EL ENNEGRECIMIENTO DE LAS DENOMINADAS “BATAS BLANCAS”

Madrid y el resto de las regiones españolas asisten, impotentes, a la protesta denominada de las batas blancas, protesta que vulnera el derecho constitucional a la salud de los ciudadanos.

Sitiando virtualmente el centro de Madrid y los puntos más céntricos de la capital, los manifestantes – gran parte de ellos alegando una condición de jefes de servicio que no tienen (tal como ha publicado en el día de hoy el diario La Razón) - , en un tono entre festivo y seudo reivindicatorio han proclamado el éxito de la protesta y el supuesto apoyo de la ciudadanía a la huelga o suspensión de servicios médicos.

Seguramente los huelguistas no contarán con el respaldo de los miles de pacientes que se han visto perjudicados al ver suspendidas sus intervenciones sanitarias, ni los familiares que se encuentran agobiados por el estado de salud de sus seres queridos y que, por esta maldita costumbre española de realizar huelgas sin trabajar (y no como realizan en otros países trabajando el doble de lo normal), verán en peligro su salud.

Que el Presidente de la Comunidad de Madrid, Sr. Ignacio González, haya decidido impulsar el pase a manos privadas de la gestión de los hospitales públicos no implica, necesariamente, que se encarezcan o resientan los servicios, ni que se produzca la pérdida de puestos de empleo productivos.

Tal como ha señalado el Consejero de Sanidad de la Comunidad, Sr. Javier Fernández Lasquetty resulta cuanto menos engañoso hablar de dicha gestión privada como de una privatización del sistema.

El Partido Socialista Antiobrero y Antiespañol está demostrando, una vez más, que su estrategia consiste en sembrar discordia, división y temor en los ciudadanos y habitantes de España respecto a los cambios que se impulsan desde el ejecutivo madrileño.

El partido de la corrupción de Filesa o de los ERES fraudulentos de Andalucía, el partido del matonerismo inaugurado por Pablo Iglesias, seguido de las checas republicanas y de los escuadrones de la muerte de los GAL, el partido proclive al aborto y a la eutanasia y defensor, junto a los medios “amigos” del Dr. Montes, entre otras lindezas, miente al afirmar que la sanidad dejará de ser pública. Los habitantes y ciudadanos continuarán accediendo a ella en forma gratuita y contando con financiación derivada de los impuestos.

Con el sistema impulsado por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, sólo la gestión será transferida al sector privado, tal como viene aconteciendo, con excelentes resultados, en los Hospitales de Torrejón de Ardoz, Valdemoro y Rey Juan Carlos.

Madrid adoptará un sistema de pago denominado “capitativo”, que consiste en asignar una suma de dinero por cada habitante de la zona asignada a cada hospital, siendo la cantidad, en los tres hospitales citados, de un promedio de 440 euros.  Y con ello se cubre, aunque la izquierda se empeñe en mentir, toda la asistencia sanitaria y hospitalaria de los pacientes, tanto de aquellos que no requieren asistencia alguna como de quienes, por desgracias de la vida, requieren un tratamiento costoso.

La Comunidad de Madrid, desde hace años, en un ejercicio de libertad y responsabilidad, ha establecido la libre elección de médico de cabecera y centro sanitario. Ello implica que, si por ejemplo, un 30% de la población de un municipio que pertenezca al Hospital X, decide solicitar cambio de hospital, ello afectaría al gestor privado del mismo que debería continuar prestando servicios y pagar el tratamiento del paciente que solicitase el cambio de centro. Para hablar con más precisión, desde que se puso en funcionamiento el sistema, más de 1.300.000 pacientes han escogido un médico diferente o han acudido a un hospital distinto. Y esto es ejercer la libertad individual con responsabilidad y posibilitando a los pacientes escoger aquellos profesionales o centros en que se sientan mejor atendidos.

A nadie debería extrañarle que algunos profesionales sean muy solicitados y otros pierdan pacientes diariamente. Mientras algunos (afortunamente la gran mayoría) han hecho del juramento hipocrático el principio rector de su ejercicio profesional, otros ni siquiera se levantan de su silla para revisar al paciente, prescriben fármacos en forma superficial, atienden a los pacientes como si despachasen pan o se han convertido en meros funcionarios más preocupados por su paga extra, que por la salud de sus pacientes.

Pero volvamos a un tema que ha de quedar muy en claro. En un sistema de gestión privada, si el paciente del Hospital A decide realizarse un tratamiento oncológico en el Hospital B, será el hospital A quien sufrague el tratamiento del paciente. De allí que los gestores privados de los hospitales deberán preocuparse muy seriamente por fidelizar a sus pacientes, adoptar las medidas necesarias para que no concurran a otro centro médico y asegurar la máxima profesionalidad de médicos, enfermeros y personal sanitario.

El modelo, del que los sindicalistas no quieren hablar, tiende a facilitar a los propios profesionales de los centros a asumir la gestión de unos 27 centros de salud.

Este esquema, que ya funciona en España (léase, en la Comunidad Valenciana y en Andalucía), no tiene ningún motivo para resentir la prestación de servicios sanitarios. Los partidos de izquierda – mentirosos por esencia – se niegan a hablar de lo acontecido en la Junta de Andalucía, donde el propio partido Socialista ha cedido al sector privado la gestión de 17 hospitales públicos.

En la actual crisis económica, fruto del peor desgobierno de toda la historia de lo que conocemos como España (superando en dejadez la gestión de Felipe II) y que nos llevó a la ruina de la mano de Zapatero, Rubalcaba, Chacón, Salgado, Pajin, Alvarez y otras “lumbreras”, se requiere un cambio que modernice la sanidad pública y que evite la enquistación de los profesionales en un puesto de mero funcionario de por vida.

Para las víctimas de la Logse y de la sesgada educación de las últimas décadas, aunque la Seguridad Social fue implantada en España por Francisco Franco Bahamonde, el sistema sanitario público no se originó en España, sino en países como Holanda, Alemania, Francia o Gran Bretaña, y ninguno de ellos – donde mayormente predominó la ética protestante – sufren un sistema como el español.

Si conforme la Consejería de Sanidad, el coste medio de 6 hospitales de gestión mixta alcanza los 347 euros frente a los 441 euros de coste promedio del resto de centros de salud públicos, las ventajas de adoptar el nuevo modelo no admiten discusión alguna. Aunque, lógicamente, desde los sindicatos de la salud, se cuestionen esos cálculos y cifras.

Lo que, además, resulta curioso, hipócrita y consustancial a la “antiética socialista” es defender la sanidad pública, por la mañana, y vender la sanidad privada por la tarde, en lo que parece ser un juego cuanto menos macabro para cobrar por la tarde los servicios que se niegan a brindar por la mañana.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha invitado a los representantes sindicales a dialogar, en pos de alcanzar un ahorro de 533 millones de euros y consensuar actuaciones en materia sanitaria. Lógicamente, los liberados sindicales y afines se han negado a debatir racionalmente sobre esta cuestión, apelando, una vez más, a la subversión del sistema sanitaria para usar a los pacientes como “carne de negociación”.

Esos mismos sindicatos que no han dicho ni una palabra de las millonarias subvenciones zapateriles a los musulmanes, a entidades de gays y lesbianas o a las taifas autonómicas que, entre todas, adeudan más de 184.000 millones de euros (de los cuales unos 53.000 millones adeuda la corrupta gestión separatista y unos 25.800 la Comunidad Valenciana seguida de unos 24.000 millones de Madrid), poco o nada harán para sentarse a dialogar y alcanzar acuerdos constructivos en beneficio de los pacientes.

¿O acaso a alguien puede extrañar que los sindicatos nada hayan dicho de la corrupción catalana, de las cuentas suizas que los Pujol – Ferrusola tendrían en Suiza, junto a Artur Mas, de los pagos realizados a la bruja andorrana por parte del “padrino catalán”, o de la corrupción enquistada en España en casos como Bankia, CAM, Nueva Rumasa, Caso Emperador, Nova Caixa Galicia, Forum de Barcelona, Marsans o Villa Psoe y las gasolineras de Pepinho???

Los sindicalistas y sus liberados y perroflautas continuarán manifestándose contra cualquier reforma seria que impulse el ejecutivo madrileño, pero, como no podría ser de otro modo, no renunciarán ni a sus privilegios sindicales, ni a sus prebendas. Muchos de sus dirigentes,  admiradores del genocida Castro o del terrorista Arafat, se opondrán a cualquier cambio que tienda a mejorar la atención médica o a eficientizar la utilización de los dineros públicos.

En tiempos de corrupción y cuando es necesario corregir los desmanes y delirios de quienes apoyaron la mal denominada Ley de Memoria Histórica, el adoctrinamiento de Educación contra la Ciudadanía o el totalitarismo separatista en Cataluña, hay que volver a los principios con los que soñaron los liberales – minoritarios por cierto – que tuvieron protagonismo en la Constitución de Cádiz: debemos volver a los principios de esfuerzo, trabajo, dedicación, honestidad, sacrificio, ahorro, eficiencia y libertad.

Los cambios promovidos por la Comunidad de Madrid apuntan en esa dirección y, lógicamente cualquier modificación del sistema podrá contar con un mayor o menor grado de consenso de los agentes sociales implicados; pero lo que ha de quedar claro es que la prioridad es garantizar una salud pública universal, gratuita (aunque nos cueste a todos financiarla con nuestros impuestos) e igualitaria a todos los pacientes, independientemente de las posiciones políticas e ideologizadas de quienes defienden sus intereses de casta. Pues, en ocasiones, pareciera que quienes tienen el honor de vestir “batas blancas” hacen todo lo posible por ennegrecerlas, en perjuicio de una comunidad que sufre una honda crisis y que no merece perder sus derechos por las presiones y amenazas de quienes dicen ser representantes de los trabajadores.