UNA ABDICACIÓN TARDÍA

En la mañana de hoy, Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno, ha anunciado la decisión del borbón Juan Carlos I de abdicar a su reinado y transmitir la Jefatura del Estado en su hijo, el Príncipe Felipe, de conformidad con lo previsto en el artículo 57, 1º y 2º de la Constitución.

Una decisión que, lamentablemente para España y su futuro institucional, ha llegado con muchos años de demora.

Sin dudas, la decisión se habría precipitado como consecuencia de varios factores, a saber:

• La delicada situación que vive la monarquía española desde hace varios años;
• El accidente que sufrió el monarca en Botsuana, sus disculpas tardías y el escándalo público (aunque no desconocido) de Corina (la última aunque no la única de los últimos años);
• La causa judicial contra el yerno del monarca, Iñaki Urdangarin y la más que probable imputación de la hija del rey, Infanta Cristina, por el caso Noos, junto a su secretario Revenga;
• El deterioro de su estado de salud y su incompetencia en asumir la tarea de defender la unidad e integridad de España ante sus enemigos separatistas, tras la aprobación de estatutos francamente inconstitucionales (como el catalán) y su desprestigio ante la sociedad española; desprestigio que reconocían, incluso, sectores que antes apoyaban a la monarquía:
• Ese desprestigio se ha ido reflejando en los últimos años en los barómetros del CIS, pasando de una calificación del 4,89 en 2011, a un 3,68 en el 2013 hasta el 3,68, repuntando a un 3,72 este año;
• Y por los resultados de las últimas elecciones europeas que han socavado el bipartidismo y los apoyos políticos del actual monarca.

Como hemos señalado, Mariano Rajoy ha anunciado la abdicación del Rey y, a partir de aquí, deberemos esperar los siguientes pasos legales, a saber:

1)    El escrito de abdicación del monarca deberá ser refrendado por el presidente del Gobierno a los efectos formales de conocimiento

2)    Corresponderá entonces al Presidente del Congreso, ejerciendo como presidente de las Cortes, convocar a las dos juntas de portavoces, reunión a la que asistirán el presidente del Senado y el ministro encargado de las relaciones del Gobierno con las Cortes, para acordar el orden del día, que debe tener ese solo punto. En dicha reunión se explicitará si algún grupo tiene dudas sobre la validez jurídica del escrito de abdicación.

3)    Si no hay dudas, en dicha reunión conjunta de las Cámaras, el presidente del Congreso dará lectura a un escrito muy breve, que se referirá exclusivamente a la aceptación de la referida validez jurídica. Nada de discutir su conveniencia, ni de convertir la sesión en un debate sobre la monarquía ni sobre su titular.

4)    Si en las intervenciones no ha habido discrepancias, el presidente, de conformidad con los artículos 82.1 y 83 del Reglamento del Congreso, propondrá la aprobación por asentimiento.

5)    En caso de existir discrepancias habrá que votar. Como lo conveniente es que la votación sea secreta, basta con que lo pidan dos grupos parlamentarios o la quinta parte de los diputados y senadores presentes. Si nadie la pide, puede decidirlo el presidente.

6)    El presidente del Congreso dará cuenta del resultado al rey y ordenará la publicación oficial.

7)    La abdicación sólo surtirá efecto el mismo día de dicha publicación oficial.

Vayamos a la parte legal… aunque la Constitución española dedique todo el Título segundo a la monarquía y aunque en su artículo 57.5 refiera a la posibilidad de una abdicación con este texto: 'Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverá por una ley orgánica'; lo cierto es que nunca se ha redactado esa ley orgánica.

El Rey abdicante ha ejercido la Jefatura de Estado según lo dispuesto en la Ley de sucesión del Jefe del Estado aprobada por las cortes franquistas en 1947, pese a que, aún hoy en día, continúa cuestionándose la legitimidad histórica de su reinado. Dicha “ley franquista” constituyó una aberración jurídica basada tan solo en la fuerza derivada de la victoria bélica del ex dictador. De allí que, cuando Francisco Franco Bahamonde nombrase como Príncipe de Asturias a Juan Carlos I, su padre, anulase el título concedido. De ello se desprende que la única legitimidad del actual monarca sea la Constitución del 78, continuadora de la etapa franquista.

 

Sin embargo, como la monarquía, por definición, no es una institución constitucional, dado que la legitimidad del monarca está al margen de la Constitución, ésta sólo puede aceptar pero no modificar ni regular dicha institución.

Muchos esperaban que Juan Carlos I muriera y que la legitimación se realizase a través de la continuidad, en la persona de su hijo, el Principe de Asturias. Sin embargo, si Juan Carlos abdica, como ha anunciado Rajoy, muchos podrían preguntarse si el Principe tiene legitimidad como para heredar la corona. Y por ello era menester una Ley Orgánica que regulase la sucesión.

A pocas horas del anuncio de Rajoy, todo indica que, mañana, se aprobaría en el Congreso una ley que regule la sucesión de la Jefatura del Estado.

Finalmente, lo cierto es que, tras el resultado de las elecciones europeas (en los que se ha visto debilitado el bipartidismo de la partidocracia PP – PSOE, más la crisis en que se ha sumido el Partido Socialista producto de su fuga de votos hacia otras formaciones más radicales y los casos de corrupción que le han conducido a convertirse, en los hechos, en un partido regional con epicentro en Andalucía) y el avance de formaciones izquierdistas republicanas, Zarzuela habría parido la decisión del rey de abdicar, quizás para que los ciudadanos recuperen confianza en la institución, renovada con un nuevo rey. En este sentido, la abdicación de Juan Carlos sería una maniobra institucional histórica para intentar recuperar una Monarquía parlamentaria muy desprestigiada ante la sociedad, principalmente por la inacción de su titular y por la corrupción que habría sacudido a la Familia Real y a sus allegados.

De confirmarse lo que a todas luces seguramente acontecerá, FELIPE DE BORBÓN asumirá como nuevo REY de ESPAÑA, en un movimiento similar al que se diese en Holanda y en Bélgica donde, en el primer caso, la reina Beatriz renunció en favor de su heredero el príncipe Guillermo, y en el segundo, cuando Alberto II resignó su cargo en su primogénito Felipe. En los tres casos, los movimientos se habrían producido para superar las fortísimas crisis que aquejaban a las Casas Reales y ante la amenaza de pequeños grupos políticos que, aprovechando la crisis económica, política y moral de la sociedad, cuestionaban la monarquía.

En síntesis, Juan Carlos I abdica y esto, lejos de extrañar a la opinión pública, la contentará pues el Monarca, junto a la partidocracia bipartidista reinante, han conducido a España a la actual situación de crisis y genuflexión ante los separatistas, los izquierdistas radicales y el entorno proetarra.

Confiemos en que tanto el Gobierno de Mariano Rajoy (quien ha conducido al Partido Popular a la peor debacle electoral de su historia), como la oposición nacional (aunque poco podríamos esperar de un PSOE liderado por Susana Díaz o Carmen Chacón) y el futuro rey, adopten los cambios necesarios para fortalecer una democracia poco democrática (a la luz de los mecanismos internos de elección de candidatos en los principales partidos políticos), para recuperar la economía (aunque el Plan erre que erre de Mariano sea más de lo mismo que en su momento impulsase el delirante ZP) y para ejercer una Jefatura de Estado que defienda la Constitución Nacional, sus instituciones, la unidad e integridad el Estado y que relance a una España fuerte en el contexto internacional.

De lo contrario, la abdicación será una nueva oportunidad perdida y el principio del fin de España como Nación.