitución.
Rajoy, desde el inicio de su legislatura, no habría hecho otra cosa más que aumentar la presión tributaria (imponiendo más de cincuenta subidas de impuestos), incrementar el endeudamiento externo de la Nación y, por si fuera poco, financiar el despilfarro y el separatismo catalán, cuyas autoridades, al frente de la Generalidad, han endeudado a dicha autonomía hasta límites inimaginables.
Sin ir más lejos, ese endeudamiento constituye más del 35% de todo el endeudamiento español.
En todos estos meses y años previos, Rajoy ha permanecido impasible ante la presunta comisión de varios ilícitos penales por parte de las autoridades de la Generalidad; autoridades que, ignorando lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en el sentido de suspender la consulta, votación, referéndum o como quieran disfrazarlo, continuaron con el proceso ilegal de consulta materializado hoy.
Que el separatismo catalán ha engañado, discriminado, mentido, extorsionado, presionado y aplicado políticas inconstitucionales en los últimos años, a pocos observadores de la historia de los últimos años podría llamarles la atención.
Pero que el Gobierno de España no haya defendido la constitucionalidad española, la igualdad de todos los habitantes ante la Ley, el cumplimiento de resoluciones judiciales o hubiera impulsado la imputación de los políticos y gobernantes catalanes que han desafiado la legalidad vigente, eso sí que debería llamarnos a la reflexión.
Si, a la luz de lo acontecido este 9 N, el separatismo catalán (xenófobo, totalitario, discriminador y corrupto) ha utilizado todos los resortes del poder, impulsando todo tipo de negocios, tráfico de influencias, reparto de favores y compra de voluntades, financiando a fundaciones, ongs, “asambleas nacionales” y otros “engendros” separatistas; resulta llamativo y preocupante que el Gobierno de España no haya hecho todo lo posible para impedir la violación de resoluciones judiciales y toda una política separatista rayana en un golpe de Estado.
Mariano Rajoy habría dejado abandonados a su suerte a millones de españoles, a millones de personas que, lejos de compartir los postulados separatistas, han visto afectados sus derechos lingüísticos, a millones de personas que, diariamente, son discriminadas, perseguidas, censuradas por hablar en español, por pensar en español o simplemente por no ser separatistas.
Gracias a Mariano Rajoy y a su gobierno, miles de personas han tenido que “exilarse” dentro de su propio país, para escapar del separatismo y de la presión y corruptelas de los independentistas.
Se ha desarrollado así un proceso similar al acontecido en las Vascongadas donde, desde tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora de Rajoy, el Estado Nacional ha cedido facultades y espacios políticos a favor de los separatistas (léase, a favor del entorno proetarra), concediendo indultos a los pocos condenados por corrupción en el pesebre catalán, o mostrándose complaciente ante los presuntos delitos fiscales (y de otro tipo) que habrían cometido los Pujol o líderes políticos independentistas, en complicidad con empresarios, políticos de Convergencia y Unión y otros allegados al poder de la Generalidad.
En el día de la fecha, se ha consumado un grave atentado contra el estado de derecho y la legalidad; pues, las autoridades de la Generalidad, pese a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en el sentido de suspender la consulta, continuaron con dicho proceso, habiendo realizado todo lo inimaginable para poder concretar su consulta; más allá de que la misma, finalmente, fuera planteada como una consulta ciudadana realizada por plataformas varias.
Ante esos hechos, y nuevamente tardíamente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy recurrió ante el Tribunal Constitucional, órgano que había determinado la suspensión de la consulta alternativa en lugar de presentar un “incidente de ejecución”, el cual hubiese implicado la remisión del mismo a la Fiscalía General del Estado para que fuese el propio Ministerio Público o las Fuerzas de Seguridad del Estado los que hicieren cumplir la resolución judicial.
Es decir, Mariano Rajoy, como Presidente del Gobierno, no habría hecho todo lo posible para impulsar a la Fiscalía a accionar penalmente contra Arturo Mas y las autoridades de la Generalidad de Cataluña por, cuanto menos, la presunta comisión de un delito de desobediencia.
Lamentablemente, sólo Unión Progreso y Democracia, y el Sindicato Manos Limpias, presentaron sendas querellas contra Arturo Mas, por desobediencia, ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El pasado sábado, Rajoy, desde Cáceres, se limitó a decir que: “No se puede obviar ni la Constitución ni la ley ni la soberanía nacional y lo que conviene (en referencia al presidente catalán, Arturo Mas) es que el próximo lunes se recupere la cordura y hablemos dentro del marco constitucional y de la ley para trabajar en mejorar el bienestar de los ciudadanos y atender las preocupaciones del día a día de esos mismos ciudadanos".
Es decir, Mariano Rajoy se limitó a comportarse como Mariano Rajoy o, lo que es lo mismo, como una persona que habiendo sorprendido a su pareja en la cama con otra persona se ha negado a “querer verlo”.
Mariano, como la persona engañada que se niega a asumir su condición, se ha negado a enfrentarse con los separatistas catalanes a quienes, lógicamente, no les importa la Constitución, ni las Leyes de la Nación, ni la soberanía española que reside en el conjunto de todos los ciudadanos españoles, ni mucho menos el bienestar de los propios catalanes.
Como hemos afirmado en otros artículos, España se encuentra hoy ante un grave peligro, pues son muchos los enemigos que desean destrozarla.
Por un lado, los nacionalistas catalanes, desde el poder del propio Estado Español, han concretado un proceso de consulta claramente ilegal.
Por otro lado, los separatistas vascos, los nacionalistas gallegos y los anexionistas valencianos, entre otros, esperan su turno.
A ese desafío que podría conducir a la declaración unilateral de “Estado catalán”, o de “republiqueta catalana”, habría que sumar el poco halagüeño horizonte que nos aguarda si, como vaticinan algunos sondeos, la izquierda radical, leninista, bolivariana, accediese a formar gobierno mediante un nuevo “Frente Popular”, integrado junto al PSOE, a Izquierda Unida y otras fuerzas políticas.
Pareciera que todos esos frentes de conflicto, tenderían a unirse a efectos de transformar a España en una nueva Yugoslavia.
Y en este escenario, lamentablemente, Mariano Rajoy Brey habría claudicado.
El Presidente habría mentido al afirmar que el referéndum de autodeterminación no se iba a celebrar.
Y el Presidente del Gobierno habría continuado en un estado de ceguera ante los peligros a que se enfrenta España.
El Gobierno de España, a través de uno de sus ministros (Rafael Catalá) ha afirmado que hoy se ha desarrollado una "jornada de propaganda política, organizada por fuerzas partidarias de la independencia y carente de cualquier tipo de validez democrática".
Y, aunque sea verdad lo afirmado por el Ministro, en el sentido de que el proceso desarrollado el 9N se llevó a cabo al margen de “cualquier marco jurídico”, sin amparo ni en las leyes catalanas, ni en un decreto de convocatoria, ni reuniendo garantías de imparcialidad y de legalidad, y sin garantizar la igualdad de todos los catalanes, eso no quita que los independentistas sacaron las urnas a la calle, dilapidaron millones de euros en financiar una consulta ilegal para perpetrar un atentado contra el ordenamiento jurídico y la Constitución Nacional.
Esa claudicación de Rajoy ha envalentonado a los separatistas catalanes.
Los independentistas, y sus “colectivos afines”, como la Asamblea Nacional de Cataluña (ejemplo), han perpetrado su ilegal consulta utilizando a miles de “voluntarios”, señalando como “amigos” a aquellos comercios y establecimientos que apoyan el proceso de independencia, y dando consignas cuasi militares a sus cuadros: solicitándoles que acudiesen cuanto antes a los “colegios electorales”, que mantuviesen la “calma y la tranquilidad” evitando “provocaciones” (como si la primera provocación no fuese la de incumplir la ley, resoluciones judiciales o atentar contra la Constitución); cuidando “la imagen de la votación” o, lo que es lo mismo, permaneciendo en inmediaciones de los colegios tras haber votado, e indicándoles que permaneciesen atentos a las redes sociales para recibir instrucciones de la elite separatista.
En definitiva, los traidores a España han continuado consumando su golpe de estado contra la legalidad y constitucionalidad vigentes; los presuntos corruptos han ejercido su “derecho al voto” y la maquinaria separatista ha funcionado como un aceitado mecanismo frente a la inacción del Gobierno de Mariano Rajoy Brey.
El 9N ha constituido una jornada de vergüenza, el día en que un poder autonómico prostituido por el separatismo cleptómano ha realizado su consulta y ha mostrado la debilidad del Poder Judicial.
Los separatistas han cumplido su objetivo, pese a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, pese a la corrupción de sus políticos y pese al posible reproche penal al que se podrían enfrentar sus dirigentes.
ERC ha salido fortalecida pues, en caso que el “proceso” cueste su cargo a Arturo Mas (y la pérdida del gobierno para CiU), allí estarán los chicos de la Esquerra para luchar por la independencia y para arrastrar a las “masas disfrazadas de banderitas esteladas”.
Y todo ello ante los ojos de un Presidente del Gobierno al que solo pareciera importarle acabar su legislatura y presentarse como candidato en las generales, erigiéndose como única alternativa ante la izquierda radical.
Pero si Rajoy cree, sueña, o se lo ha contado Arriola, que podrá recuperar o aglutinar el voto de los que fueron suyos, capitalizar el voto del miedo a los neo-chequistas y obtener el mayor número de sufragios, está muy equivocado.
Su traición política y su falta de principios han herido de muerte las aspiraciones de gobierno del Partido Popular, y han dinamitado, lo cual es mucho más grave, los cimientos jurídico constitucionales del Estado español
Porque a Mariano sólo le importa Mariano.
De allí que resulte tan comprensible su claudicación ante el separatismo catalán y su desprecio absoluto hacia todos los ciudadanos, únicos depositarios de la soberanía nacional y a quienes el Presidente del Gobierno debería haber defendido de tanto “chorizo”, de tanto “corrupto” y de tanto “golpista”.
Lamentablemente Mariano Rajoy Brey es el Presidente de un Gobierno fantasma y será recordado, sin lugar a dudas, como uno de los principales responsables del hundimiento de la España constitucional que muchos de nosotros nos empeñamos, y nos empeñaremos, en defender, pese a Mariano, pese a sus ministros y pese a que los enemigos de la Nación crean haber triunfado.
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