Reforma previsional: una nueva estafa de Rajoy - Montoro hacia los trabajadores.

Según informaciones publicadas en la prensa, el gobierno de Mariano Maricomplejines Rajoy y su inefable Montoro, impulsará una reforma que exigirá a cualquier persona un mínimo de 35 años de cotización para acceder a la jubilación anticipada voluntaria y 33 años cotizados en el caso de la jubilación anticipada forzosa y también en la jubilación parcial.

Hasta ahora, un trabajador, para poder jubilarse a los 67 años, en principio, debía trabajar 38 años para cobrar una media de los últimos 25 años

Con los cambios, nadie que no haya trabajado un mínimo de 35 años, NO PODRÁ JUBILARSE.

Y QUIEN DESEE JUBILARSE A LOS 65 AÑOS, TENDRÁ UNA REBAJA MEDIA DE SU PENSIÓND EL 15%.

Recordemos que el 1º de enero de 2013 entró en vigor la reforma de pensiones que fijo que el trabajador podría acceder a su jubilación parcial a los 61, con 30 años de cotización, aunque su entrada en vigencia se ha demorado hasta el 1 de abril próximo.

El Gobierno de Rajoy ha adoptado medidas por medio de un Real Decreto Ley que, una vez más, perjudicará a los actuales cotizantes, vulnerando el Pacto de Toledo, disminuyendo los costes que tienen las empresas para realizar despidos colectivos, posibilitando la combinación de salarios y pensiones, salvo para los funcionarios públicos.

La nueva farsa marianesca hacia los trabajadores se titula "'Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo" y eleva a 35 años la cotización mínima para acceder a una jubilación anticipada, pero supeditando ello a que la pensión resultante supere el ingreso mínimo que le correspondería al jubilado por su situación familiar al cumplir los 65 años.

En una España con millones de parados, un consumo en franco detraimiento, en un marco de reducción de pensiones, incremento de la presión tributaria y reducción del número de trabajadores activos cotizantes, esta reforma supone un nuevo atraco de Montoro - Rajoy al bolsillo de los cotizantes de este país.

A partir de este año, para acceder a la jubilación anticipada forzosa, el trabajador tendrá que tener una edad mínima de 61 años y un mes, alcanzado los 63 años en el año 2027, pasando el período mínimo de cotización de 30 a 33 años.

Continuando con las inhumanas trabas de la reforma, si el trabajador desea acogerse a una jubilación parcial, se exigirá una edad mínima de 63 años y 1 mes en 2013 y 65 años en el año 2027, bajando los años exigidos de cotización a 25 años para discapacitados y, en todos los casos, una antigüedad mínima en la empresa de 6 años. Además, la norma establece la figura del trabajador relevista, que ocupará el puesto de empleo y las horas de quien se jubile parcialmente, regulando la cotización que deberán realizar las empresas.

En el programa "ES LA NOCHE DE CÉSAR" de hoy, del periodista, abogado y escritor, César Vidal, uno de sus colaboradores, acaba de referirse al denominado sistema de capitalización privado en materia de jubilaciones y pensiones, como alternativa al régimen actual.

Sin embargo, lejos del ejemplo chileno, ese sistema deja mucho que desear e implicaría riesgos para los cotizantes.

Aunque sea una realidad que el sistema de pensiones español está al borde de la quiebra, la denominada capitalización no sería una alternativa.

En los años 90, dentro del esquema de privatizaciones y transformación del Estado impuslsado por la administración del ex presidente Carlos Saúl Menem, la República Argentina adoptó el sistema de capitalización privada (que coexistió para algunos cotizantes con el denominado "sistema de reparto - similar al español); sistema que fracasó contundentemente tras entregar los aportes de millones de trabajadores argentinos a las llamadas AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones)Las AFJP fueron empresas privadas con fines de lucro, dedicadas a administrar los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores que optaron voluntariamente, en algunos casos, por ser incluidos en el régimen de capitalización individual establecido por la Ley 24.241 de reforma previsional del año 1993.Como compensación esas empresas percibían comisiones que se deducían de los aportes de los afiliados al sistema, administraban la inversión con el fin de inyectar liquidez al mercado de capitales y obtener rentabilidad para sus ahorristas y para las propias empresas. La idea era que, cuando el cotizante alcanzase la edad de jubilación, recibiese su capital acumulado, en cuotas mensuales, hasta que el fondo se agotase.

Su funcionamiento estuvo regulado por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), entidad autárquica con autonomía funcional y financiera, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo de la República Argentina.Sin embargo, esas administradoras "privadas", durante los años de funcionamiento del sistema, percibieron COMISIONES que rondaron los casi 98.000 millones de dólares y realizaron "inversiones" en subprimes y productos financieros muy arriesgados para los fondos que se les habían confiado.En noviembre de 2008, el gobierno argentino presentó un proyecto de ley para eliminar el sistema de capitalización y, en consecuencia, a las propias AFJP, proyecto que fue aprobado por el Congreso bicameral argentino que, por medio de la ley 26.425, promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional puso fin al sistema, estatizando los fondos que, hasta entonces, habían administrado.LA EXPERIENCIA ARGENTINA DE CAPITALIZACIÓN FUE UN AUTÉNTICO FIASCO Y UN LATROCINIO ECONÓMICO PARA LOS APORTANTES, de allí que no me extrañe que algunos periodistas y economistas, pensemos con buena intención política y social, y ante el estado actual de cuasi quiebra del sistema español, piensen en una alternativa de capitalización privada, ignorando el fracaso del esquema argentino y apoyándose en el éxito del régimen chileno.La adopción de un sistema semejante requiere controles, transparencia y garantías para los cotizantes.EN PAÍSES DONDE LA CORRUPCIÓN PARECE ESTAR ENQUISTADA TANTO EN EL SECTOR PÚBLICO, COMO EN EL SECTOR PRIVADO LIGADO A LA MERA ESPECULACIÓN (caso argentino) UN SISTEMA COMO EL PROPUESTO DE CAPITALIZACIÓN NO FUNCIONARÍA, y nadie podría asegurar a los cotizantes que la capitalización individual les garantizase un futuro ingreso decoroso para subvenir a sus necesidades.

En un país corrupto hasta la médula como España, con una casta partitocrática parasitaria, corrupta y ante la ausencia de un Jefe de Estado que defienda los intereses de la Nación, ¿quien nos garantizaría que en este país, enlodado hasta la cabeza en la corrupción y sin un Poder Judicial independiente, un sistema de capitalización privada sería la solución al cuasi quiebre del sistema de jubilaciones y pensiones?

Como cotizante, prefiero que se SUPRIMAN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, SE ELIMINEN EL 60% DE LOS AYUNTAMIENTOS, LAS 37 DIPUTACIONES AUTONÓMICAS Y TODO EL GASTO DE UN ESTADO ELEFANTIÁSICO PROPIO DE UN PAÍS COMUNISTA.Como cotizante, prefiero personalmente MENOS TELEVISIONES Y RADIOS AUTONÓMICAS BASURA que sólo sirven a los poderosos de la taifa de turno.Como cotizante, prefiero MENOS SUBVENCIONES A PERROFLAUTAS Y ONGs DE DUDOSOS FINES y que Mariano Rajoy - Montoro dejen de dilapidar nuestros dineros para la absurda "Alianza de Civilizaciones" o para subsidiar embajadas de estados inexistentes, como pasa con todas las "seudoembajadas, casales, casas de..., etc" de las 17 taifas autonómicas.Finalmente, como cotizante, exijo que el Gobierno de España deje de idear medidas que perjudiquen a los actuales trabajadores cotizantes que serán los futuros jubilados de esta gran Nación llamada España.

El tandem Rajoy - Montoro, en una nueva muestra de desfachatez, insensibilidad social y continuidad de la gestión y el modelo zapateril, ha improvisado hoy estas medidas.

Señores Montoro y Rajoy, SI NO SABÉIS GOBERNAR EN INTERÉS DE LOS ESPAÑOLES, HABITANTES Y COTIZANTES DE ESTE PAÍS, MARCHAROS A CASA.

Pero, es inadmisible que pretendáis que el ajuste siempre lo paguemos los de siempre, mientras la corrupción, la falta de transparencia, los enchufados y entenados de la política, la justicia y los sindicatos continúan disfrutando de privilegios, exenciones y medidas fiscales que les favorecen (como la denominada amnistía fiscal).

La hora de robar las ilusiones y el futuro de millones de trabajadores ha terminado; aunque, a la luz de las reformas impulsadas en materia previsional, Rajoy y Montoro pareciera que no lo han entendido.