RAJOY ANTE EL DESPEÑADERO

Mariano Rajoy ha iniciado a pasos acelerados el declive de su gobierno. España marcha a la intervención económica al estilo griego y, lamentablemente, a una mayor recesión y paro.

Cuando el lelo e inoperante José Luis Rodríguez Zapatero, llevado de la mano del incompetente Pedro Solbes y de sus vicepresidentes económicos, hizo caso omiso de las advertencias que le hicieron por escrito los propios inspectores del Banco de España en 2006, año en que habrían podido adoptarse las medidas necesarias para evitar el engrandecimiento de la burbuja inmobiliaria, se negó a adoptar las medidas necesarias para achicar el gasto público y democratizar la organización constitucional española, reformando la Constitución y dando una solución política al problema base de España que no es otro que su modelo de estado. En consecuencia, la tragedia nacional se acentuó considerablemente, producto de una auténtica traición de Zapatero y sus secuaces hacia España y los españoles.

Tras su toma de poder, Rajoy inició su gobierno en la misma senda, es decir, sin adoptar ninguna de las medidas estructurales que el estado español requiere. Con 17 taifas autonómicas deficitarias como consecuencia del exacerbado gasto público y dando continuidad a políticas que convirtieron a España en 17 mercados, en lugar de potenciar un único mercado económico, Rajoy continúa dando prioridad a los timos zapateriles. Ejemplo de ello son los 7.000 millones de euros “tirados a la basura” para subvencionar energías renovables, subsidios que Mariano se ha empeñado en continuar tirando a la basura en lugar de mantener con ese dinero, la paga extra de los funcionarios.

Ni el desgobierno del mentiroso y traidor a la patria Zapatero quien, en todo momento negó la existencia de la crisis, afirmando que nos encontrábamos en la Champions League, que no existía burbuja inmobiliaria, que superaríamos a Francia e Italia como potencias económicas, e incluso llamando a los españoles a endeudarse porque jamás caerían los precios de los inmuebles, entre otros disparates; ni el gobierno de Mariano Rajoy – que postergó las necesarias reformas en pos de ganar las elecciones en Andalucía y Asturias – han adoptado una sola medida en pos de recuperar la unidad política del Estado español (suprimiendo las 17 autonomías), garantizando su soberanía nacional (contemplando hipótesis de conflicto como cualquier estado desarrollado), o la eliminación de las trabas burocráticas para crear nuevas empresas, dinamizar el comercio interno, fomentar las exportaciones o mejorar la competitividad de la economía española.

Esa competitividad – ausente desde que el Partido Sociolisto Antiobrero Antiespañol asumiese el poder, gracias a la mayor masacre y auténtico golpe de estado del 11M – continúa sin existir, debido a las excesivas regulaciones legales (distintas en cada Comunidad Autónoma), a la ausencia de libertad de empresa, horarios y emprendimientos, a la presión impositiva (mayor al promedio de toda la Unión Europea), a la existencia de inconstitucionales estatutos que no han hecho otra cosa que cargarse la constitución y los derechos y garantías de los ciudadanos, y por la falta de medidas concretas que abaratasen la energía (promoviendo el desarrollo nuclear y eliminando las ridículas subvenciones a sectores deficitarios como la minería o las denominadas energías renovables), favorecieren la contratación y flexibilización del mercado de trabajo, garantizasen la independencia judicial y la división de poderes, y dotasen al estado de una educación con igualdad de oportunidades para todos.

El gobierno de Mariano Rajoy espera ayudas. No las hallará en una sectaria oposición formada por los herederos del pistolero Iglesias o de la chequista Nelken, ni en partidos secesionistas enemigos de España, ni en los herederos del modelo comunista, todos ellos admiradores de la sangrienta dictadura cubana, solidarios de ETA y sus franquicias, y titiriteros de la izquierda aliados de liberados sindicales y de una burocracia sindical que jamás ha trabajado ni trabajará por el bien de sus supuestos representados.

España no genera confianza, ni la generará. Y ello se traduce en una prima de riesgo que ha superado los 640 puntos y que no se sabe, a ciencia cierta, hasta donde llegará. A España le costará financiarse cada día más, y el interés podría superar, en el corto plazo, los 10 puntos.

En las próximas semanas, tras la solicitud de “rescate” de la Comunidad Valenciana o de Murcia, pronto se sumarán otras taifas autonómicas como Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Cataluña, entre otras. Y esto es sólo el comienzo del crack definitivo que puede helenizar la política española, quebrar la unidad territorial y política, arrasar con la clase política dirigente y argentinizar las relaciones políticas y las transacciones económicas.

Mariano Rajoy tiene muchos enemigos pero ha cometido un error peor: dilapidar el apoyo mayoritario que millones de españoles le han dado en las urnas.

España tiene recuperación pero requiere la adopción inmediata de una serie de medidas básicas a saber:

• Reforma del modelo de estado: supresión de las CCAA y supresión de ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes:
• Reducción de los impuestos directos (como el IRPF) y eliminación de todas las trabas para exportar y abrir empresas;
• Flexibilización de las regulaciones de apertura y cierre de la actividad comercial, posibilitando la actividad comercial los 365 días del año;
• Supresión del Senado, del Tribunal Supremo y modificación de la legislación vigente para acceder a la función judicial. Prescindencia de todos los magistrados que ingresaron por designación partidaria y concursos de acceso a la función judicial por oposición, experiencia y méritos académicos;
• Supresión de todas las representaciones “diplomáticas” de las CCAA, de todos los Consorcios (como el de Normalización – imposición – Lingüística de Cataluña), eliminación de todas las empresas estatales (cuyas funciones puedan ser asumidas por la iniciativa privada) y limitación restrictiva de la inmigración;
• Reforma de la legislación penal para garantizar el cumplimiento íntegro de las penas, la expulsión de cualquier inmigrante que delinca en territorio español siempre que la pena supere una condena firme de 10 años o más, y revisión de la política de renovación de tarjetas de residentes no comunitarias, para el caso en que el no comunitario haya agotado su prestación de paro y carezca de un ingreso genuino;
• Reforma de la ley electoral y de partidos políticos, para ilegalizar todas aquellas formaciones (principalmente etarras) que no hubieren condenado la violencia o los crímenes terroristas, que hubiesen colaborado con banda armada pactando treguas para ciertas regiones del Estado e impidiendo la formación de coaliciones que quiten la posibilidad de gobernar a la fuerza política más votada y representativa;
• Adopción de una nueva ley de partidos políticos, eliminando las listas sábana, la elección dedocrática de los candidatos, transparentando la financiación de los partidos con los aportes de sus afiliados y simpatizantes; así como de una nueva ley de Asociaciones sindicales que les prive de toda subvención – por cualquier concepto . y que transforme al empresario en agente recaudador de las contribuciones sindicales que deseen realizar libremente los trabajadores a su sindicato;
• Eliminación de Ministerios, secretarías y subsecretarías de Estado, personal político y asesores políticos, así como coches oficiales y partidas extraordinarias:
• Adopción de una política de déficit cero con fijación de prioridades a nivel nacional bajo un principio de igualdad de oportunidades;
• Reforma de la política de medios, impidiendo la formación de monopolios, oligopolios o acuerdos que limiten la pluralidad ideológica, suprimiendo todas las televisiones y radios autonómicos y estatales; y adopción del principio de subsidiariedad del Estado como principio rector del derecho administrativo y de la política económica;
• Aplicación de las faltas disciplinarias correspondientes a todos los trabajadores que ejerzan medidas de fuerza en horarios laborales, eliminación de toda subvención al aborto, verdadera política genocida desde hace años, y reducción de la oferta laboral como consecuencia de la salida de mano de obra ilegal y no comunitaria, para volver a lograr el crecimiento de los salarios reales y del poder adquisitivo de los consumidores aproximándolos a la media europea.
  
  Por todo lo anterior, que no se está haciendo, Mariano “Maricomplejines” Rajoy está sumamente preocupado. Mariano está asustado. Y se halla en un estado similar al catatónico.
  
  A nadie debe importarle si el Presidente del gobierno se encuentra bien o mal.
  
  Si no se encuentra bien, o no sabe, o no quiere, o no puede gobernar, que renuncie.
  
  Y si se encuentra bien, que gobierne. Que promueva las reformas necesarias y que pase a la historia como un gobernante con principios y con la fuerza política de su mayoría absoluta para hacer los cambios que España requiere.
  
  Las próximas semanas e, incluso, días serán decisivos. España podrá salvarse o no, incluso salir del euro, para recuperar herramientas de política monetaria, y ello, aunque preocupante para Europa, no sería decisivo para que las autoridades de Bruselas se decanten por ayudar a España.
  
  Rajoy no puede alegar desconocimiento, pero si su propia incompetencia. Ha errado en el diagnóstico inicial: la crisis no es económica, sino más bien política, y tiene su origen en el modelo de estado heredado de la transición y que, ni UCD, ni el PSOE, ni el PP han sabido o querido destruir.
  
  Confiemos en que Rajoy pueda darse cuenta, antes de la hecatombe total, que no basta con presionar a unas clases medias pauperizadas, a mileuristas, pensionistas o parados; debe realizar una reforma política integral y bajar todos los impuestos directos pues, de lo contrario, sólo le restará esperar que el Banco Europeo compre deuda española sin que nada o nadie cambie de fondo.
  
  Y si ello sucede, España habrá caído en el precipicio, arrastrando en su caída no sólo a Rajoy y a muchos integrantes de la casta política parasitaria nacional y autonómica. Lo verdaderamente grave sería, en tal hipótesis, que, gracias a su inutilidad y falta de coraje, habrían arrastrado consigo a tres o cuatro generaciones de españoles..