En los últimos días, por 182 votos a favor, 143 en contra y 2 abstenciones se aprobó la denominada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), séptima reforma educativa de la democracia.
Recordemos que desde 1970 y hasta que se implantase la LOGSE, en el mandato de Felipe González, los alumnos españoles estudiaban Educación General Básica (EGB) hasta los 14 años y si querían seguir estudiando, podían optar por el BUP y después el COU para ir a la universidad, o por la Formación Profesional para aprender un oficio, siendo el sistema gratuito y previendo la evaluación continua y las becas.
En 1980 se aprobó la denominada Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), que rigió hasta 1985, ley de transición que introdujo el modelo democrático en la organización de los centros y reguló la existencia de las asociaciones de padres y alumnos.
Con el PSOE en el gobierno, se sancionó la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), en 1985, hasta su sustitución por la LOGSE, manteniendo la EGB hasta los 14 años, con la posibilidad de hacer BUP y luego COU o de optar por la Formación Profesional. Esa ley creó los consejos escolares, con representación de profesores, padres y alumnos de los centros, y reguló la enseñanza concertada, estableciendo que dichos colegios admitiesen preferentemente a los niños que residían más cerca de cada colegio, a los de menores recursos económicos o a los que tenían hermanos en el centro.
Al cambiar a la LOGSE, el gobierno socialista elevó la edad de enseñanza obligatoria de los 14 a los 16 años, distinguiendo entre Educación Infantil (0 a 6 años), Educación Primaria (de 6 a 12 años) y Educación Secundaria (de 12 a 16 años), creando un nuevo Bachillerato (de 16 a 18 años) y regulando los ciclos de grado medio de Formación Profesional.
En 1995, en una nueva vuelta normativa para imponer su particular visión de la enseñanza, el PSOE aprobó la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno (LOPEG), que dio más autonomía a los centros educativos, obligando a los concertados a admitir alumnos de minorías sociales. Dicha ley llevaba apenas dos años de ser implantada en forma total, cuando el gobierno del Partido Popular (en el año 2002) aprobó la denominada LEY DE CALIDAD, derogada por Zapatero una vez que asumió su cargo de Presidente de Gobierno.
Fue Rodriguez Zapatero quien, en el año 2006, logró la aprobación de la denominada Ley Orgánica de Educación (LOE), norma que derogó la LOGSE, lo LOPEG y la LOCE, pero no de la LODE de 1985.
Pero, volviendo al 2013, la aprobación de la nueva ley es cuanto menos positiva en pos de mejorar una educación pública que, gracias a la Ley de Educación del PSOE, de Felipe González y Rubalcaba (su ministro de Educación) y a las posteriores reformas realizadas durante la gestión de Rodríguez Zapatero, se encuentra a la cola de Europa y del mundo civilizado.
Una de las notas distintivas de la reforma, lo cual ha sido muy criticado por una oposición cada día más incompetente y sectaria, es que el alumno suspenderá el curso si se suspende matemáticas y lengua a la vez; y que la asignatura de Religión contará como nota a los efectos de las calificaciones.
El Ministro de Educación, José Ignacio Wert, aseguró que España cuenta con "un instrumento legislativo nuevo para combatir las altas tasas de abandono escolar" que sufre España y que "… comienza un proceso de desarrollo normativo de la ley que acaba de aprobarse", explicando que, tras la aprobación, el Ministerio se pondrá en contacto con las distintas Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas para "…invitarles a coparticipar en las competencias concurrentes y compartidas para poner en marcha esta ley".
Lo curioso, siempre que ignorásemos la desastrosa educación escolar que, a lo largo de la historia y siempre que ha asumido funciones gubernativas, ha promovido la izquierda política; ha sido el hecho de que la oposición calificase a la nueva ley como "monstruo deforme", destacando que, en caso de acceder la oposición al gobierno en la próxima legislatura, lo primero
que hará será derogar la ley.
Esto no debe llamarnos la atención pues si hay algo que caracteriza a la izquierda vernácula y a sus aliados pro etarras y nacionalistas catalanes es su intención de destruir todo lo que haga a la calidad educativa y al progreso de las clases medias y populares de este país.
Mientras los señoritos del PSOE y de los partidos nacionalistas envían a sus hijos a caros colegios privados – a los que no pueden acceder los hijos de las clases populares ni medias de este país – no han dudado en imponer la adoctrinadora “Educación para la Ciudadanía” en la que se pretendía reemplazar el rol de los padres en el proceso educativo – formativo de sus hijos y donde, por ejemplo, se utilizaba como bibliografía recomendada un libro titulado “Alí Babá y los 40 maricones”.
Que los representantes del PSOE, impulsores de ese engendro normativo que tantos miles de objetores generaron en el país y que no movieron un dedo en Cataluña, por ejemplo, para oponerse al adoctrinamiento y utilización perversa de los menores de edad por parte del régimen separatista y que incita el odio a todo lo español, ni a la marginación de la lengua española en las escuelas o a su persecución en el patio de las escuelas, califiquen a la nueva ley como “… muerta antes de publicarse en el BOE" y que, por su contenido, acudirán al Tribunal Constitucional, resulta lamentable.
Tan lamentable como los propios orígenes, desarrollo históricos y actuaciones del mal denominado Partido Socialista Obrero Español, que cada día más se asemeja a una secta de listos, antiobrera y antiespañola, si hemos de analizar sus actuaciones en Andalucía, los escándalos de corrupción que involucran a muchos de sus dirigentes, la educación “clasista” que reservan a sus propios vástagos (a quienes aseguran el aprendizaje del español, del inglés y del alemán, entre otros contenidos) en comparación con el adoctrinamiento que reservan a charnegos e hijos de padres de clases medias y populares de España.
Asimismo han resultado cuanto menos “desafortunadas” algunas declaraciones de otros representantes de la oposición. Asi, el socioconvergente, Martí Barberá, comentó que los indicadores que utiliza Educación para justificar la norma se están mejorando en Cataluña, aunque naturalmente no hizo referencia alguna a la persecución del idioma español, al adoctrinamiento que imponen a los niños en los textos empleados en las escuelas catalanas (donde, desde los primeros cursos, imponen el adoctrinamiento exigiendo el aprendizaje de la demarcación de los denominados “Países Catalanes” que jamás existieron en la historia), al empleo de menores de edad en manifestaciones públicas lo cual recuerda el uso que de los niños realizaba el NSDAP de Adolf Hitler; ni la política de subvenciones millonarias para mantener una dictadura en los medios de comunicación, ni la persecución de todo lo que critique dichas políticas por medio del CAC o el uso de menores en los medios de comunicación en pos del secesionismo y de la traición a la Constitución Española.
La portavoz del Partido Nacionalista Vasco adelantó que en las Vascongadas no tienen previsto renunciar a "su sistema educativo de éxito" y tachó algunos artículos de la nueva ley como inconstitucionales, uniéndose a las críticas formuladas por la diputada de Amaiur, Maite Ariztegui, quien, en una muestra manifiesta de cómo los portavoces de la izquierda abertxale entienden la democracia y las mayorías, izquierda que tanto defiende a los asesinos etarras y les reciben como héroes al abandonar las prisiones, manifestó que “… no dejaremos que la LOMCE entre en nuestras aulas".
Naturalmente para dichas formaciones es más positivo para la educación que un etarra salga de prisión o, incluso, que se adoctrine en vascuence relegando al español y expulsando de las Vascongadas a los mejores docentes de las universidades vascas, que una ley votada por la mayoría de los representantes del pueblo español.
Similares han sido los argumentos de otros legisladores quienes, enfundados en una camiseta verde (Caridad García, de Izquierda Plural), se han opuesto a la posibilidad (que muchos compartimos dados sus excelentes resultados académicos) de permitir la educación diferenciada por sexos; o recurriendo a la más absurda de las calificaciones hacia la ley (como Joan Baldoví, de Compromís, quien ha dicho que la norma es "la maldición de Frankestein, monstruosa, abominable y no gusta a nadie") se han unido a otros colectivos contrarios a la norma como la denominada Plataforma Estatal por la Escuela Pública integrada por CCOO, UGT, STEs-i, CGT y MRPs, la Confederación Española de Asociaciones de Padres (CEAPA), el Sindicato de Estudiantes, FAEST y Estudiantes en Movimiento; es decir, todos aquellos que, principalmente en los años del peor zapaterismo y de sus inútiles ministras y ministros de cuota, nada hicieron, nada dijeron, ni nada impulsaron para que España (y sus estudiantes) dejase de estar a la cola de la educación en Europa y para que, al menos, una de sus tantas universidades se encontrase entre las 300 mejores del mundo.
La nueva ley educativa suprime la selectividad e implanta evaluaciones nacionales externas de competencias básicas - diseñadas por el Gobierno - para todos los alumnos al final de la secundaria obligatoria (ESO) y bachillerato, que habrán de superar para titularse; fija el idioma español como lengua vehicular de la enseñanza en todo el territorio español y refuerza la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a escoger el centro educativo.
Aunque la norma se aplicará en la ESO en el año académico 2015 -2016 para los cursos primero y en 2016 – 2017 para segundo y cuarto; en el Bachillerato, comenzará a aplicarse para el primer curso en 2015 - 2016, y para el segundo en 2016 - 2017.
En el plano estrictamente educativo que es, en definitiva, de lo que se trata, la LOMCE introduce las siguientes reformas:
• Agrupa a las asignaturas de primaria, ESO y Bachillerato en troncales (lengua castellana, matemáticas, ciencias o idioma extranjero, reguladas esencialmente por el Gobierno con una carga lectiva mínima del 50 % del horario total), específicas y de libre configuración autonómica (como Lengua cooficial), cuyos horarios y contenidos corresponderán a las comunidades.
• Los alumnos podrán elegir antes sus itinerarios en la ESO. En tercero se puede optar entre Matemáticas de iniciación a enseñanzas académicas o aplicadas. En cuarto de la ESO (15 años), el último de la enseñanza obligatoria, se podrá elegir entre un curso orientado a iniciar el Bachillerato o a iniciar Formación Profesional.
• Cada centro educativo podrá complementar los tres bloques de materias y configurar su propia oferta formativa.
• A diferencia de lo que había aprobado el desgobierno socialista de ZP, en ESO sólo se podrá pasar de curso con dos suspensos como máximo, siempre que no sean simultáneamente Matemáticas y Lengua; lo cual tiende a que el alumno apruebe la mayoría de sus asignaturas y que se exija estudio y dedicación.
• Para el Bachillerato se contemplarán tres modalidades: Ciencias, Artes, y Humanidades y Ciencias Sociales. Sin embargo, el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
• Si el alumno escoge seguir Formación Profesional, de contempla una nueva FP básica de dos cursos obligatorios para alumnos de entre 15 y 17 años con dificultades de aprendizaje que hayan terminado tercero o, excepcionalmente, segundo de ESO. Esa FP básica servirá para obtener el título de la Secundaria Obligatoria y pasar a FP de grado medio.
• La asignatura de Religión confesional, siempre voluntaria, tendrá como alternativas obligatorias las asignaturas de Valores Sociales y Cívicos (en la Primaria) y la de Valores Éticos (en la Secundaria), suprimiendo, como no podía ser de otro modo, el adefesio adoctrinante e ideologizado de Educación para la Ciudadanía.
• A efectos de posibilitar a todos los niños y jóvenes que deseen estudiar, el Ministerio promoverá el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales para la educación básica en los centros sostenidos con fondos públicos.
Un tema controvertido y cuestionado por los opositores a la reforma es la creación de pruebas nacionales censales comunes al final de sexto de Primaria, cuarto de ESO y segundo de Bachillerato diseñadas por la administración central previa consulta a las comunidades. Y, aunque estas pruebas recién comenzarían a aplicarse en el año 2017, será necesario superar las pruebas de la ESO y el Bachillerato para obtener los títulos correspondientes; desapareciendo la selectividad para los alumnos que quieran acceder a la Universidad a partir del curso 2018 – 2019.
La idea de esas pruebas es conocer los resultados de los centros y publicarlos en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del lugar donde estén ubicados los mismos, pudiéndose adoptar planes específicos de mejora de la enseñanza para aquellos centros que no que no alcancen los niveles adecuados.
Además, la LOMCE estipula que el Gobierno adelantará el pago de la escolarización privada de aquellos alumnos que no tengan garantizado el aprendizaje en castellano en los centros públicos o concertados de las comunidades con lengua cooficial, y se lo descontará a éstas de la financiación autonómica que les corresponda. Esto, lejos de ser positivo, resulta una claudicación ante el despotismo que algunos regímenes locales, como el catalán, llevan adelante en materia educativa, persiguiendo al español en pos de su adoctrinamiento separatista. Y, aunque sea positivo que los padres puedan llevar a sus hijos a escuelas privadas para escoger la lengua materna a efectos de la escolarización de los niños; lo sensato hubiese sido suprimir la autonomía catalana, llevar ante la justicia a quienes incumplen las leyes nacionales y que el Estado nacional retomase la competencia educativa a nivel central.
En lo que atañe a la gestión de los centros se establece que los miembros del equipo directivo del centro y los profesores serán considerados autoridad pública, algo muy valorable de esta séptima reforma educativa de la democracia española.
Sin embargo, resulta lamentable que, lejos de prevalecer la búsqueda de calidad y la mejora del sistema educativo, en casi todas las reformas hayan prevalecido intereses políticos sectarios y oposiciones basadas en ideologismos.
En una España en crisis, pero con muchos más medios disponibles para que los alumnos aprendan, se eduquen y formen como ciudadanos libres y como personas de bien con sólidos valores morales, pareciera que son muchos los que se oponen a cualquier cambio o mejora; olvidando que hace muchas décadas atrás, con menos recursos, con menos años de formación y con escuelas sin calefacción, aire acondicionado o recursos tecnológicos sofisticados, los alumnos aprendían, se formaban y obtenían matrículas de honor y becas, en un sistema que, aunque cuestionable políticamente e incluso religiosamente, permitió a miles de alumnos una movilidad social que ninguna de las últimas reformas educativas logró en los últimos años.
Habría que preguntarse si, en otros tiempos, primaba más la búsqueda de la excelencia y la calidad educativa y el saber del alumno, que el carnet del partido o del sindicato, la orientación sexual de la persona o la falsa progresía de los separatismos como ha sido la triste realidad de los últimos años.
Confiemos en que esta nueva norma sea el comienzo de la transformación educativa que España necesita aunque me permitiré desconfiar de ello, pues, a la luz de las falsedades y pobres pseudo argumentos de la oposición, no sería de extrañar que un futuro gobierno de coalición izquierdista – nacionalista vuelva a la mediocridad, al totalitarismo y a la ideologización educativa, tal como puede comprobarse en cualquier centro público de muchas de las taifas autonómicas, principalmente en Cataluña, las Vascongadas o Andalucía.
Recordemos que desde 1970 y hasta que se implantase la LOGSE, en el mandato de Felipe González, los alumnos españoles estudiaban Educación General Básica (EGB) hasta los 14 años y si querían seguir estudiando, podían optar por el BUP y después el COU para ir a la universidad, o por la Formación Profesional para aprender un oficio, siendo el sistema gratuito y previendo la evaluación continua y las becas.
En 1980 se aprobó la denominada Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), que rigió hasta 1985, ley de transición que introdujo el modelo democrático en la organización de los centros y reguló la existencia de las asociaciones de padres y alumnos.
Con el PSOE en el gobierno, se sancionó la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), en 1985, hasta su sustitución por la LOGSE, manteniendo la EGB hasta los 14 años, con la posibilidad de hacer BUP y luego COU o de optar por la Formación Profesional. Esa ley creó los consejos escolares, con representación de profesores, padres y alumnos de los centros, y reguló la enseñanza concertada, estableciendo que dichos colegios admitiesen preferentemente a los niños que residían más cerca de cada colegio, a los de menores recursos económicos o a los que tenían hermanos en el centro.
Al cambiar a la LOGSE, el gobierno socialista elevó la edad de enseñanza obligatoria de los 14 a los 16 años, distinguiendo entre Educación Infantil (0 a 6 años), Educación Primaria (de 6 a 12 años) y Educación Secundaria (de 12 a 16 años), creando un nuevo Bachillerato (de 16 a 18 años) y regulando los ciclos de grado medio de Formación Profesional.
En 1995, en una nueva vuelta normativa para imponer su particular visión de la enseñanza, el PSOE aprobó la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno (LOPEG), que dio más autonomía a los centros educativos, obligando a los concertados a admitir alumnos de minorías sociales. Dicha ley llevaba apenas dos años de ser implantada en forma total, cuando el gobierno del Partido Popular (en el año 2002) aprobó la denominada LEY DE CALIDAD, derogada por Zapatero una vez que asumió su cargo de Presidente de Gobierno.
Fue Rodriguez Zapatero quien, en el año 2006, logró la aprobación de la denominada Ley Orgánica de Educación (LOE), norma que derogó la LOGSE, lo LOPEG y la LOCE, pero no de la LODE de 1985.
Pero, volviendo al 2013, la aprobación de la nueva ley es cuanto menos positiva en pos de mejorar una educación pública que, gracias a la Ley de Educación del PSOE, de Felipe González y Rubalcaba (su ministro de Educación) y a las posteriores reformas realizadas durante la gestión de Rodríguez Zapatero, se encuentra a la cola de Europa y del mundo civilizado.
Una de las notas distintivas de la reforma, lo cual ha sido muy criticado por una oposición cada día más incompetente y sectaria, es que el alumno suspenderá el curso si se suspende matemáticas y lengua a la vez; y que la asignatura de Religión contará como nota a los efectos de las calificaciones.
El Ministro de Educación, José Ignacio Wert, aseguró que España cuenta con "un instrumento legislativo nuevo para combatir las altas tasas de abandono escolar" que sufre España y que "… comienza un proceso de desarrollo normativo de la ley que acaba de aprobarse", explicando que, tras la aprobación, el Ministerio se pondrá en contacto con las distintas Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas para "…invitarles a coparticipar en las competencias concurrentes y compartidas para poner en marcha esta ley".
Lo curioso, siempre que ignorásemos la desastrosa educación escolar que, a lo largo de la historia y siempre que ha asumido funciones gubernativas, ha promovido la izquierda política; ha sido el hecho de que la oposición calificase a la nueva ley como "monstruo deforme", destacando que, en caso de acceder la oposición al gobierno en la próxima legislatura, lo primero
que hará será derogar la ley.
Esto no debe llamarnos la atención pues si hay algo que caracteriza a la izquierda vernácula y a sus aliados pro etarras y nacionalistas catalanes es su intención de destruir todo lo que haga a la calidad educativa y al progreso de las clases medias y populares de este país.
Mientras los señoritos del PSOE y de los partidos nacionalistas envían a sus hijos a caros colegios privados – a los que no pueden acceder los hijos de las clases populares ni medias de este país – no han dudado en imponer la adoctrinadora “Educación para la Ciudadanía” en la que se pretendía reemplazar el rol de los padres en el proceso educativo – formativo de sus hijos y donde, por ejemplo, se utilizaba como bibliografía recomendada un libro titulado “Alí Babá y los 40 maricones”.
Que los representantes del PSOE, impulsores de ese engendro normativo que tantos miles de objetores generaron en el país y que no movieron un dedo en Cataluña, por ejemplo, para oponerse al adoctrinamiento y utilización perversa de los menores de edad por parte del régimen separatista y que incita el odio a todo lo español, ni a la marginación de la lengua española en las escuelas o a su persecución en el patio de las escuelas, califiquen a la nueva ley como “… muerta antes de publicarse en el BOE" y que, por su contenido, acudirán al Tribunal Constitucional, resulta lamentable.
Tan lamentable como los propios orígenes, desarrollo históricos y actuaciones del mal denominado Partido Socialista Obrero Español, que cada día más se asemeja a una secta de listos, antiobrera y antiespañola, si hemos de analizar sus actuaciones en Andalucía, los escándalos de corrupción que involucran a muchos de sus dirigentes, la educación “clasista” que reservan a sus propios vástagos (a quienes aseguran el aprendizaje del español, del inglés y del alemán, entre otros contenidos) en comparación con el adoctrinamiento que reservan a charnegos e hijos de padres de clases medias y populares de España.
Asimismo han resultado cuanto menos “desafortunadas” algunas declaraciones de otros representantes de la oposición. Asi, el socioconvergente, Martí Barberá, comentó que los indicadores que utiliza Educación para justificar la norma se están mejorando en Cataluña, aunque naturalmente no hizo referencia alguna a la persecución del idioma español, al adoctrinamiento que imponen a los niños en los textos empleados en las escuelas catalanas (donde, desde los primeros cursos, imponen el adoctrinamiento exigiendo el aprendizaje de la demarcación de los denominados “Países Catalanes” que jamás existieron en la historia), al empleo de menores de edad en manifestaciones públicas lo cual recuerda el uso que de los niños realizaba el NSDAP de Adolf Hitler; ni la política de subvenciones millonarias para mantener una dictadura en los medios de comunicación, ni la persecución de todo lo que critique dichas políticas por medio del CAC o el uso de menores en los medios de comunicación en pos del secesionismo y de la traición a la Constitución Española.
La portavoz del Partido Nacionalista Vasco adelantó que en las Vascongadas no tienen previsto renunciar a "su sistema educativo de éxito" y tachó algunos artículos de la nueva ley como inconstitucionales, uniéndose a las críticas formuladas por la diputada de Amaiur, Maite Ariztegui, quien, en una muestra manifiesta de cómo los portavoces de la izquierda abertxale entienden la democracia y las mayorías, izquierda que tanto defiende a los asesinos etarras y les reciben como héroes al abandonar las prisiones, manifestó que “… no dejaremos que la LOMCE entre en nuestras aulas".
Naturalmente para dichas formaciones es más positivo para la educación que un etarra salga de prisión o, incluso, que se adoctrine en vascuence relegando al español y expulsando de las Vascongadas a los mejores docentes de las universidades vascas, que una ley votada por la mayoría de los representantes del pueblo español.
Similares han sido los argumentos de otros legisladores quienes, enfundados en una camiseta verde (Caridad García, de Izquierda Plural), se han opuesto a la posibilidad (que muchos compartimos dados sus excelentes resultados académicos) de permitir la educación diferenciada por sexos; o recurriendo a la más absurda de las calificaciones hacia la ley (como Joan Baldoví, de Compromís, quien ha dicho que la norma es "la maldición de Frankestein, monstruosa, abominable y no gusta a nadie") se han unido a otros colectivos contrarios a la norma como la denominada Plataforma Estatal por la Escuela Pública integrada por CCOO, UGT, STEs-i, CGT y MRPs, la Confederación Española de Asociaciones de Padres (CEAPA), el Sindicato de Estudiantes, FAEST y Estudiantes en Movimiento; es decir, todos aquellos que, principalmente en los años del peor zapaterismo y de sus inútiles ministras y ministros de cuota, nada hicieron, nada dijeron, ni nada impulsaron para que España (y sus estudiantes) dejase de estar a la cola de la educación en Europa y para que, al menos, una de sus tantas universidades se encontrase entre las 300 mejores del mundo.
La nueva ley educativa suprime la selectividad e implanta evaluaciones nacionales externas de competencias básicas - diseñadas por el Gobierno - para todos los alumnos al final de la secundaria obligatoria (ESO) y bachillerato, que habrán de superar para titularse; fija el idioma español como lengua vehicular de la enseñanza en todo el territorio español y refuerza la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a escoger el centro educativo.
Aunque la norma se aplicará en la ESO en el año académico 2015 -2016 para los cursos primero y en 2016 – 2017 para segundo y cuarto; en el Bachillerato, comenzará a aplicarse para el primer curso en 2015 - 2016, y para el segundo en 2016 - 2017.
En el plano estrictamente educativo que es, en definitiva, de lo que se trata, la LOMCE introduce las siguientes reformas:
• Agrupa a las asignaturas de primaria, ESO y Bachillerato en troncales (lengua castellana, matemáticas, ciencias o idioma extranjero, reguladas esencialmente por el Gobierno con una carga lectiva mínima del 50 % del horario total), específicas y de libre configuración autonómica (como Lengua cooficial), cuyos horarios y contenidos corresponderán a las comunidades.
• Los alumnos podrán elegir antes sus itinerarios en la ESO. En tercero se puede optar entre Matemáticas de iniciación a enseñanzas académicas o aplicadas. En cuarto de la ESO (15 años), el último de la enseñanza obligatoria, se podrá elegir entre un curso orientado a iniciar el Bachillerato o a iniciar Formación Profesional.
• Cada centro educativo podrá complementar los tres bloques de materias y configurar su propia oferta formativa.
• A diferencia de lo que había aprobado el desgobierno socialista de ZP, en ESO sólo se podrá pasar de curso con dos suspensos como máximo, siempre que no sean simultáneamente Matemáticas y Lengua; lo cual tiende a que el alumno apruebe la mayoría de sus asignaturas y que se exija estudio y dedicación.
• Para el Bachillerato se contemplarán tres modalidades: Ciencias, Artes, y Humanidades y Ciencias Sociales. Sin embargo, el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
• Si el alumno escoge seguir Formación Profesional, de contempla una nueva FP básica de dos cursos obligatorios para alumnos de entre 15 y 17 años con dificultades de aprendizaje que hayan terminado tercero o, excepcionalmente, segundo de ESO. Esa FP básica servirá para obtener el título de la Secundaria Obligatoria y pasar a FP de grado medio.
• La asignatura de Religión confesional, siempre voluntaria, tendrá como alternativas obligatorias las asignaturas de Valores Sociales y Cívicos (en la Primaria) y la de Valores Éticos (en la Secundaria), suprimiendo, como no podía ser de otro modo, el adefesio adoctrinante e ideologizado de Educación para la Ciudadanía.
• A efectos de posibilitar a todos los niños y jóvenes que deseen estudiar, el Ministerio promoverá el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales para la educación básica en los centros sostenidos con fondos públicos.
Un tema controvertido y cuestionado por los opositores a la reforma es la creación de pruebas nacionales censales comunes al final de sexto de Primaria, cuarto de ESO y segundo de Bachillerato diseñadas por la administración central previa consulta a las comunidades. Y, aunque estas pruebas recién comenzarían a aplicarse en el año 2017, será necesario superar las pruebas de la ESO y el Bachillerato para obtener los títulos correspondientes; desapareciendo la selectividad para los alumnos que quieran acceder a la Universidad a partir del curso 2018 – 2019.
La idea de esas pruebas es conocer los resultados de los centros y publicarlos en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del lugar donde estén ubicados los mismos, pudiéndose adoptar planes específicos de mejora de la enseñanza para aquellos centros que no que no alcancen los niveles adecuados.
Además, la LOMCE estipula que el Gobierno adelantará el pago de la escolarización privada de aquellos alumnos que no tengan garantizado el aprendizaje en castellano en los centros públicos o concertados de las comunidades con lengua cooficial, y se lo descontará a éstas de la financiación autonómica que les corresponda. Esto, lejos de ser positivo, resulta una claudicación ante el despotismo que algunos regímenes locales, como el catalán, llevan adelante en materia educativa, persiguiendo al español en pos de su adoctrinamiento separatista. Y, aunque sea positivo que los padres puedan llevar a sus hijos a escuelas privadas para escoger la lengua materna a efectos de la escolarización de los niños; lo sensato hubiese sido suprimir la autonomía catalana, llevar ante la justicia a quienes incumplen las leyes nacionales y que el Estado nacional retomase la competencia educativa a nivel central.
En lo que atañe a la gestión de los centros se establece que los miembros del equipo directivo del centro y los profesores serán considerados autoridad pública, algo muy valorable de esta séptima reforma educativa de la democracia española.
Sin embargo, resulta lamentable que, lejos de prevalecer la búsqueda de calidad y la mejora del sistema educativo, en casi todas las reformas hayan prevalecido intereses políticos sectarios y oposiciones basadas en ideologismos.
En una España en crisis, pero con muchos más medios disponibles para que los alumnos aprendan, se eduquen y formen como ciudadanos libres y como personas de bien con sólidos valores morales, pareciera que son muchos los que se oponen a cualquier cambio o mejora; olvidando que hace muchas décadas atrás, con menos recursos, con menos años de formación y con escuelas sin calefacción, aire acondicionado o recursos tecnológicos sofisticados, los alumnos aprendían, se formaban y obtenían matrículas de honor y becas, en un sistema que, aunque cuestionable políticamente e incluso religiosamente, permitió a miles de alumnos una movilidad social que ninguna de las últimas reformas educativas logró en los últimos años.
Habría que preguntarse si, en otros tiempos, primaba más la búsqueda de la excelencia y la calidad educativa y el saber del alumno, que el carnet del partido o del sindicato, la orientación sexual de la persona o la falsa progresía de los separatismos como ha sido la triste realidad de los últimos años.
Confiemos en que esta nueva norma sea el comienzo de la transformación educativa que España necesita aunque me permitiré desconfiar de ello, pues, a la luz de las falsedades y pobres pseudo argumentos de la oposición, no sería de extrañar que un futuro gobierno de coalición izquierdista – nacionalista vuelva a la mediocridad, al totalitarismo y a la ideologización educativa, tal como puede comprobarse en cualquier centro público de muchas de las taifas autonómicas, principalmente en Cataluña, las Vascongadas o Andalucía.
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