En los últimos días, la opinión pública se ha visto manipulada con visiones parciales relacionadas con diversas temáticas a saber: pensiones, prisión permanente revisable y una sucesión de noticias relacionadas con la continuidad del golpe de estado en Cataluña.
Desde hace años muchos venimos alertando de la grave situación económica, política, demográfica y social en que se encuentra el Reino de España, crisis que ,lejos de haber desaparecido, se ha acentuado y que amenaza, a mediano plazo, con destruir a España como proyecto sostenible en el tiempo.
Este pasado fin de semana, los jubilados han vuelto a salir a la calle y, frente a ello, la respuesta de la partitocracia prebendaria oscila entre las mentiras de Mariano Rajoy Brey y del Partido Popular, y la demagogia criminal de Podemos y del PSOE.
Mientras Rajoy y su desgobierno han propuesto una subida salarial del 0,25% y la izquierda postula que las pensiones se actualicen conforme el IPC, lo cierto es que el sistema de previsión – como está concebido actualmente – es insostenible financieramente y poco rentable políticamente.
Que la izquierda de la desmemoria histórica, de la reconversión industrial que convirtió a España en un país de camareros, de los ERES de Andalucía, de Rumasa, de Filesa y de los GAL; que esa izquierda estúpida de las “ministras de cuota”, de las mentiras de la versión oficial del 11M y que impulsa una ley de imposición de una verdad histórica chequista, actúe de una forma irresponsable y demagógica no debería llamarnos a la atención.
Tampoco debería extrañarnos que Mariano Rajoy Brey, el presidente de la corrupción, el Presidente del inmovilismo cobarde ante los golpistas separatistas catalanes, el Presidente de la mayor subida de impuestos acontecida en toda la historia de España, haya vaciado la denominada “hucha de las pensiones”; continuando con el expolio, por parte de los políticos, de ese dinero que no es del Estado, sino que debería ser patrimonio exclusivo de sus dueños, esto es, de sus aportantes.
Ni unos ni otros han cuestionado la estructura básica del sistema piramidal de reparto, pero lo cierto es que no hay dinero, porque el mismo ha sido dilapidado.
En el año 2011 la denominada “hucha de las pensiones” (técnicamente hablando, el denominado Fondo de Reserva de la Seguridad Social) llegó a tener un patrimonio de 66.815 millones de euros (en el año 2011), para pasar a tener en la actualidad un capital de 8.095 millones.
Esto significa que el gobierno de Mariano Rajoy Brey ha esquilmado dicho fondo para pagar las pensiones y las pagas extras de los actuales jubilados.
Según el “Informe a las Cortes Generales, Evolución, actuaciones del año 2016 y situación a 31 de diciembre de 2016”, elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, as disposiciones del Fondo de Reserva realizadas a lo largo de los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 alcanzan los 67.337 millones de euros y se presentan en el siguiente gráfico:
Esta información puede ser ampliada en el siguiente cuadro:
Podríamos preguntarnos ¿cuál es el origen de este fondo al que coloquialmente denominamos hucha?
El Fondo fue constituido en el año 2000 a partir de una dotación económica de 601 millones de euros, dotación económica que fue invertida en deuda pública a efectos de obtener una rentabilidad que revirtiera en el propio fondo. A partir del año 2000 comenzaron a realizarse aportes adicionales por valor de 50.069 millones de euros, que también fueron reinvertidos en títulos de deuda pública y que generaron intereses por 6.553 millones de euros, posibilitando de modo que el capital alcanzase los 57.223 millones de euros a fines del año 2008. Luego vino la crisis que el PSOE negó y el gobierno de Rodríguez Zapatero dejó de realizar aportaciones dinerarias al fondo, con excepción de una aportación de 1.740 millones de euros en el año 2010.
Como hemos visto, el fondo reinvertía las aportaciones en deuda, y dichos títulos generaron intereses por valor de 9.592 millones de euros hasta el año 2011, en que el Partido Popular y Mariano Rajoy llegaron a la Moncloa.
Durante la crisis – que no ha terminado – España destruyó millones de empleos y, en consecuencia, perdiendo millones de aportantes, mientras el número de pensionistas continuó incrementándose, al igual que el tamaño de la administración pública. Ello provocó pasar de un déficit de poco más de 1.000 millones de euros en el año 2011 a más de 10.000 millones en tan solo un año, para cerrar con un déficit de más de 18.000 millones de euros a fines del año 2017.
Por tanto, frente a un incremento del gasto y a una caída de ingresos, sólo cabían dos opciones: emplear el dinero del Fondo o incrementar deuda.
Y Mariano Rajoy optó por financiar el pago de las pensiones con los recursos de la “hucha de las pensiones”. Y lo hizo sobre la base de normas jurídicas que le autorizaron a usar ese fondo para afrontar los pagos de la seguridad social.
A partir de lo anterior hemos de tener en claro que el sistema público de pensiones es inviable en el actual marco de despilfarro político, con 17 autonomías y millones de enchufados en organismos públicos.
Fue la propia OCDE en una reunión mantenida en Madrid, la que sostuvo que la cuantía de la pensión media respecto al salario medio— a partir de la implantación del factor de sostenibilidad - pasará en unos años del 83% actual al 46%, es decir, que las pensiones se verán reducidas a la mitad. Y ello fue publicado, entre otros medios, en el periódico “El País” que, en su edición del 19 de octubre de 2017, en una editorial titulada “Pensiones, nuevo aviso”, rezaba:
“… La OCDE acaba de lanzar una advertencia grave sobre los peligros que acechan al sistema español de pensiones. Debido al rápido envejecimiento de la población, a la precariedad laboral y a un sistema de protección en el que los trabajadores dependen poco de los ingresos que obtuvieron durante su vida laboral, es probable que en el futuro las prestaciones caigan y exista una mayor desigualdad en los ingresos de los pensionistas. Es un riesgo de crisis ya diagnosticado —los jóvenes tienen dificultades crecientes para trabajar, los ingresos por cotizaciones disminuyen, las nuevas pensiones son siempre más caras que las anteriores—, pero que la OCDE pone en primer plano con el énfasis de una alarma inminente.”….
A partir de lo anterior y del negro panorama que ensombrece el futuro de los pensionistas, sería aconsejable que todos aquellos que estén en condiciones de jubilarse lo hagan antes de la entrada en vigor del “factor de sostenibilidad” pues, sin lugar a dudas, perderían más euros en caso de hacerlo a partir de enero de 2019.
Por tanto, el panorama de las pensiones es sumamente complejo.
Rajoy ha convertido a España en un infierno fiscal, empobreciendo a una buena parte de la clase media, de esa clase que paga sus impuestos, que consume bienes y servicios y que soporta, sobre sus hombros el peso del latrocinio fiscal al que Montoro y sus huestes someten a los contribuyentes. ¿Por qué hablamos de un infierno fiscal? Porque el gobierno de Rajoy ha aplicado más de 30 subidas fiscales desde su asunción como Presidente del gobierno.
Pero la situación aún es mucho más grave, pues todos los cálculos económicos que presenta el gobierno se basan en una mentira: el porcentaje de endeudamiento público que pesa sobre España.
Aunque no entraremos a considerar en este artículo el porqué de la afirmación precedente – tema que hemos tratado en otros artículos de este blog – el endeudamiento del Estado español supera con creces el 150% del PBI, lo cual lo torna absolutamente suicida de cara al futuro, situación que augura un futuro negro para los pensionistas.
Si a ese endeudamiento – imposible de pagar – sumásemos la deuda del sector privado, dicho porcentaje superaría el 160% respecto al PBI.
En este contexto de endeudamiento público, destacan algunas comunidades autónomas que se encuentran “en estado de quiebra”, como la comunidad catalana, que debe más de 70.000 millones de euros, esto es, más que el dinero que recibe al año como presupuesto y cuyos bonos de deuda (calificados como “basura”) sólo han sido adquiridos por los idiotas de siempre, esto es, por el gobierno asentado en “Madrit”.
Véase la evolución de esa deuda que, el periódico EXPANSIÓN, ha recogido en su edición digital:
Algo similar ocurre en otras comunidades autónomas y, lo cierto es que, España no puede soportar el despilfarro presupuestario del estado de las autonomías.
Ello, unido al “invierno demográfico” que atraviesa Europa, esto es, al descenso suicida de la tasa de natalidad en España y en otros países de la Unión Europea, y a los malos datos de creación de empleo (España es la tercera peor economía de la Unión Europea en la creación de empleo, sólo superada negativamente por Portugal y Bulgaria) presagia un panorama desolador para las pensiones.
En relación con lo anterior, y a modo de ejemplo, diremos que, conforme los datos de la EPA, el paro juvenil alcanza, en algunas autonomías como Andalucía, el 46,6% del total de menores de 25 años.
Ese paro, unido al impulso de la nefasta ideología de género, indica que el empleo es escaso, el sueldo medio anual desciende, la natalidad en España se encuentra por debajo de la tasa de sustitución idónea para su población y la expectativa de vida aumenta.
El cocktail explosivo está más que servido:
Alta expectativa de vida – Incremento de la población pasiva – Descenso de la natalidad – Menor número de cotizantes por pensionado – Presión fiscal confiscatoria – Endeudamiento exterior y Burbuja de deuda.
Por tanto, resultará imposible sostener el actual sistema previsional y pagar las pensiones, al menos como lo hemos conocido hasta el momento.
¿Significa ello que dejarán de pagarse las pensiones?
No. Pero, entretanto, a partir de enero de 2019 (mes en que entrará en vigor la denominada Ley de Sostenibilidad de las Pensiones, aprobada por el PP en el año 2013), los futuros pensionistas sólo se repartirán los fondos que resten tras pagar a los actuales jubilados, considerando, además, su esperanza de vida. Teniendo en cuenta que las mujeres españolas son las segundas más longevas del mundo (tras las japonesas) y que los hombres españoles viven una media de 84 años (7 menos que el “sexo discriminado”), las futuras “jubilaciones” podrían ser inferiores en un 50% a las actuales.
Los expertos indican que quienes se jubilen este año (2018) podrán perder unos 200 euros mensuales respecto a los jubilados hasta el 31 de diciembre de 2017.
Pero, una vez que entre en vigor el factor de sostenibilidad de las pensiones, podrían perder unos 500 euros mensuales respecto a los pensionistas actuales. De allí el consejo de los expertos de que aquellos que cuenten con los requisitos de años y de aportes procedan a jubilarse cuanto antes.
Durante los últimos días hemos asistido a un “debate vergonzoso” en que la oposición atacó duramente al gobierno de Rajoy, utilizando el justo reclamo de los pensionistas actuales (y futuros), sin esgrimir una sola medida razonable que tienda a solucionar el drama que padecen millones de jubilados. En ese contexto, y entre tanto zopenco político, analfabeto funcional y demagogo totalitario, lógicamente destacó Rajoy durante su intervención en las Cortes.
Pero ni Rajoy ni la oposición han esbozado atacar el problema de fondo, que es el despilfarro del sector público, representado por el “estado de las autonomías”, por el tamaño del Estado, por el número de enchufados políticos (que no es lo mismo que funcionarios públicos) y por la asfixiante presión fiscal.
Hace unos días, el Presidente Rajoy propuso subir los impuestos, una vez más, cuando la presión fiscal en España ha superado el 34%, convirtiéndola en un infierno fiscal para los contribuyentes. En síntesis, la clase media y los trabajadores expoliados no podrán soportar más ajustes, más impuestos y más peso sobre sus hombros.
Cualquiera de nosotros podría hablar con sus conocidos y referirse al elevado coste de la vida, al peso que el pago de impuestos, tasas y contribuciones varias significan al año para una familia media, y al hecho de que los primeros 6 meses y medio de cada año, trabajamos para pagar impuestos. Somos el país europeo con mayor presión tributaria tras Suecia. Y si España no ha quebrado aún, lo es sólo por el hecho de que el Banco Central Europea nos compra deuda.
¿Pero hasta cuándo podrán comprarnos deuda?
¿Qué pasará cuando estalle la burbuja de la deuda?
Rajoy ha defendido muy bien, en los años pasados, los intereses de la banca y de los ciudadanos, lástima que lo ha hecho defendiendo los intereses de la banca alemana y de los ahorristas alemanes, a costa de incrementar el endeudamiento de España.
Ante esa situación, la izquierda propone aplicar un “impuesto a la banca y a las transacciones financieras. Ello supondría recaudar unos 2.000 millones de euros, cifra totalmente insuficiente para paliar el déficit previsional y que, lógicamente, no combate el cáncer nacional representado por el despilfarro en las autonomías y en la administración pública.
Porque lo cierto es que, si una familia debe “ajustarse a un presupuesto”, esto es, gastar en función de sus ingresos, ¿Cómo es posible que las autonomías, el Estado nacional, y los ayuntamientos, gasten, año tras año, por encima de sus posibilidades?
La única solución será bajar el gasto público y eliminar el estado de las autonomías.
Y aunque esto no será posible de un día para el otro, lo cierto es que es el único camino posible a recorrer si queremos que España subsista demográfica, cultural y económicamente.
No necesitamos 17 ministerios de educación.
No necesitamos decenas de policías autonómicas.
No necesitamos 17 sanidades diferentes.
Este estado autonómico nos cuesta más de 110.000 millones de euros al año.
Relacionemos ese coste con el déficit anual de las pensiones y veremos que, sólo eliminando las “duplicidades” de administraciones, podríamos resolver el problema de las pensiones para siempre.
Pero ni Rajoy, ni el PSOE, ni los separatistas catalanes (auténtico cáncer político y económico nacional), ni los políticos del PNV o de Podemos reconocerán esa realidad. Todos ellos tienen mucho que perder.
No les importa el presente de los pensionistas que pasan necesidades, ni el presente o futuro de los futuros pensionistas. Sólo están preocupados por sus enroques políticos, por sus privilegios de casta y por el control de sus respectivos corrales de corrupción.
El problema de las pensiones tiene solución, pero requiere una revolución que emule la revolución de los balcones: el despertar de la conciencia adormecida de los ciudadanos que hagan escuchar su voz y digan, de una vez por todas, basta.
Desde hace años muchos venimos alertando de la grave situación económica, política, demográfica y social en que se encuentra el Reino de España, crisis que ,lejos de haber desaparecido, se ha acentuado y que amenaza, a mediano plazo, con destruir a España como proyecto sostenible en el tiempo.
Este pasado fin de semana, los jubilados han vuelto a salir a la calle y, frente a ello, la respuesta de la partitocracia prebendaria oscila entre las mentiras de Mariano Rajoy Brey y del Partido Popular, y la demagogia criminal de Podemos y del PSOE.
Mientras Rajoy y su desgobierno han propuesto una subida salarial del 0,25% y la izquierda postula que las pensiones se actualicen conforme el IPC, lo cierto es que el sistema de previsión – como está concebido actualmente – es insostenible financieramente y poco rentable políticamente.
Que la izquierda de la desmemoria histórica, de la reconversión industrial que convirtió a España en un país de camareros, de los ERES de Andalucía, de Rumasa, de Filesa y de los GAL; que esa izquierda estúpida de las “ministras de cuota”, de las mentiras de la versión oficial del 11M y que impulsa una ley de imposición de una verdad histórica chequista, actúe de una forma irresponsable y demagógica no debería llamarnos a la atención.
Tampoco debería extrañarnos que Mariano Rajoy Brey, el presidente de la corrupción, el Presidente del inmovilismo cobarde ante los golpistas separatistas catalanes, el Presidente de la mayor subida de impuestos acontecida en toda la historia de España, haya vaciado la denominada “hucha de las pensiones”; continuando con el expolio, por parte de los políticos, de ese dinero que no es del Estado, sino que debería ser patrimonio exclusivo de sus dueños, esto es, de sus aportantes.
Ni unos ni otros han cuestionado la estructura básica del sistema piramidal de reparto, pero lo cierto es que no hay dinero, porque el mismo ha sido dilapidado.
En el año 2011 la denominada “hucha de las pensiones” (técnicamente hablando, el denominado Fondo de Reserva de la Seguridad Social) llegó a tener un patrimonio de 66.815 millones de euros (en el año 2011), para pasar a tener en la actualidad un capital de 8.095 millones.
Esto significa que el gobierno de Mariano Rajoy Brey ha esquilmado dicho fondo para pagar las pensiones y las pagas extras de los actuales jubilados.
Según el “Informe a las Cortes Generales, Evolución, actuaciones del año 2016 y situación a 31 de diciembre de 2016”, elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, as disposiciones del Fondo de Reserva realizadas a lo largo de los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 alcanzan los 67.337 millones de euros y se presentan en el siguiente gráfico:
Esta información puede ser ampliada en el siguiente cuadro:
Podríamos preguntarnos ¿cuál es el origen de este fondo al que coloquialmente denominamos hucha?
El Fondo fue constituido en el año 2000 a partir de una dotación económica de 601 millones de euros, dotación económica que fue invertida en deuda pública a efectos de obtener una rentabilidad que revirtiera en el propio fondo. A partir del año 2000 comenzaron a realizarse aportes adicionales por valor de 50.069 millones de euros, que también fueron reinvertidos en títulos de deuda pública y que generaron intereses por 6.553 millones de euros, posibilitando de modo que el capital alcanzase los 57.223 millones de euros a fines del año 2008. Luego vino la crisis que el PSOE negó y el gobierno de Rodríguez Zapatero dejó de realizar aportaciones dinerarias al fondo, con excepción de una aportación de 1.740 millones de euros en el año 2010.
Como hemos visto, el fondo reinvertía las aportaciones en deuda, y dichos títulos generaron intereses por valor de 9.592 millones de euros hasta el año 2011, en que el Partido Popular y Mariano Rajoy llegaron a la Moncloa.
Durante la crisis – que no ha terminado – España destruyó millones de empleos y, en consecuencia, perdiendo millones de aportantes, mientras el número de pensionistas continuó incrementándose, al igual que el tamaño de la administración pública. Ello provocó pasar de un déficit de poco más de 1.000 millones de euros en el año 2011 a más de 10.000 millones en tan solo un año, para cerrar con un déficit de más de 18.000 millones de euros a fines del año 2017.
Por tanto, frente a un incremento del gasto y a una caída de ingresos, sólo cabían dos opciones: emplear el dinero del Fondo o incrementar deuda.
Y Mariano Rajoy optó por financiar el pago de las pensiones con los recursos de la “hucha de las pensiones”. Y lo hizo sobre la base de normas jurídicas que le autorizaron a usar ese fondo para afrontar los pagos de la seguridad social.
A partir de lo anterior hemos de tener en claro que el sistema público de pensiones es inviable en el actual marco de despilfarro político, con 17 autonomías y millones de enchufados en organismos públicos.
Fue la propia OCDE en una reunión mantenida en Madrid, la que sostuvo que la cuantía de la pensión media respecto al salario medio— a partir de la implantación del factor de sostenibilidad - pasará en unos años del 83% actual al 46%, es decir, que las pensiones se verán reducidas a la mitad. Y ello fue publicado, entre otros medios, en el periódico “El País” que, en su edición del 19 de octubre de 2017, en una editorial titulada “Pensiones, nuevo aviso”, rezaba:
“… La OCDE acaba de lanzar una advertencia grave sobre los peligros que acechan al sistema español de pensiones. Debido al rápido envejecimiento de la población, a la precariedad laboral y a un sistema de protección en el que los trabajadores dependen poco de los ingresos que obtuvieron durante su vida laboral, es probable que en el futuro las prestaciones caigan y exista una mayor desigualdad en los ingresos de los pensionistas. Es un riesgo de crisis ya diagnosticado —los jóvenes tienen dificultades crecientes para trabajar, los ingresos por cotizaciones disminuyen, las nuevas pensiones son siempre más caras que las anteriores—, pero que la OCDE pone en primer plano con el énfasis de una alarma inminente.”….
A partir de lo anterior y del negro panorama que ensombrece el futuro de los pensionistas, sería aconsejable que todos aquellos que estén en condiciones de jubilarse lo hagan antes de la entrada en vigor del “factor de sostenibilidad” pues, sin lugar a dudas, perderían más euros en caso de hacerlo a partir de enero de 2019.
Por tanto, el panorama de las pensiones es sumamente complejo.
Rajoy ha convertido a España en un infierno fiscal, empobreciendo a una buena parte de la clase media, de esa clase que paga sus impuestos, que consume bienes y servicios y que soporta, sobre sus hombros el peso del latrocinio fiscal al que Montoro y sus huestes someten a los contribuyentes. ¿Por qué hablamos de un infierno fiscal? Porque el gobierno de Rajoy ha aplicado más de 30 subidas fiscales desde su asunción como Presidente del gobierno.
Pero la situación aún es mucho más grave, pues todos los cálculos económicos que presenta el gobierno se basan en una mentira: el porcentaje de endeudamiento público que pesa sobre España.
Aunque no entraremos a considerar en este artículo el porqué de la afirmación precedente – tema que hemos tratado en otros artículos de este blog – el endeudamiento del Estado español supera con creces el 150% del PBI, lo cual lo torna absolutamente suicida de cara al futuro, situación que augura un futuro negro para los pensionistas.
Si a ese endeudamiento – imposible de pagar – sumásemos la deuda del sector privado, dicho porcentaje superaría el 160% respecto al PBI.
En este contexto de endeudamiento público, destacan algunas comunidades autónomas que se encuentran “en estado de quiebra”, como la comunidad catalana, que debe más de 70.000 millones de euros, esto es, más que el dinero que recibe al año como presupuesto y cuyos bonos de deuda (calificados como “basura”) sólo han sido adquiridos por los idiotas de siempre, esto es, por el gobierno asentado en “Madrit”.
Véase la evolución de esa deuda que, el periódico EXPANSIÓN, ha recogido en su edición digital:
Algo similar ocurre en otras comunidades autónomas y, lo cierto es que, España no puede soportar el despilfarro presupuestario del estado de las autonomías.
Ello, unido al “invierno demográfico” que atraviesa Europa, esto es, al descenso suicida de la tasa de natalidad en España y en otros países de la Unión Europea, y a los malos datos de creación de empleo (España es la tercera peor economía de la Unión Europea en la creación de empleo, sólo superada negativamente por Portugal y Bulgaria) presagia un panorama desolador para las pensiones.
En relación con lo anterior, y a modo de ejemplo, diremos que, conforme los datos de la EPA, el paro juvenil alcanza, en algunas autonomías como Andalucía, el 46,6% del total de menores de 25 años.
Ese paro, unido al impulso de la nefasta ideología de género, indica que el empleo es escaso, el sueldo medio anual desciende, la natalidad en España se encuentra por debajo de la tasa de sustitución idónea para su población y la expectativa de vida aumenta.
El cocktail explosivo está más que servido:
Alta expectativa de vida – Incremento de la población pasiva – Descenso de la natalidad – Menor número de cotizantes por pensionado – Presión fiscal confiscatoria – Endeudamiento exterior y Burbuja de deuda.
Por tanto, resultará imposible sostener el actual sistema previsional y pagar las pensiones, al menos como lo hemos conocido hasta el momento.
¿Significa ello que dejarán de pagarse las pensiones?
No. Pero, entretanto, a partir de enero de 2019 (mes en que entrará en vigor la denominada Ley de Sostenibilidad de las Pensiones, aprobada por el PP en el año 2013), los futuros pensionistas sólo se repartirán los fondos que resten tras pagar a los actuales jubilados, considerando, además, su esperanza de vida. Teniendo en cuenta que las mujeres españolas son las segundas más longevas del mundo (tras las japonesas) y que los hombres españoles viven una media de 84 años (7 menos que el “sexo discriminado”), las futuras “jubilaciones” podrían ser inferiores en un 50% a las actuales.
Los expertos indican que quienes se jubilen este año (2018) podrán perder unos 200 euros mensuales respecto a los jubilados hasta el 31 de diciembre de 2017.
Pero, una vez que entre en vigor el factor de sostenibilidad de las pensiones, podrían perder unos 500 euros mensuales respecto a los pensionistas actuales. De allí el consejo de los expertos de que aquellos que cuenten con los requisitos de años y de aportes procedan a jubilarse cuanto antes.
Durante los últimos días hemos asistido a un “debate vergonzoso” en que la oposición atacó duramente al gobierno de Rajoy, utilizando el justo reclamo de los pensionistas actuales (y futuros), sin esgrimir una sola medida razonable que tienda a solucionar el drama que padecen millones de jubilados. En ese contexto, y entre tanto zopenco político, analfabeto funcional y demagogo totalitario, lógicamente destacó Rajoy durante su intervención en las Cortes.
Pero ni Rajoy ni la oposición han esbozado atacar el problema de fondo, que es el despilfarro del sector público, representado por el “estado de las autonomías”, por el tamaño del Estado, por el número de enchufados políticos (que no es lo mismo que funcionarios públicos) y por la asfixiante presión fiscal.
Hace unos días, el Presidente Rajoy propuso subir los impuestos, una vez más, cuando la presión fiscal en España ha superado el 34%, convirtiéndola en un infierno fiscal para los contribuyentes. En síntesis, la clase media y los trabajadores expoliados no podrán soportar más ajustes, más impuestos y más peso sobre sus hombros.
Cualquiera de nosotros podría hablar con sus conocidos y referirse al elevado coste de la vida, al peso que el pago de impuestos, tasas y contribuciones varias significan al año para una familia media, y al hecho de que los primeros 6 meses y medio de cada año, trabajamos para pagar impuestos. Somos el país europeo con mayor presión tributaria tras Suecia. Y si España no ha quebrado aún, lo es sólo por el hecho de que el Banco Central Europea nos compra deuda.
¿Pero hasta cuándo podrán comprarnos deuda?
¿Qué pasará cuando estalle la burbuja de la deuda?
Rajoy ha defendido muy bien, en los años pasados, los intereses de la banca y de los ciudadanos, lástima que lo ha hecho defendiendo los intereses de la banca alemana y de los ahorristas alemanes, a costa de incrementar el endeudamiento de España.
Ante esa situación, la izquierda propone aplicar un “impuesto a la banca y a las transacciones financieras. Ello supondría recaudar unos 2.000 millones de euros, cifra totalmente insuficiente para paliar el déficit previsional y que, lógicamente, no combate el cáncer nacional representado por el despilfarro en las autonomías y en la administración pública.
Porque lo cierto es que, si una familia debe “ajustarse a un presupuesto”, esto es, gastar en función de sus ingresos, ¿Cómo es posible que las autonomías, el Estado nacional, y los ayuntamientos, gasten, año tras año, por encima de sus posibilidades?
La única solución será bajar el gasto público y eliminar el estado de las autonomías.
Y aunque esto no será posible de un día para el otro, lo cierto es que es el único camino posible a recorrer si queremos que España subsista demográfica, cultural y económicamente.
No necesitamos 17 ministerios de educación.
No necesitamos decenas de policías autonómicas.
No necesitamos 17 sanidades diferentes.
Este estado autonómico nos cuesta más de 110.000 millones de euros al año.
Relacionemos ese coste con el déficit anual de las pensiones y veremos que, sólo eliminando las “duplicidades” de administraciones, podríamos resolver el problema de las pensiones para siempre.
Pero ni Rajoy, ni el PSOE, ni los separatistas catalanes (auténtico cáncer político y económico nacional), ni los políticos del PNV o de Podemos reconocerán esa realidad. Todos ellos tienen mucho que perder.
No les importa el presente de los pensionistas que pasan necesidades, ni el presente o futuro de los futuros pensionistas. Sólo están preocupados por sus enroques políticos, por sus privilegios de casta y por el control de sus respectivos corrales de corrupción.
El problema de las pensiones tiene solución, pero requiere una revolución que emule la revolución de los balcones: el despertar de la conciencia adormecida de los ciudadanos que hagan escuchar su voz y digan, de una vez por todas, basta.
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