España vive horas dramáticas, inmersa en la mayor crisis económica de su historia, con la tasa de paro batiendo récords y frente al grave riesgo de una fractura política, como consecuencia del desafío que el separatismo subversivo catalán ha lanzado en los últimos meses.
La actitud de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) no puede sorprender a nadie. En la prensa de hoy, Alicia Sánchez Camacho, candidata en Cataluña del Partido Popular, en una muestra de su escaso nivel intelectual, identifica a CIUDADANOS como un “atractivo para electores antisistema” y no como un rival político. En parte, a la luz de la trayectoria de los populares catalanes en los últimos años, tiene razón. Ciudadanos no es un rival para el Partido Popular. Si lo es frente al separatismo de CIU, ERC y los comunistas, entre otros.
En estas elecciones, antecedidas por una convocatoria de huelga el 14 de noviembre, sólo dos partidos políticos enfrentarán a los nacionalistas en Cataluña: Ciudadanos y Unión Progreso y Democracia.
La sociedad catalana, Sra. Camacho, a diferencia de lo que Usted cree, ya está dividida. Y lo está desde que JORDI PUJOL llegase al poder.
El otrora ex presidente de la Generalidad Catalana, Josep Tarradellas, alertó sobre la “dictadura blanca” que, a su juicio, inauguraría Pujol. Tarradellas alertó de ello en 1985, en momentos en que el fiscal general del Estado presentase una querella contra 25 ex directivos de Banca Catalana, entre ellos el propio Pujol, al afirmar que "la gente se olvida de que en Cataluña gobierna la derecha; que hay una dictadura blanca muy peligrosa, que no fusila, que no mata, pero que dejará un lastre muy fuerte".
Evidentemente, Tarradellas no se equivocó, aunque, a la luz de los acontecimientos posteriores y de la corrupción enquistada en la casta política separatista, quizás se quedase un poco corto. El gobierno nacionalista de CiU no sólo ha traído sobre Cataluña una dictadura blanca, sino una auténtica dictadura negra con oscuros episodios de corrupción, embajadores de un estado que jamás ha existido, apisonadora de la verdad histórica y de la educación de calidad que, hace tantos años, esa región supo tener, y una tierra donde el fanatismo, el odio racial, la imposición lingüística y la violación de los derechos humanos más esenciales se ha tornado en regla, incumpliendo normas del Supremo y desconociendo sentencias judiciales.
A diferencia de lo que sostuvo Camacho, Arturo Mas no padece de ningún delirio mesiánico; quizás si de una limitada capacidad de raciocinio y entendimiento; pero, en ningún caso, de un enfermedad psiquiátrica. No ha hecho otra cosa que continuar el proyecto antiespañol, sectario, excluyente y totalitario de Jordi Pujol, con el silencio cómplice de los sucesivos gobiernos de UCD, el PSOE y el Partido Popular.
En dicho contexto, dramático para todos aquellos que amamos a España, su historia, su trayectoria, su pasado milenario y su proyecto como Nación, los sindicatos – tan beneficiados en los últimos años por los subsidios millonarios de José Luis Rodríguez Zapatero – han convocado a una huelga para el próximo 14 de noviembre.
Tal como reza el texto constitucional en su artículo 35: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.
Y, en el artículo 37, dice que: “Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.” Lo llamativo es que, pese a que el Partido Popular contase y cuenta actualmente con mayoría propia, NUNCA haya querido impulsar una LEY DE HUELGA que es lo que establece nuestra Constitución.
Por tanto, sin ley que regule el ejercicio del derecho de huelga, y con un sindicalismo subvencionado por el Estado – a diferencia de lo que acontece en Alemania, donde cada sindicato se financia del aporte de sus cuotas sindicales – España vivirá un nuevo día de agitación, subversión constitucional y posible violencia, con el apoyo manifiesto de la oposición de izquierdas, de los nacionalistas separatistas, del entorno etarra y de todo el denominado perroflautismo, que no es de izquierdas, ni de derechas, ni español, ni antiespañol, sino que, simplemente, es antisistema.
Reconocido el derecho de cada habitante a trabajar y el deber de hacerlo, podríamos reflexionar sobre qué actitud asumir ante la próxima convocatoria de huelga del 14N.
¿Hemos de responsabilizar al gobierno de Mariano Rajoy Brey de una herencia de más de 5 millones de parados dejados por el desgobierno de José Luis Rodríguez Zapatero?
¿Podemos darnos el lujo de perder un solo día o una sola hora siquiera de producción en un país que pierde competitividad internacional a diario y que, si en algún momento desea salir de la crisis, requiere si o si de inversiones extranjeras y de seguridad jurídica?
¿Debemos hacerles el juego a sindicalistas que viven del cuento y de nuestros impuestos y que están inmersos en una dinámica perversa para conservar sus intereses de casta privilegiada y los miles de cargos de liberados sindicales?
¿Resulta procedente que quienes tienen la dicha de tener un empleo perjudiquen con su inasistencia al trabajo a otros ciudadanos y habitantes para quienes su inasistencia puede causar perjuicios?
¿Se encuentra la economía española en condiciones de que las empresas de transporte público pierdan miles de euros por ingresos, de que los peajes en autopistas puedan verse afectados, de que, como desean algunos, las personas dejemos “de consumir” cualquier producto o servicio 24 horas, o que se paralicen obras, servicios, contrataciones, servicios jurídicos, sanitarios, educativos, judiciales, periodísticos, aerotransportados o financieros?
Si la huelga, como podríamos ir estimando, alcanzase un seguimiento del 30%, conforme datos suministrados por la patronal CEOE, la repercusión económica de la medida de fuerza podría reducir en casi 1.000 millones de euros el Producto Interior Bruto anual. Pero, si el respaldo a la medida fuese muy superior, España podría perder entre 4.000 y 5.000 millones de euros.
Y a ello habrá que sumar la pérdida de confianza que nuestro país generará de cara al exterior, a los inversores extranjeros, sobre las variables que influyen sobre nuestra prima de riesgo y respecto a nuestros propios vecinos, amigos y compatriotas.
Por tanto, España tiene mucho más que perder respecto a lo que puede ganar con una huelga general. Como liberal no cuestionaré la libre autodeterminación de cada persona de concurrir o no su puesto de trabajo. Sin embargo, es de esperar que las autoridades garanticen, con todos los medios legales y constitucionales a su alcance, el libre ejercicio del derecho a trabajar y creo que TODOS LOS QUE TENEMOS UN TRABAJO, TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE TRABAJAR, porque el no hacerlo hará que otras personas pierdan sus puestos de trabajo y que la economía continúe destruyendo empleo.
Quizás llegará el día en que los sindicalistas subvencionados convoquen huelgas para producir más, o en que los partidos opositores propongan medidas realistas de recuperación de la economía, o en que los enemigos de España no aprovechen la coyuntura para pretender subvertir el orden constitucional o hacer de asesinos condenados hombres libres, pero hasta que llegue ese día TRABAJAR SERÁ UNA OBLIGACIÓN para todas las personas que tienen la dicha de ejercer ese derecho.
La actitud de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) no puede sorprender a nadie. En la prensa de hoy, Alicia Sánchez Camacho, candidata en Cataluña del Partido Popular, en una muestra de su escaso nivel intelectual, identifica a CIUDADANOS como un “atractivo para electores antisistema” y no como un rival político. En parte, a la luz de la trayectoria de los populares catalanes en los últimos años, tiene razón. Ciudadanos no es un rival para el Partido Popular. Si lo es frente al separatismo de CIU, ERC y los comunistas, entre otros.
En estas elecciones, antecedidas por una convocatoria de huelga el 14 de noviembre, sólo dos partidos políticos enfrentarán a los nacionalistas en Cataluña: Ciudadanos y Unión Progreso y Democracia.
La sociedad catalana, Sra. Camacho, a diferencia de lo que Usted cree, ya está dividida. Y lo está desde que JORDI PUJOL llegase al poder.
El otrora ex presidente de la Generalidad Catalana, Josep Tarradellas, alertó sobre la “dictadura blanca” que, a su juicio, inauguraría Pujol. Tarradellas alertó de ello en 1985, en momentos en que el fiscal general del Estado presentase una querella contra 25 ex directivos de Banca Catalana, entre ellos el propio Pujol, al afirmar que "la gente se olvida de que en Cataluña gobierna la derecha; que hay una dictadura blanca muy peligrosa, que no fusila, que no mata, pero que dejará un lastre muy fuerte".
Evidentemente, Tarradellas no se equivocó, aunque, a la luz de los acontecimientos posteriores y de la corrupción enquistada en la casta política separatista, quizás se quedase un poco corto. El gobierno nacionalista de CiU no sólo ha traído sobre Cataluña una dictadura blanca, sino una auténtica dictadura negra con oscuros episodios de corrupción, embajadores de un estado que jamás ha existido, apisonadora de la verdad histórica y de la educación de calidad que, hace tantos años, esa región supo tener, y una tierra donde el fanatismo, el odio racial, la imposición lingüística y la violación de los derechos humanos más esenciales se ha tornado en regla, incumpliendo normas del Supremo y desconociendo sentencias judiciales.
A diferencia de lo que sostuvo Camacho, Arturo Mas no padece de ningún delirio mesiánico; quizás si de una limitada capacidad de raciocinio y entendimiento; pero, en ningún caso, de un enfermedad psiquiátrica. No ha hecho otra cosa que continuar el proyecto antiespañol, sectario, excluyente y totalitario de Jordi Pujol, con el silencio cómplice de los sucesivos gobiernos de UCD, el PSOE y el Partido Popular.
En dicho contexto, dramático para todos aquellos que amamos a España, su historia, su trayectoria, su pasado milenario y su proyecto como Nación, los sindicatos – tan beneficiados en los últimos años por los subsidios millonarios de José Luis Rodríguez Zapatero – han convocado a una huelga para el próximo 14 de noviembre.
Tal como reza el texto constitucional en su artículo 35: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.
Y, en el artículo 37, dice que: “Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.” Lo llamativo es que, pese a que el Partido Popular contase y cuenta actualmente con mayoría propia, NUNCA haya querido impulsar una LEY DE HUELGA que es lo que establece nuestra Constitución.
Por tanto, sin ley que regule el ejercicio del derecho de huelga, y con un sindicalismo subvencionado por el Estado – a diferencia de lo que acontece en Alemania, donde cada sindicato se financia del aporte de sus cuotas sindicales – España vivirá un nuevo día de agitación, subversión constitucional y posible violencia, con el apoyo manifiesto de la oposición de izquierdas, de los nacionalistas separatistas, del entorno etarra y de todo el denominado perroflautismo, que no es de izquierdas, ni de derechas, ni español, ni antiespañol, sino que, simplemente, es antisistema.
Reconocido el derecho de cada habitante a trabajar y el deber de hacerlo, podríamos reflexionar sobre qué actitud asumir ante la próxima convocatoria de huelga del 14N.
¿Hemos de responsabilizar al gobierno de Mariano Rajoy Brey de una herencia de más de 5 millones de parados dejados por el desgobierno de José Luis Rodríguez Zapatero?
¿Podemos darnos el lujo de perder un solo día o una sola hora siquiera de producción en un país que pierde competitividad internacional a diario y que, si en algún momento desea salir de la crisis, requiere si o si de inversiones extranjeras y de seguridad jurídica?
¿Debemos hacerles el juego a sindicalistas que viven del cuento y de nuestros impuestos y que están inmersos en una dinámica perversa para conservar sus intereses de casta privilegiada y los miles de cargos de liberados sindicales?
¿Resulta procedente que quienes tienen la dicha de tener un empleo perjudiquen con su inasistencia al trabajo a otros ciudadanos y habitantes para quienes su inasistencia puede causar perjuicios?
¿Se encuentra la economía española en condiciones de que las empresas de transporte público pierdan miles de euros por ingresos, de que los peajes en autopistas puedan verse afectados, de que, como desean algunos, las personas dejemos “de consumir” cualquier producto o servicio 24 horas, o que se paralicen obras, servicios, contrataciones, servicios jurídicos, sanitarios, educativos, judiciales, periodísticos, aerotransportados o financieros?
Si la huelga, como podríamos ir estimando, alcanzase un seguimiento del 30%, conforme datos suministrados por la patronal CEOE, la repercusión económica de la medida de fuerza podría reducir en casi 1.000 millones de euros el Producto Interior Bruto anual. Pero, si el respaldo a la medida fuese muy superior, España podría perder entre 4.000 y 5.000 millones de euros.
Y a ello habrá que sumar la pérdida de confianza que nuestro país generará de cara al exterior, a los inversores extranjeros, sobre las variables que influyen sobre nuestra prima de riesgo y respecto a nuestros propios vecinos, amigos y compatriotas.
Por tanto, España tiene mucho más que perder respecto a lo que puede ganar con una huelga general. Como liberal no cuestionaré la libre autodeterminación de cada persona de concurrir o no su puesto de trabajo. Sin embargo, es de esperar que las autoridades garanticen, con todos los medios legales y constitucionales a su alcance, el libre ejercicio del derecho a trabajar y creo que TODOS LOS QUE TENEMOS UN TRABAJO, TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE TRABAJAR, porque el no hacerlo hará que otras personas pierdan sus puestos de trabajo y que la economía continúe destruyendo empleo.
Quizás llegará el día en que los sindicalistas subvencionados convoquen huelgas para producir más, o en que los partidos opositores propongan medidas realistas de recuperación de la economía, o en que los enemigos de España no aprovechen la coyuntura para pretender subvertir el orden constitucional o hacer de asesinos condenados hombres libres, pero hasta que llegue ese día TRABAJAR SERÁ UNA OBLIGACIÓN para todas las personas que tienen la dicha de ejercer ese derecho.
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