EL REBUZNAR DE LOS BURROS.

España se enfrenta a una crisis que no es sólo económica sino eminentemente política.

Esa crisis, producto de la transición y de los despropósitos legislativos de los mal denominados “padres de la transición”, obedece a un modelo de estado que España no se puede permitir.

Producto de esas decisiones equivocadas y de las concesiones que, en la transición, fueron realizadas en favor de los separatismos, asistimos hoy a una abierta rebelión del desgobierno de la Generalidad Catalana contra el Estado Español.

Con una chulería propia de señoritos que se creen dueños de la soberanía del pueblo y enquistados en el poder desde hace décadas, Arturo Mas ha desafiado al Estado Español y, hoy, el Parlamento de la autonomía catalana aprobó la celebración de una consulta independentista para la próxima legislatura, ante la abstención cómplice de los diputados socialistas y la oposición de los representantes del Partido Popular y de Ciudadanos.

Pero vayamos por parte en este auténtico despropósito, ante esta convocatoria ilegal y ante la presunta comisión del delito de prevaricación por parte de Arturo Mas.

Los separatistas no pueden jamás convocar un referéndum, pues ello es competencia exclusiva del Estado Español, conforme el artículo 149 1 32º de la Constitución Nacional, pues sólo el pueblo español es titular de la soberanía y, tal como ha sentenciado el Tribunal constitucional en el caso del desafío de Ibarretxe, dar a una comunidad (o parte de España) el poder de decidir sobre asuntos políticos que afecten a “todos los españoles” sería modificar la constitución “de hecho”, sin seguir el procedimiento establecido, a tal efecto, por la propia Carta Magna.

Conforme el artículo 92 de la Constitución, sólo SM El Rey de España puede convocar en referéndum a todos los españoles, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, quien previamente debe haber sido autorizado por el Congreso. Por tanto, sólo las Cortes, por mayoría absoluta, podrán convocar un referéndum sobre decisiones políticas de especial trascendencia.

Sin embargo, y tal como se preveía, los separatistas catalanes optarían por una “consulta popular”, regulada en el art. 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. A diferencia del referéndum, en la consulta popular, sea o no vinculante, no coincide el sujeto de la consulta con el cuerpo electoral. Esa “consulta” debería versar sobre un asunto de naturaleza “política” pero su regulación requiere una ley que aún el Parlamento catalán no ha aprobado.

Los separatistas pretenden eliminar la exigencia actual de la ley vigente en materia de consultas políticas, en Cataluña, que exige solicitar permiso al Estado Nacional para realizar la “consulta”.

Frente a este dislate propio de un orate, Mariano Rajoy, como Presidente del Gobierno de España y de TODOS LOS ESPAÑOLES, debería:

1)      Impugnar ante el Tribunal Constitucional la convocatoria, tal como actuó el gobierno anterior ante el desafío del PNV. En esta hipótesis el máximo tribunal tendría 5 meses para resolver la cuestión;

2)      O podría recurrir ante el Tribunal Supremo de Justicia catalán, solicitando la aplicación del artículo 62 1 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

3)      Aplicar el artículo 155 de la Constitución Nacional dado que Arturo Mas, y sus socios políticos, están actuando contra el interés general de España, por lo que el Estado Nacional debería SUSPENDER SU AUTONOMÍA y, llegado el caso y la necesidad, ORDENAR LA INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA GARANTIZAR EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y DEFENDER LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DE ESPAÑA.

4)      Incoar por medio de la fiscalía del Estado una acción penal contra Arturo Mas por prevaricación y presunta comisión del delito de desobediencia. De ser considerado culpable, el señorito separatista podría enfrentar una sanción de 10 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.

5)      Modificar el Código Penal – tal como hiciera en su momento el ex presidente José María Aznar – para fijar un tipo penal que condene a prisión e inhabilitación a toda autoridad que convoque un proceso electoral, consulta popular o referéndum sin tener competencias constitucionales para ello.

Arturo Mas, tal como, en el pasado hicieran los separatistas catalanes, traidores a la Nación Española, ha afirmado que “haré la consulta con autorización o sin ella”. Y esta bravuconada exige una respuesta contundente del Estado.

En este proceso secesionista e inconstitucional, los ciudadanos del paraíso catalán, viven inmersos en una auténtica dictadura mediática impulsada por el desgobierno separatista.

Desde que Convergencia y Unión llegase al poder – y continuando una política totalitaria, persecutoria, maniquea y sostenedora de mentiras históricas del Tripartito, con la complicidad de José Luis Rodríguez Zapatero – Arturito Mas se ha preocupado por silenciar a la oposición y “crear la realidad desde los medios afines”.

Aplicando la consigna de Goebbels de transformar en “verdad” una “mentira repetida más de mil veces”, Mas ha utilizado el dinero de los catalanes y de todos los españoles para crear una sociedad vigilada desde los medios de comunicación social.

Impidiendo, persiguiendo, obstruyendo y silenciando a las voces “libres”, el gobierno de Convergencia y Unión ha financiado “CON DINERO PÚBLICO” a todos los medios que le sean adictos, comprando voluntades y opiniones, moldeando así a una sociedad civil, idiotizada por radios, canales de televisión y periódicos separatistas.

Ejemplo de ello ha sido la subvención otorgada en el año 2011 al Grupo Godó, por valor de 715.700 euros para financiar la edición en dialecto catalán del periódico LA VANGUARDIA, o la concesión de 5.500.000 millones de euros al mismo grupo para su rotativa. Tal despropósito y manejo discrecional de los dineros públicos con fines políticos ha llevado a que el periódico La Vanguardia haya recibido más de 8 millones de euros el año pasado; y que, de los 172.000 ejemplares diarios que distribuye, más de 55.000 los entregue “gratuitamente” porque no hay clientes que quieran comprarlos.

Otro ejemplo ha sido la subvención de casi un millón de euros al periódico “Ara” por parte del extinto desgobierno tripartito del Partido Socialista Unificado de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña (sí, el partido de José Luis Carod Rovira y Pérez, vicepresidente de ese gobierno que viajó a Perpignan para pactar una tregua con los asesinos etarras), o los casi 700 mil euros entregados, en el 2011, al periódico Punt Avui.

Si a esto sumásemos las “subvenciones a dedo” otorgadas a emisoras de radio que irradian contenidos en dialecto catalán, como Rac1, Cataluña Información y otras emisoras manipuladoras de la opinión pública, no es de extrañar que a muchos ciudadanos poco les importe el totalitarismo de los separatistas.

Estos son, en definitiva, sujetos miserables con complejo de inferioridad, sujetos que, lejos de entender el mundo moderno en que la globalización, la libertad económica, la libertad de empresa y de comercio, junto a la libertad del individuo han posibilitado el progreso material, económico e intelectual de las sociedades, hacen de su coto un feudo medieval para imponer, mediante el control de la educación y de los medios de comunicación social, una visión distorsionada, tergiversada y maniquea de la historia, del presente y del futuro.

Mas miente. Y lo hace a sabiendas.

Ellos saben que Casanova no fue un mártir. Ellos conocen que el 11 de septiembre se conmemora una derrota histórica de cuando Cataluña apostó por un “candidato a la Corona del Reino de España” y que, en consecuencia, sus hombres lucharon por España. Los separatistas reconocen en la intimidad su racismo, su odio y su proyecto totalitario para su coto privado. Saben que dependen del resto de España para ingresar recursos públicos y privados; conocen que sin los depósitos de millones de españoles alguna de sus entidades financieras no sería absolutamente nada y reconocen que un boicot a sus productos hundiría más su destartalada economía.

Pero a los separatistas catalanes poco les importa esas verdades. Van de “víctimas de la opresión para obtener gabelas y beneficios, hacen de la corrupción política e institucional herramientas de su accionar político e inducen a confusión a los ciudadanos con sus medios de comunicación subvencionados, mediante la imposición de un dialecto que no habla más que media Cataluña y controlando la educación, violando los derechos humanos más elementales como el educar a los hijos en lengua materna o la simple libertad de rotular un comercio en español

Mas miente y prevarica. Continúa por un sendero perverso e ilegal iniciado por otros tristes personajes de la historia. Su desafío exige una respuesta contundente desde el estado de derecho, con la Constitución en la mano y apelando a todos los medios humanos y materiales que sea menester.

Los burros han rebuznado y, aunque pretendan alterarnos con su molesto sonido, es hora de que los HOMBRES los domestiquen porque, en un estado democrático de derecho, no se puede permitir que una secta de totalitarios separatistas desafíen a la legalidad y pongan en peligro la integridad, la seguridad jurídica ni el bienestar de los ciudadanos.