España asiste a un momento constitucional crítico que, lamentablemente, está siendo acompañado de la mayor crisis económica de las últimas décadas y de una crisis de valores y ética sin precedentes, donde la vida humana parece no tener valor alguno y los padres y familias han perdido todo tipo de autoridad.
Con un estatuto de Cataluña inconstitucional en muchas de sus disposiciones, y con un presidente del des-gobierno de España que, en su intervención ante el Comité Federal del PSOE, ha dicho que “Cataluña desplegará su autogobierno”, el modelo constitucional del 78 está en serio peligro.
En este contexto, con un Partido Popular ávido de llegar al poder y al que no le preocupa cuestionar la inconstitucionalidad de normas abiertamente inconstitucionales, el reciente debate sobre el estado de la Nación ha pasado con muchas penas y nada de gloria, y con un presidente que se ha declarado “pro-catalán” y que ha manifestado que interpretará la sentencia del Tribunal Constitucional, omitiendo decir que las sentencias no se interpretan, sino que se cumplen.
Mientras los ciudadanos asisten desinteresados a esta farsa seudodemocrática, preocupados por su cotidianeidad, por el pago de su hipoteca, el inicio de sus vacaciones o el subsidio del INEM; los dirigentes políticos continúan en sus respectivos guiones: Zapatero y sus aliados defendiendo sus políticas destructivas de España, los nacionalsocialistas y separatistas intentando aprovechar cualquier resquicio que le de este desgobierno para exprimir a España y a sus ciudadanos; y los partidos catalanes nacionalistas acordando entre ellos un denominado “pacto de mínimos en el pleno sobre la sentencia del Tribunal Constitucional”, a efectos de aprobar una resolución que rechace la sentencia y ratifique el preámbulo del Estatuto de Cataluña que no tiene ningún valor jurídico, tal como ha sentenciado el alto tribunal.
Recordemos que la sentencia del Tribunal Constitucional ha establecido que Cataluña no puede ser considerada como una nación en sentido jurídico, ya que solo existe la Nación Española y que el hecho de que los estatutos de autonomía tengan su fundamento en la Constitución "es una cuestión tan elemental y de principio que no admite discusión”.
Por tanto, resulta totalmente incomprensible que el presidente Zapatero haya afirmado que tiene el " convencimiento de que Cataluña desplegará su autogobierno y que respetando al Tribunal Constitucional vamos a despejar las incógnitas y haremos siempre ante todo un mensaje de entendimiento de convivencia y de respeto. Nunca vamos a agitar las aguas, ni de un lado ni de otro, no vamos a echar leña al fuego".
Recordemos que la Constitución Española, en su artículo 2, establece que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”; y que el artículo 164 de la Constitución, al referirse al Tribunal Constitucional reza lo siguiente; “Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial… tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y NO CABE RECURSO ALGUNO CONTRA ELLAS. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos”.
Por tanto, todas las disquisiciones de estas últimas horas formuladas por Zapatero, por Montilla, Carod Rovira, Mas y otros, pretenden desconocer el artìculo 164 de nuestra Constitución Nacional, respecto a las sentencias del Tribunal Constitucional.
Evidentemente, o no conocen la Constitución Nacional, o, lo que sería mucho más grave, les da exactamente igual. Y esto, viniendo de un Presidente de Gobierno es particularmente grave.
Pero, conociendo la lógica zapateril y de sus aliados nacional separatistas, resulta claro que sólo les importa mantenerse en el poder, aunque la España constitucional se hunda en el fango y los ciudadanos se hundan en la miseria.
Con un estatuto de Cataluña inconstitucional en muchas de sus disposiciones, y con un presidente del des-gobierno de España que, en su intervención ante el Comité Federal del PSOE, ha dicho que “Cataluña desplegará su autogobierno”, el modelo constitucional del 78 está en serio peligro.
En este contexto, con un Partido Popular ávido de llegar al poder y al que no le preocupa cuestionar la inconstitucionalidad de normas abiertamente inconstitucionales, el reciente debate sobre el estado de la Nación ha pasado con muchas penas y nada de gloria, y con un presidente que se ha declarado “pro-catalán” y que ha manifestado que interpretará la sentencia del Tribunal Constitucional, omitiendo decir que las sentencias no se interpretan, sino que se cumplen.
Mientras los ciudadanos asisten desinteresados a esta farsa seudodemocrática, preocupados por su cotidianeidad, por el pago de su hipoteca, el inicio de sus vacaciones o el subsidio del INEM; los dirigentes políticos continúan en sus respectivos guiones: Zapatero y sus aliados defendiendo sus políticas destructivas de España, los nacionalsocialistas y separatistas intentando aprovechar cualquier resquicio que le de este desgobierno para exprimir a España y a sus ciudadanos; y los partidos catalanes nacionalistas acordando entre ellos un denominado “pacto de mínimos en el pleno sobre la sentencia del Tribunal Constitucional”, a efectos de aprobar una resolución que rechace la sentencia y ratifique el preámbulo del Estatuto de Cataluña que no tiene ningún valor jurídico, tal como ha sentenciado el alto tribunal.
Recordemos que la sentencia del Tribunal Constitucional ha establecido que Cataluña no puede ser considerada como una nación en sentido jurídico, ya que solo existe la Nación Española y que el hecho de que los estatutos de autonomía tengan su fundamento en la Constitución "es una cuestión tan elemental y de principio que no admite discusión”.
Por tanto, resulta totalmente incomprensible que el presidente Zapatero haya afirmado que tiene el " convencimiento de que Cataluña desplegará su autogobierno y que respetando al Tribunal Constitucional vamos a despejar las incógnitas y haremos siempre ante todo un mensaje de entendimiento de convivencia y de respeto. Nunca vamos a agitar las aguas, ni de un lado ni de otro, no vamos a echar leña al fuego".
Recordemos que la Constitución Española, en su artículo 2, establece que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”; y que el artículo 164 de la Constitución, al referirse al Tribunal Constitucional reza lo siguiente; “Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial… tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y NO CABE RECURSO ALGUNO CONTRA ELLAS. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos”.
Por tanto, todas las disquisiciones de estas últimas horas formuladas por Zapatero, por Montilla, Carod Rovira, Mas y otros, pretenden desconocer el artìculo 164 de nuestra Constitución Nacional, respecto a las sentencias del Tribunal Constitucional.
Evidentemente, o no conocen la Constitución Nacional, o, lo que sería mucho más grave, les da exactamente igual. Y esto, viniendo de un Presidente de Gobierno es particularmente grave.
Pero, conociendo la lógica zapateril y de sus aliados nacional separatistas, resulta claro que sólo les importa mantenerse en el poder, aunque la España constitucional se hunda en el fango y los ciudadanos se hundan en la miseria.
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