LOS TRES CAMINOS A LOS QUE SE ENFRENTA ESPAÑA

A pocos días de finalizar un “caluroso” mes de julio, con la prima de riesgo disparada (pese a la bajada de hoy), con las palabras tranquilizadoras del BCE respecto a su intervención para comprar deuda española y bajar el tipo de interés, el futuro cercano no es nada halagüeño ni esperanzador en el corto plazo.

España tiene tres posibilidades en el horizonte inmediato:

1)       INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO MONETIZANDO DEUDA SEA INTERVINIENDO EN EL MERCADO SECUNDARIO, COMPRANDO BONOS ESPAÑOLES, O BUSCANDO ALGÚN OTRO MECANISMO PARA BAJAR EL TIPO DE INTERÉS;

 

2)       RESCATE DE ESPAÑA posibilidad que veo prácticamente imposible - porque implicaría sacar al país del mercado de deuda y requeriría una ayuda de entre 500.000 millones de euros y 1 billón de euros – ante la resistencia de las economías fuertes de Europa.

 

3)       SALIRSE DEL EURO y de la unión monetaria, volviendo a la peseta o a otra moneda, con el retraso que esto podría implicar para España, que recuperaría el control de su política monetaria, pudiendo recurrir a mecanismos como la devaluación para equilibrar su déficit, abaratar costes y fomentar las exportaciones.

Veamos cada caso.

Si ESPAÑA fuese INTERVENIDA, la intervención podría ser “ligth”, limitada al sistema financiero español o “total”, en cuyo caso todas o la mayoría de las decisiones políticas que afectarían a los agentes económicos serían tomadas por Bruselas.

La Unión Europea cuenta con el denominado Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), de donde sale el dinero para préstamos a los países que lo solicitan. Pueden ser línea de crédito preventivo, préstamos directo a la economía, compra de deuda en las subastas del Tesoro, compra de deuda en el mercado secundario y préstamo para recapitalizar a la banca, que es el modelo que ha elegido España.

El rescate ‘light’, debería ser solicitado por el Estado español, que recurriría a dos fondos de rescate denominados FEEF y MEDE, pero dicho rescate no traería aparejadas las exigencias que se le impusieron a Irlanda o Portugal, países que recurriedon a un rescate total.

En este supuesto, España debería rendir anualmente cuentas a la Unión Europea, siendo la Comisión Europea la que, tras un estudio de sus cuentas públicas, de su inflación, déficit fiscal y nivel de endeudamiento, daría recomendaciones económicas para mejorar la situación. En caso que España no cumpliese, solicitaría dinero a la Unión y esta podría dárselo con condiciones (entre las que incluiría, seguramente, terminar con el dislate de 17 comunidades autónomas), la Comisión Europea enviaría representantes para supervisar el cumplimiento de los objetivos y, en función de ello, España recibiría dinero o sería intervenida.

La INTERVENCIÓN TOTAL o RESCATE implicaría la pérdida de soberanía del gobierno español en favor de Europa, con los daños que ello ocasionaría, como la prioridad del pago de la deuda externa, el despido masivo de empleados públicos, el cierre definitivo de empresas, corporaciones, entes, entidades públicas, etc. Sólo cuando el país comenzara un proceso de recuperación Bruselas disminuiría su nivel de intervención.

Si España optase por DEVALUAR LA MONEDA, ello implicaría la pérdida de poder adquisitivo de la moneda española frente a las monedas extranjeras. Dicha devaluación podría ser realizada al momento mismo de salirnos del euro (lo más aconsejable) o adoptando criterios gradualistas con minidevaluaciones.

En tal caso, los efectos inmediatos serían el encarecimiento de los insumos y productos importados, una reducción del ahorro interno en moneda nacional (en pesetas, por ejemplo) pues las personas que conserven capacidad de ahorro buscarían hacerlo en una moneda fuerte (como el euro o el dólar), se produciría una descapitalización de empresas y un efecto inflacionario como consecuencia de las pujas sectoriales por la distribución del ingreso y la carrera entre los precios y los salarios. Pensemos en que, por ejemplo, si una cuña de queso francés cuesta actualmente en torno a los 4,50 euros y tuviésemos, por ejemplo, una devaluación del 30%, el precio de la cuña pasaría a costar 5,85 euros al consumidor.

Esa devaluación implicaría una caída del consumo interno (como consecuencia del poder adquisitivo de la moneda), viéndose afectados todos los asalariados y los pensionistas así como los deudores en euros y servicios como la electricidad (pues España, gracias al ideologismo zapateril, dilapidó miles de millones de euros en subvencionar energías renovables, sometiendo a nuestro país a una dependencia del exterior y, además, se encarecían otros servicios y tarifas.

Por el contrario, el menor valor de la moneda española incentivaría las exportaciones generándose empleo en aquellos sectores ligados a la producción de bienes y servicios con destino al exterior, pudiendo el estado aumentar su recaudación por la vía de las retenciones a las exportaciones. España podría equilibrar su balanza de pagos vía reducción de las importaciones e incremento de las exportaciones, el sector turístico crecería como consecuencia del abaratamiento de costes para los residentes del exterior e ingresarían euros, libras o dólares a España, dinamizando de ese modo el consumo y el empleo de quienes trabajen en los sectores más dinámicos de la población.

El gobierno de Mariano Rajoy – que espera el rescate europeo – no quiere, ni desea una devaluación como consecuencia de la salida del euro.

Rajoy ha optado por una reducción de costes salariales para fomentar la competitividad de la economía española, a efectos de reducir el coste laboral unitario, que calcula el gasto salarial necesario para producir una unidad.

Basta con recorrer las calles y centros comerciales para darnos cuenta de que el consumo ha caído vertiginosamente, lo que ha provocado el hundimiento de la demanda interna en casi un 15% desde el año 2008. Sin embargo, no parecen haberse adoptado medidas para mejorar la productividad y por la producción de bienes y servicios con valor añadido.

Paralelamente se impondrá una fuerte reducción del gasto público – no suficiente para salir de la crisis – y una caída mayor de la inversión privada.

En consecuencia, RAJOY DEBE ENCARAR LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE ESTADO “AYER MISMO”. El modelo de las autonomías es insostenible como también el disparatado gasto público de sus empresas, corporaciones, entes, consorcios, embajadas y demás “inventos”.

Comunidades separatistas como Cataluña no deberían ser “rescatadas” sin imponerle condiciones: supresión del CAC (Consejo Audiovisual Catalán), eliminación del Consorcio de Imposición Lingüística, cierre de sus 6 embajadas en el exterior, supresión de las subvenciones al catalán en Valencia, Aragón, Francia, etc, eliminación de los 7 canales autonómicos (auténtico lavado de cerebros a nivel mediático), limitación del salario anual del Presidente de la Generalidad y supresión de consejerías, asesores, coches oficiales y privilegios, etc.

Cataluña obtiene más de 2/3 partes de sus ingresos del resto de España y sólo contribuye en un porcentaje muy inferior al resto del financiamiento de otras comunidades autónomas. Arturo Mas pretende ahora lograr un nuevo pacto fiscal – inconstitucional por esencia – que otorgue privilegios a Cataluña.

Rajoy debería entender que si no puede o no quiere que Cataluña acate las directrices de España, que no corresponde rescate alguno, aunque ello le moleste al Sr. Mas. Los señoritos de Conveniencia y Unión deberían explicarle a sus ciudadanos porque prefieren cobrar la asistencia sanitaria o cerrar servicios sanitarios antes que cerrar su embajada en Buenos Aires; o porque eliminarán la paga extra a los funcionarios que han opositado en lugar de dilapidar millones de euros en los medios catalanes, o porque los ciudadanos no tendrán los servicios de extinción de incendios adecuados mientras subvencionan el catalán en Francia.

España se enfrenta a una difícil salida. Pero nunca la tendrá si Rajoy persiste en no encarar la reforma necesaria del estado, incluyendo una reforma constitucional.

Si Rajoy no encara esas reformas, España no sólo terminará intervenida o fuera del euro, sino que, previamente, estallará una auténtica “guerra civil” por los recursos públicos entre distintas taifas autonómicas. Porque, si la Comunidad de Madrid ha hecho muy bien los deberes, por qué hemos de tolerar que nuestros impuestos premien a Arturito Mas para que continúe utilizando coches oficiales, asesores, salarios de ejecutivos de empresas privadas, embajadas, subvenciones a entidades separatistas como Omnium Cultural, mientras impone un dialecto prohibiendo a los padres educar a sus hijos en lengua materna?

Quienes no vivimos en esas comunidades separatistas creemos en la solidaridad interterritorial pero no estamos dispuestos a que los dislates de los mal denominados “padres de la Constitución” nos arrastren a la ruina, a la desesperación o al enfrentamiento civil.