ESPAÑA. ¿Qué España tenemos? ¿Qué España queremos???

España, gracias a Zapatero, Rajoy y Montoro está endeudada en el 100 por ciento de su Producto Bruto Interno.

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España, gracias a Jorge Pujol, Arturo Mas, los separatistas de las Vascongadas, tan solidarios con los etarras, y la existencia de 17 comunidades autónomas y más de 8100 ayuntamientos, marcha a la ruina, a la quiebra y a una cesación de pagos.

Los ciudadanos y habitantes de este país llamado España presencian cada día cómo, gracias a la impunidad de la partitocracia gobernante y a la complicidad o ceguera de una buena parte de la justicia, el “Padrino” de la Familia Pujol pretende incoar acciones legales contra la Banca de Andorra por haber suministrado información sobre el dinero, presuntamente malhabido o de origen dudoso, que la familia Pujol tiene depositada en dicho país.

El gobierno de España, gracias al tándem Rajoy – Montoro, ha empobrecido a sus ciudadanos y contribuyentes, incrementando más de medio centenar de impuestos en los años de esta legislatura, exprimiendo a la sociedad civil y a los agentes económicos, en una continuidad perversa de las nefastas políticas tributarias aplicadas durante el desgobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

España, gracias a la trama de los ERES fraudulentos de Andalucía, gracias a los miles de millones de euros que no llegaron nunca a su destino, tiene a esa región con más del 55% de paro juvenil, mientras los políticos y sindicalistas que se habrían beneficiado de esa trama continúan impunes a la espera de las resoluciones judiciales que la Juez Mercedes Carmen Alaya Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla desde 1998, vaya adoptando en el denominado “Caso de los EREs” (investigación en torno a una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, por presuntas irregularidades con los denominados “expedientes de regulación de empleo” y el desvío de fondos de ayuda económica a empresas en crisis, todo ello a partir de la investigación de la empresa Mercasevilla, en la que fueron detectadas prejubilaciones fraudulentas)

Dicho esto, y gracias a la existencia de tantas administraciones y politicastros con funciones superpuestas, España se encuentra en una situación fiscal deplorable, pese a que, entre los años 2012 y 2013, las Comunidades Autónomas han incrementado 84 veces los impuestos y cuando, pese a este expolio, los gastos públicos no se han reducido, pues la mayoría de las distintas administraciones han hecho todo lo humanamente posible para incrementarlos.
En este contexto de administraciones superpuestas, politicastros ineficientes y empleados públicos (no funcionarios) que han visto duplicar su número en los últimos 20 años, cada día son menos los que pagan más impuestos y que mantienen a una casta de privilegiados, a saber: titulares de SICAVs, partidos políticos, sindicatos, ONGs de dudosa finalidad pública, medios de comunicación oficialistas (como RTVE, las televisiones de Cataluña, las radios de CCAA y periódicos subvencionados por el poder político) e incluso la Iglesia Católica, beneficiada por la exención del pago del IBI respecto a los bienes de su patrimonio.

Pero tomemos alguno de esos ejemplos.

Las SICAVs (abreviatura de Sociedades de Inversión de Capital Variable) constituyen un instrumento financiero que posibilita invertir dinero y diferir el pago anual de los impuestos, del mismo modo que ocurre con los fondos de inversión, pero a partir de la creación de una sociedad anónima cuyo objeto social es invertir dinero en activos financieros. Sus accionistas tributan por las plusvalías generadas una vez que se han materializado, repartiendo dividendos o vendiendo las acciones con plusvalías al tipo establecido para las rentas de capital en España. Reglamentadas en los años 80 con el propósito de retener en España a grandes capitales, estaban sometidas a los inspectores de Hacienda pero, durante el desgobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dicha facultad de control pasó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, casualmente tras una serie de denuncias de los inspectores que habían comprobado como varias fortunas habrían defraudado a Hacienda con las SICAVs para eludir el pago del impuesto de sociedades.

La principal ventaja fiscal de este instrumento consiste en dilatar el pago de impuestos y gozar de algunas exenciones, pues sus accionistas sólo tributan al 1% hasta que saquen el dinero o perciban dividendos, momento en el que tributarán al 21% para plusvalías inferiores a 6.000 euros; al 25% para las que se encuentren entre los 6.000 euros y los 24.000 euros; y al 27% para aquellos casos en que se superen los 24.000 euros. Y aunque, por lo expuesto, paguen impuestos, en ocasiones este instrumento ha sido utilizado por “dueños de verdaderas fortunas” para tributar sólo por un 1%, empleado a supuestos “accionistas” para que figuren en la SICAV.

Veamos un segundo ejemplo.

Gracias a la miopía del Ministro de Economía, Luis de Guindos, y a su reciente afirmación en el sentido de que el comportamiento de la economía española es positivo y que, en el tercer trimestre, el crecimiento será el más fuerte de los últimos 8 años, lo cual confirmará que la economía va a “velocidad de crucero”, los trabajadores, autónomos y empresarios no confirman tal pronóstico positivo.

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En un contexto de rebaja salarial pronunciada, eliminación de incentivos, comisiones, bonificaciones o compensaciones salariales, con una inflación encubierta, no por aumento de precios, sino por reducción del tamaño de muchos envases, y pese a que un reciente informe de la OCDE ha advertido de que la baja de salarios es contraproducente para generar crecimiento, De Guindos ha recurrido a la falsa afirmación de que son los agentes sociales quienes fijan los incrementos salariales.

Gracias a una política económica que exprime al contribuyente, que castiga la producción e incrementa el gasto público improductivo, España tardará años en salir de una crisis económica que se ha convertido en recesión con inflación encubierta, paro elevado y empobrecimiento de amplias capas de la población.

Ello implica que, lejos de impulsar medidas para reactivar la economía española, muchos empresarios no habrían trasladado la totalidad de las ganancias que han obtenido gracias al recorte de los salarios a efectos de bajar los precios de sus productos, y vender y producir más, sino que lo habrían destinado a aumentar su propia rentabilidad, empeorando las condiciones salariales de sus trabajadores.

Y esto no refleja otra cosa que una transferencia de rentas de unos sectores a otros.

Y sólo para continuar, mientras algunos sectores como las Fundaciones o las ONGs pagan sólo un 10% por las actividades lucrativas que realicen; otros, como los partidos políticos o los sindicatos, continúan exentos del pago del impuesto de sociedades, al beneficiarse del régimen de entidades sin ánimo de lucro. O mientras la banca continúa estando exenta de IVA y casi no paga impuesto de sociedades por las deducciones que le benefician, recibiendo fondos de la banca europea a un tipo de interés irrisorio, los ciudadanos que dependen de una nómina sólo pueden acceder a préstamos de esos mismos bancos a un tipo de interés no inferior al 8%.

Otro ejemplo más de una brutal transferencia de ingresos de unos sectores a otros.

Gracias a la complicidad de Mariano Rajoy, del Ministro Montoro y al desgobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y sus inútiles ministros; y gracias a la pasividad del gobierno de José María Aznar y al régimen corruptor de la democracia y de la praxis política nacido del felipismo, del pujolismo y gracias a la complicidad activa de algunos medios de comunicación, ha sido posible que algunas bandas de verdaderos, aunque presuntos, delincuentes saquearan los fondos públicos, robasen los fondos destinados a la formación de parados y el dispendio de los fondos que el Estado y las CCAA han recaudado exprimiendo al ciudadano y a los contribuyentes.

Gracias a Mariano, gracias a sus ministros y gracias a los separatismos catalán y de las Vascongadas, España tiene un nuevo Rey, que no gobierna, que no defiende la unidad de España y que no ha adoptado posturas políticas vigorosas para convertirse en baluarte de la defensa de la legalidad constitucional y de los derechos y garantías de los ciudadanos.

Para concluir podríamos preguntamos, ¿qué España existe hoy?

Evidentemente no la España productiva, no la España equitativa, no la España que fomente el empleo, la producción, el consumo y la innovación y el desarrollo, sino la España de los privilegios, de las castas y de las diferencias sociales; una España que no queremos.

La España de Mariano, de Zapatero, de partidos políticos, de los sindicatos, de todos los acomodados y de muchos ladrones.

Una España pensada para aquellos que no la aman, que no la sienten, que no creen en ella.

¿Será posible construir una España diferente?

La respuesta dependerá de nosotros, los ciudadanos, quienes hemos de participar activamente para revertir este estado de cosas y que, lejos de escuchar el canto de falsas sirenas con coleta, en apenas unos meses, tendremos la posibilidad de hacer escuchar nuestra VOZ, en un tiempo decisivo para el futuro de este país llamado España, si es que aún nos queda alguna oportunidad de dejar atrás este estado de corrupción, ineficiencia y privilegios sólo para pocos.