Con la declaración independentista del Parlamento Catalán del día de ayer, los enemigos de la Nación y de la legalidad han situado al gobierno de Cataluña al margen de la Constitución, con un apoyo del 63% de los diputados catalanes.
Los socialistas presentaron una declaración ambigua, similar a la aprobada por los parlamentarios, desconociendo que la soberanía no reside en Cataluña, sino en el pueblo español.
Podemos destacar la intervención de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en su defensa de la Constitución y la legalidad y la actitud de la bancada popular, que se retiró del recinto tras la votación.
Rivera comenzó su intervención recitando el artículo 1 de la Constitución Nacional, que recoge que la soberanía reside en el pueblo español (y no en una entelequia y fantasía que los separatistas han llamado “países catalanes). El legislador fue contundente al afirmar que con ese artículo bastaría para terminar la explicación y que, en un estado de derecho, resulta prioritario respetar las leyes, siendo el artículo 1 de la Constitución el primero que debe leerse y ser cumplido.
Independientemente de lo lamentable de esta mamarrachada ilegal protagonizada por los separatistas catalanes, resulta muy preocupante la falta de reacción de Mariano Rajoy frente a lo acontecido.
Mariano, Presidente del gobierno de España, se mantiene ausente, impasible, como un autista que permanece encerrado en sí mismo, en lugar de aplicar la ley y la Constitución y, para peor, en lugar de encontrarse en España frente a la previsible rebelión contra España, optó por marcharse de viaje a Perú.
En esta coyuntura, frente al desafío que algunos denominan “auténtico golpe de estado peor que el del 23F”, España podría optar por dos caminos: aceptar el desafío secesionista y aplicando los mecanismos constitucionales impulsar un referéndum (en el que deberían votar todos los ciudadanos) que decida el futuro de la taifa; o aplicar el artículo 155 de la Constitución Nacional y suprimir la autonomía catalana, impulsando todos los mecanismos legales para terminar con la fantochada nacionalista.
Rajoy, “el ausente”, ha optado por no responder. Y quien calla, otorga. Desde Perú, y acompañado por el Presidente de ese país, Ollanta Humala, ha manifestado que “pretender poner en tela de juicio todo, aprobar resoluciones que no están en el espíritu constitucional, no sirve para nada".
Mariano Maricomplejines Rajoy continúa optando por el diálogo y la convivencia, y no es posible determinar cuál será la respuesta, si es que la hay, ante la bravuconada de Mas y sus secuaces. Preocupado supuestamente por la crisis económica, el Presidente ha optado por su línea habitual: callar y manifestar que el gobierno aplicará siempre la ley.
En el Parlamento, la comparecencia de Montoro ha sido muy comentada en todos los titulares económicos de hoy, intervención que podríamos calificar como deplorable sino fuese porque la oposición al Partido Popular, con excepción de Rosa Diez y algunos otros representantes, no existe y carece del más mínimo nivel intelectual para realizar propuestas o críticas con fundamento. Frente a unas oposiciones mayoritariamente salpicadas por la corrupción, por tramas de ERES fraudulentas, por familias enriquecidas hasta límites insospechados, por fundaciones y amiguetes beneficiados en millones de euros por esos partidos políticos, por oscuras subvenciones o supuestos sobres con dinero en negro, hasta Montoro parece bueno. Y no lo es.
En este escenario de desmembramiento de España y, mientras se mantienen incomprensiblemente los privilegios forales de Navarra y Vascongadas, una política impositiva que está ahogando a la economía privada y a las familias y una presión tributaria incomprensible en un mar de corrupción que salpica a gran parte de la clase política y sus entenados, el mercado laboral ha retrocedido diez años, según los datos suministrados por la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2012; aumentando a más de 2.700.000 personas las que han dejado de buscar empleo (parados de larga duración) y que, excluidos totalmente del mercado laboral, tendrán muy difícil volver a insertarse en la economía formal aun cuando se mejoren los indicadores de empleo.
Según el estudio, España registra casi 6 millones de parados, consecuencia de los desatinos y despropósitos de los desgobiernos socialistas y de la pasividad y errores de Mariano Rajoy. Lo dramático es que, en cualquier estado democrático con justicia independiente, los responsables de tamaña corrupción y desgobierno ya deberían haber sido juzgados y ser condenados por todo el daño que han causado a España y a sus habitantes.
Las tertulias económicas de hoy se han concentrado en analizar estos datos económicos y, más allá de algunas opiniones aisladas, pocos son los que se muestran optimistas respecto a la evolución a corto y medio plazo del mercado laboral.
El número de ocupados ha bajado de los 17 millones de habitantes, retrocediendo al año 2003 pero, mientras en dicho año la población activa era de poco más de 41 millones de habitantes, en la actualidad dicha población supera los 47 millones de personas.
Entre diciembre de 2011 y la actualidad el número de ocupados ha caído en más de 850.000 personas, con el dramático escenario de que miles de personas han dejado de buscar empleo porque están convencidos de que no lo hallarán, porque han optado por buscarse la vida fuera de España o porque, en el caso de algunos colectivos de inmigrantes, han optado por regresar a sus países de origen.
España tiene una tasa de actividad del 59,8%, esto significa que ese porcentaje de personas mayores de 16 años no tienen empleo, y su “sostenimiento” queda a cargo de los pocos millones de personas que aún tenemos la fortuna de trabajar.
Miles de trabajadores, ante la imposibilidad de hallar empleo, han optado por realizar actividades económicas por cuenta propia, lo que explica el incremento en el número de autónomos (1,8%) y puede augurar un incremento de empleo a mediano plazo pues, de acuerdo con los estudios realizados, gran parte de los trabajadores autónomos tiene previsto contratar al menos una persona a lo largo de este año 2013.
La reforma laboral del gobierno habría provocado un incremento del trabajo a tiempo parcial y ello, unido al incremento de la temporalidad en las contrataciones, implicaría un acomodamiento de las empresas a las reformas económicas para adoptar medidas que no impliquen, en todos los casos, un despido.
Así, mientras el sector privado, en los últimos años, ha realizado los ajustes necesarios en sus plantillas vía expedientes de regulación de empleo, suspensión de pagos y cierres de empresas; en el sector público, por primera vez en una década, se ha destruido más empleo que en el primero, lo cual no deja de ser positivo dada la carga económica que para todos los contribuyentes representa el sostenimiento de un Estado elefantiásico, con todo tipo de organismos, entes, empresas públicas y subvenciones millonarias que, unidas a la corrupción de la partitocracia nacida de la transición, nos han conducido a esta dramática situación.
Sintetizando lo anterior, diremos que el gobierno debe reaccionar con energía al golpe separatista, defendiendo la unidad e integridad de España y el respeto y cumplimiento efectivo de la Constitución Nacional en todo el territorio, para garantizar los derechos y exigir el cumplimiento de sus deberes a todos los habitantes.
Esa misma energía ha de aplicarse a la economía. De nada sirve prorrogar la ayuda por desempleo (PLAN PREPARA) si no se adoptan medidas para CREAR EMPLEO.
Para una persona en situación de paro resultaría más digno acceder a fórmulas de contratación como los minijobs o el trabajo a tiempo parcial, que continuar manteniendo (por parte de quienes aún cotizamos) a más de 8 millones de pensionistas y a más de 3 millones y medio de personas que reciben algún tipo de prestación o ayuda.
Si el gobierno se empeña en mantener privilegios forales propios de un país pre-capitalista, si continúa incrementando la presión fiscal a límites insospechables, si no combate con todas sus energías la corrupción de los partidos políticos y de la casta partitocrática y si no enfrenta el golpe separatista con la Constitución y la ley, nada cambiará en el corto plazo y no habrá solución ni al desmembramiento de España ni a la situación de millones de parados.
Urge tomar medidas, Sr. Rajoy, para eso millones de ciudadanos le han respaldado.
España, sus ciudadanos y sus habitantes exigen medidas de estímulo a la creación de empleo, de eliminación de la corrupción y de disminución de la carga tributaria que ahoga a empresarios, autónomos y ciudadanos.
Si no sabe, no quiere o no puede hacerlo, váyase. El tiempo de improvisaciones y silencios ha terminado.
Los socialistas presentaron una declaración ambigua, similar a la aprobada por los parlamentarios, desconociendo que la soberanía no reside en Cataluña, sino en el pueblo español.
Podemos destacar la intervención de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en su defensa de la Constitución y la legalidad y la actitud de la bancada popular, que se retiró del recinto tras la votación.
Rivera comenzó su intervención recitando el artículo 1 de la Constitución Nacional, que recoge que la soberanía reside en el pueblo español (y no en una entelequia y fantasía que los separatistas han llamado “países catalanes). El legislador fue contundente al afirmar que con ese artículo bastaría para terminar la explicación y que, en un estado de derecho, resulta prioritario respetar las leyes, siendo el artículo 1 de la Constitución el primero que debe leerse y ser cumplido.
Independientemente de lo lamentable de esta mamarrachada ilegal protagonizada por los separatistas catalanes, resulta muy preocupante la falta de reacción de Mariano Rajoy frente a lo acontecido.
Mariano, Presidente del gobierno de España, se mantiene ausente, impasible, como un autista que permanece encerrado en sí mismo, en lugar de aplicar la ley y la Constitución y, para peor, en lugar de encontrarse en España frente a la previsible rebelión contra España, optó por marcharse de viaje a Perú.
En esta coyuntura, frente al desafío que algunos denominan “auténtico golpe de estado peor que el del 23F”, España podría optar por dos caminos: aceptar el desafío secesionista y aplicando los mecanismos constitucionales impulsar un referéndum (en el que deberían votar todos los ciudadanos) que decida el futuro de la taifa; o aplicar el artículo 155 de la Constitución Nacional y suprimir la autonomía catalana, impulsando todos los mecanismos legales para terminar con la fantochada nacionalista.
Rajoy, “el ausente”, ha optado por no responder. Y quien calla, otorga. Desde Perú, y acompañado por el Presidente de ese país, Ollanta Humala, ha manifestado que “pretender poner en tela de juicio todo, aprobar resoluciones que no están en el espíritu constitucional, no sirve para nada".
Mariano Maricomplejines Rajoy continúa optando por el diálogo y la convivencia, y no es posible determinar cuál será la respuesta, si es que la hay, ante la bravuconada de Mas y sus secuaces. Preocupado supuestamente por la crisis económica, el Presidente ha optado por su línea habitual: callar y manifestar que el gobierno aplicará siempre la ley.
En el Parlamento, la comparecencia de Montoro ha sido muy comentada en todos los titulares económicos de hoy, intervención que podríamos calificar como deplorable sino fuese porque la oposición al Partido Popular, con excepción de Rosa Diez y algunos otros representantes, no existe y carece del más mínimo nivel intelectual para realizar propuestas o críticas con fundamento. Frente a unas oposiciones mayoritariamente salpicadas por la corrupción, por tramas de ERES fraudulentas, por familias enriquecidas hasta límites insospechados, por fundaciones y amiguetes beneficiados en millones de euros por esos partidos políticos, por oscuras subvenciones o supuestos sobres con dinero en negro, hasta Montoro parece bueno. Y no lo es.
En este escenario de desmembramiento de España y, mientras se mantienen incomprensiblemente los privilegios forales de Navarra y Vascongadas, una política impositiva que está ahogando a la economía privada y a las familias y una presión tributaria incomprensible en un mar de corrupción que salpica a gran parte de la clase política y sus entenados, el mercado laboral ha retrocedido diez años, según los datos suministrados por la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2012; aumentando a más de 2.700.000 personas las que han dejado de buscar empleo (parados de larga duración) y que, excluidos totalmente del mercado laboral, tendrán muy difícil volver a insertarse en la economía formal aun cuando se mejoren los indicadores de empleo.
Según el estudio, España registra casi 6 millones de parados, consecuencia de los desatinos y despropósitos de los desgobiernos socialistas y de la pasividad y errores de Mariano Rajoy. Lo dramático es que, en cualquier estado democrático con justicia independiente, los responsables de tamaña corrupción y desgobierno ya deberían haber sido juzgados y ser condenados por todo el daño que han causado a España y a sus habitantes.
Las tertulias económicas de hoy se han concentrado en analizar estos datos económicos y, más allá de algunas opiniones aisladas, pocos son los que se muestran optimistas respecto a la evolución a corto y medio plazo del mercado laboral.
El número de ocupados ha bajado de los 17 millones de habitantes, retrocediendo al año 2003 pero, mientras en dicho año la población activa era de poco más de 41 millones de habitantes, en la actualidad dicha población supera los 47 millones de personas.
Entre diciembre de 2011 y la actualidad el número de ocupados ha caído en más de 850.000 personas, con el dramático escenario de que miles de personas han dejado de buscar empleo porque están convencidos de que no lo hallarán, porque han optado por buscarse la vida fuera de España o porque, en el caso de algunos colectivos de inmigrantes, han optado por regresar a sus países de origen.
España tiene una tasa de actividad del 59,8%, esto significa que ese porcentaje de personas mayores de 16 años no tienen empleo, y su “sostenimiento” queda a cargo de los pocos millones de personas que aún tenemos la fortuna de trabajar.
Miles de trabajadores, ante la imposibilidad de hallar empleo, han optado por realizar actividades económicas por cuenta propia, lo que explica el incremento en el número de autónomos (1,8%) y puede augurar un incremento de empleo a mediano plazo pues, de acuerdo con los estudios realizados, gran parte de los trabajadores autónomos tiene previsto contratar al menos una persona a lo largo de este año 2013.
La reforma laboral del gobierno habría provocado un incremento del trabajo a tiempo parcial y ello, unido al incremento de la temporalidad en las contrataciones, implicaría un acomodamiento de las empresas a las reformas económicas para adoptar medidas que no impliquen, en todos los casos, un despido.
Así, mientras el sector privado, en los últimos años, ha realizado los ajustes necesarios en sus plantillas vía expedientes de regulación de empleo, suspensión de pagos y cierres de empresas; en el sector público, por primera vez en una década, se ha destruido más empleo que en el primero, lo cual no deja de ser positivo dada la carga económica que para todos los contribuyentes representa el sostenimiento de un Estado elefantiásico, con todo tipo de organismos, entes, empresas públicas y subvenciones millonarias que, unidas a la corrupción de la partitocracia nacida de la transición, nos han conducido a esta dramática situación.
Sintetizando lo anterior, diremos que el gobierno debe reaccionar con energía al golpe separatista, defendiendo la unidad e integridad de España y el respeto y cumplimiento efectivo de la Constitución Nacional en todo el territorio, para garantizar los derechos y exigir el cumplimiento de sus deberes a todos los habitantes.
Esa misma energía ha de aplicarse a la economía. De nada sirve prorrogar la ayuda por desempleo (PLAN PREPARA) si no se adoptan medidas para CREAR EMPLEO.
Para una persona en situación de paro resultaría más digno acceder a fórmulas de contratación como los minijobs o el trabajo a tiempo parcial, que continuar manteniendo (por parte de quienes aún cotizamos) a más de 8 millones de pensionistas y a más de 3 millones y medio de personas que reciben algún tipo de prestación o ayuda.
Si el gobierno se empeña en mantener privilegios forales propios de un país pre-capitalista, si continúa incrementando la presión fiscal a límites insospechables, si no combate con todas sus energías la corrupción de los partidos políticos y de la casta partitocrática y si no enfrenta el golpe separatista con la Constitución y la ley, nada cambiará en el corto plazo y no habrá solución ni al desmembramiento de España ni a la situación de millones de parados.
Urge tomar medidas, Sr. Rajoy, para eso millones de ciudadanos le han respaldado.
España, sus ciudadanos y sus habitantes exigen medidas de estímulo a la creación de empleo, de eliminación de la corrupción y de disminución de la carga tributaria que ahoga a empresarios, autónomos y ciudadanos.
Si no sabe, no quiere o no puede hacerlo, váyase. El tiempo de improvisaciones y silencios ha terminado.
Como siempre, el artículo perfecto en documentación, claridad y corrección. Nada que comentar o añadir. Dos cosas, muy simples que me hacen temblar: hablando de nuestro presidente " quien calla, otorga" y la definición de todo este fregado como " un auténtico golpe de estado peor que el del 23 F" Está bastante claro: lo del 23 F fue una charlotada que duró 2 días, ésto nos va a llevar mucho más tiempo y sobre todo muchísimo más dinero.
ResponderEliminarGRACIAS. Y es verdad, esto es mucho más peligroso que el 23F. Y ni siquiera contamos con un Jefe de Estado que haga valer la Constitución de España ante sus enemigos.
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